A finales de la década de los años 60, al barrio Manrique Oriental de Medellín, llegó desde la región de Urabá una matrona, de hecho, jefa de hogar de la familia Lozano L. Quería visitar a otra mujer con la que compartía varias cosas en común: ambas militaban en la Unión de Mujeres Demócratas, las dos militantes del Partido Comunista, ambas líderes feministas y guerreras en diferentes frentes de lucha por la defensa de los derechos humanos.

Después de una larga conversación llena de recuerdos, luchas compartidas, persecuciones y exilios, la mujer de Urabá le confesó a su amiga: “Yo mis hijos se los voy a entregar a la guerrilla. No quiero que en esta violencia mueran asesinados por un bandido. Si han de sacrificar su vida, que lo hagan por una causa justa”.
La conversación con los hijos se dio, y todos estuvieron de acuerdo. El mayor, sin embargo, que había terminado el bachillerato con notas sobresalientes, le dijo a la mamá. “Quiero ser médico. Tengo la posibilidad de una beca en la Unión Soviética. Primero me gradúo, y ahí sí le sirvo a la guerrilla, y lo hago mucho mejor”. El muchacho cumplió la promesa, y algún relato indica que años después, graduado con honores, llegó a Colombia, y de manera sigilosa se trasladó a una zona de operaciones de la guerrilla, cumpliendo el sueño de su madre.

Matanza delante de sus ojos

Años más tarde, en la misma región de Urabá, pero más al norte, cerca de Mutatá, una madrugada llegó hasta una finca campesina un grupo de paramilitares. Tenían la misión de sembrar el terror, para que empresas multinacionales exportadoras de banano se apropiaran de esas tierras. Sacaron a la familia de la casa, los amarraron, los machetearon y fusilaron, no sin antes violar a las mujeres. El único sobreviviente fue un muchacho de unos ocho años de edad.

Segado por la ira y el dolor, sin poder superar la tragedia, el muchacho, semanas más tarde, tomó la decisión de vincularse a la guerrilla del Cuarto Frente de las Farc. Quería vengar la sangre derramada de su familia.

Mucho tiempo después, en la frontera entre los departamentos del Meta y Caquetá, en una humilde casa campesina, situada sobre una loma, paso obligado de ocasionales caminantes, a la luz de unas velas, compartiendo un pedazo de carne de cerdo recién sacrificado, los miembros de la familia conversaban con un pariente cercano, recién llegado. Después de una charla larga. El visitante se dirige a una muchacha, de unos quince años de edad: ¿Y tu tía? –Ya sabes, ella está en la guerrilla, contestó la muchacha. A propósito, increpa el visitante, también tus hermanos se fueron pa’l monte, ¿Tú por qué no te has ido? –Porque quiero terminar primero el bachillerato. Pienso que, si me capacito más, sería una mejor combatiente”, respondió la muchacha.

Testimonios habría por montones

En dos de los tres relatos anteriores, el autor de esta nota periodística fue testigo presencial. En el de la incursión paramilitar, conoció el testimonio de vecinos de la región.

Podrían ser centenares los testimonios que se podrían recopilar de historias como éstas. Recientemente, otros medios de prensa preguntaron a la senadora Sandra Ramírez y a varios líderes del partido Farc, por el reclutamiento forzado de niños. Todos coincidieron en responder que el reclutamiento forzado no fue una política ni una constante del movimiento guerrillero. Admitieron que algún frente o algún comandarte pudieron haber incurrido en una infracción semejante, pero no fue política generalizada de la organización.

El reclutamiento de menores para la guerra o en conflictos nacionales diversos, ha sido una práctica inveterada. En Nuestramérica, el imperio inca tenía un destacamento de niños, entrenados desde los cinco años de edad, a los que llamó chasquis. Eran mensajeros que realizaban una labor estratégica de información y de suministros, que se convirtió en esencial para la sobrevivencia del imperio, antes y después de la Colonia.

El soldado niño de la Independencia

En tiempos de la invasión española, los chasquis lograron infiltrar las filas del ejército español y obtener valiosa información para la resistencia indígena. En épocas más recientes, la práctica se generalizó en otras comunidades indígenas, inclusive en tierras colombianas.

Uno de los aspectos poco explorados de la campaña libertadora de Simón Bolívar fue el reclutamiento de niños y jóvenes para enfrentar a las tropas españolas. Un caso emblemático fue el Pedro Pascasio Martínez, conocido como el soldado niño, que a los 12 años de edad se vinculó al Batallón Rifles de la campaña libertadora; participó en la batalla del Pantano de Vargas y más tarde en el triunfo de la batalla del Puente de Boyacá se hizo célebre porque allí, a esa edad, capturó al general español José María Barreiro. En ese momento, Bolívar lo ascendió a sargento.

Napoleón Bonaparte vinculó a niños y jóvenes a sus filas en una buena proporción. El Ejército Rojo de la Unión Soviética lo hizo también para enfrentar a las hordas fascistas. Y no fue un reclutamiento forzado. En la medida en que avanzaron las tropas alemanas, primero fueron al frente de combate las fuerzas regulares del ejército, después las reservas, más tarde los ancianos, después las mujeres y los niños, en una epopeya heroica.

Del medioevo al siglo XXI

En la Europa medieval se utilizaron niños como asistentes en la batalla (escuderos). La Cruzada de los Niños, en 1212, reclutó a miles de niños como soldados sin entrenamiento, bajo el supuesto de que el poder divino les permitiría vencer al enemigo. En épocas recientes, millones de jóvenes fueron soldados de la guerra, en la resistencia del pueblo vietnamita contra la invasión norteamericana, en la resistencia del pueblo palestino contra la anexión israelí; en la Guerra del Golfo; en las luchas emancipadoras de los pueblos de África, por citar algunos ejemplos.
En la discusión que sobre el tema se adelanta en Colombia, es bueno precisar algunos aspectos: uno, que los grandes medios de comunicación y la derecha, con el presidente a la cabeza, quieren hacer un juicio mediático condenatorio, adelantándose a los juicios de la JEP, para estigmatizar y criminalizar aún más la lucha guerrillera.

Criminalizar la insurgencia

Olvidan a propósito la realidad del campo colombiano, en la que un muchacho, a los 13 o 14 años, toma decisiones como hombre, y a esa edad consigue novia, se casa, va al trabajo como jornalero, o se alza en armas.

Ocultan deliberadamente que el acuerdo de La Habana habla de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto, incluyendo ejército, paramilitares y terceros, pero en los medios se le imputa el delito solo a los insurgentes, en el marco de una campaña por desarticular esos acuerdos de paz. Esconden, en fin, que solo en tiempos recientes, la legislación colombiana reglamentó la edad de vinculación de niños al servicio militar, valga decir, a la guerra; que el DIH dijo que la edad mínima para tales eventos es de 15 años y que la propia insurgencia, en la VII Conferencia guerrillera reglamentó el tema. Es por eso que no deja de tener un sesgo criminalizante, cuando la prensa nacional y el presidente, hablan de “delitos atroces” o de “lesa humanidad”, una práctica que recorre hasta los más recónditos momentos de la historia nacional y universal.