A los campesinos los dejaron solos en la pandemia del Covid-19. “¡Que la peste se los coma!”, dijo un campesino en el norte del país, frase que pareciera la sentencia de quienes formularon los decretos de la emergencia social y sanitaria.

A la incapacidad del Gobierno nacional se une la mezquindad y el egoísmo usurero de la clase política parásita que no solo mal gobierna el país, sino que también hace todo lo posible para que el gran empresariado del campo se lleve las ganancias, los créditos y los réditos del campo.

Si el pequeño campesino produce en Colombia cerca del 70% de los alimentos que consume en todo el territorio nacional, ¿Por qué las medidas solo favorecen a los que producen o importan el 30%? Esta alianza ha privilegiado la participación de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, por encima de los campesinos en las juntas directivas de Finagro, del Banco Agrario, de la Comisión de Crédito Agropecuario. Las medidas adoptadas por las instituciones han desplazado todo el peligro de la pandemia hacia los hombros de los campesinos.

Campesinado desprotegido

Los créditos y los subsidios se fueron para los grandes productores y comercializadores. Así mismo se ha implementado una reforma laboral que favorecerá a los empresarios, precariza al trabajador agrario y terceriza con mayor ahínco el trabajo rural.

Las medidas del Gobierno claramente desprecian y desconocen a los ciudadanos que tienen una fuerte ligazón con la tierra y los animales. Con ello ha condenado a su suerte al 31% de la población colombiana que se auto reconoce como campesina y que se niega ser encasillada como un “frío productor”.

Los decretos de emergencia sanitaria para el campo por el Covid-19 están diseñados con las normas de la SAC y de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, los mismos que administran cerca de 650 mil millones de pesos al año en cuentas parafiscales, y que no saciados, se les habilitó ser los contratistas privilegiados del Ministerio de Agricultura sin mediar ningún proceso de selección objetiva.

Injusticia rural

Con los decretos de la emergencia se configura, se consolida y se pretende legalizar la mayor situación de injusticia rural y agraria en los últimos años. Esta más que claro; estas medidas no son para los trabajadores del campo sino para el capital del campo.

Con ello los grandes palmeros, los productores de alimentos animales, y grandes agroindustriales han mostrado su agradecimiento con estas medidas. Estos grandes productores agropecuarios se benefician en doble vía; son los beneficiarios directos del arancel cero para la importación de maíz, sorgo y soya. Además, le aseguran el crédito con las mejores garantías. Este Gobierno gira los recursos del agro a quienes no los necesitan ni los merecen, cuando se trata de garantizar la existencia del pequeño campesino y el abastecimiento del alimento.

En estas condiciones no son aceptables las medidas que solo benefician a los poderosos; como tampoco es aceptable, ni legal ni éticamente, fortalecer a los grandes empresarios, a los de arriba que descansan en los hombros de los de abajo, restringiendo cada vez más las condiciones del campesino. Con estos decretos se vulneran masivamente los derechos campesinos, lo que advierte un alto impacto en el desarrollo rural y agroalimentario del país.