La golpiza que dos agentes de policía la propinaron al abogado Javier Ordóñez, precedida de una seguidilla de descargas eléctricas con una pistola Taser, en la misma fecha en que el país celebraba el Día Nacional de los Derechos Humanos, rebosó la copa de la indignación frente a los constantes abusos de la policía nacional, que de ninguna manera constituyen ‘hechos aislados’, ni la acción unilateral de ‘manzanas podridas’, que no responden a un mando superior; por el contrario, obedecen a una política institucional, como lo han denunciado estudiosos del tema.
Al mismo tiempo, se extendieron por todo el país y allende las fronteras, las exigencias de una reforma a las estructuras y el accionar de la policía que, de acuerdo al mandato constitucional, ha desdibujado la misión primigenia para la cual fue institucionalizada.

Columnistas de diversos medios de información, representantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos, parlamentarios de una pluralidad de vertientes de pensamiento, intelectuales, voces de la academia y sectores progresistas, coinciden en que una reforma profunda a la institución policial no puede ser aplazada una vez más. Ha sido esta, un viejo reclamo, al que el gobierno y las mayorías parlamentarias le han sacado el quite.

Reforma estructural

La voz más autorizada en este coro de exigencias ha sido la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Urge justicia, acción y reforma”, fue uno de los primeros mensajes de la mandataria local cuando comenzó a extenderse la protesta. La exigencia la llevó a la Casa de Nariño, en una conversación que sostuvo con el presidente de la república y otros dignatarios. La alcaldesa le pidió al presidente promover una reforma estructural de la Policía con el fin de que sea un organismo civil, que no tenga fuero militar y que responda ante la justicia ordinaria.

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, se pronunció también. Dijo que “la respuesta del gobierno de que ‘vamos a investigar’ es torpe, equivocada y facilista”. Señaló que “la Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica” y recordó que “en ningún otro país del mundo se les dispara con armas de fuego a los manifestantes, aún en las peores dictaduras”.

La Plataforma de Derechos Humanos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que en conjunto agrupan a una veintena de organizaciones sociales, emitieron el 12 de septiembre una declaración conjunta en la que rechazan la barbarie policial. Señalan que las cifras de muertos y heridos “indican que el gobierno nacional aleja cada vez más al país de una democracia y además evidencian que lo sucedido en esta noche fue una suspensión del estado de derecho y que la fuerza pública está obrando sin control alguno por parte de las autoridades civiles”.

Hechos aislados

En febrero, pasado, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ya había recomendado la trasformación de la policía nacional colombiana en un cuerpo policial civil, que respete los derechos humanos.

En la polémica que se ha abierto en el país por justificar esa reforma, y de los amigos del establecimiento por desvirtuar esta necesidad, lo primero que hay que decir es que los hechos en que torturaron a un abogado en un CAI de la capital y después provocaron la muerte de diez personas, en represalia a las protestas que se suscitaron, no se trata de hechos aislados, como dicen el presidente de la república y su ministro de Defensa, ni de manzanas podridas como señala el alto mando militar.
Según la alcaldesa de Bogotá, en datos documentados que a su vez remitió a la Casa de Nariño, sólo en 2020 se recibieron 137 denuncias por abusos de autoridad de la policía. La policía reportó haber abocado el conocimiento de 38 casos. “Si ni siquiera inician investigación, ¿cómo se va a prevenir y sancionar?”, ripostó la mandataria local.

Impunidad

En el informe titulado “Bolillo, Dios y Patria”, la ONG Temblores dijo que en el período 2017-2019 hubo 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 de violencia sexual en los que, según Medicina Legal, hubo al menos un miembro de la fuerza pública involucrado.

“Solo en el primer trimestre de este año se abrieron por abuso policial, ocho procesos al día. En el primer semestre la policía abrió 23.674 casos, 1.474 por abuso de autoridad. ¿Y los no denunciados? Por este número de casos, solo 10 policías han sido detenidos”, precisa por su parte el analista Pedro Santana Rodríguez. En ese contexto, el cuento de las manzanas podridas ya no lo cree nadie.

La idea de la reforma a la policía nacional, y por supuesto, a la institución militar en su conjunto, toma mayor fuerza en estos momentos en que aún no se secan las lágrimas de los familiares de las víctimas de la represión policial de la pasada semana.

Una doctrina nacionalista

¿Pero qué reforma? La respuesta del ministro de Defensa es, en principio, anunciar “exhaustivas investigaciones” y hacer una defensa de la institución armada. Vale decir, solidaridad de cuerpo. En artículos de prensa se ha insistido, en que se revisen los procedimientos sobre utilización de las denominadas “armas no letales” y de los mecanismos empleados por quienes las portan. Eso está bien, Pero la reforma tiene que ir mucho más allá.

Es de vital importancia separar a la policía nacional del Ministerio de Defensa y adscribir el cuerpo policial al ministerio del Interior, como fue el espíritu de los fundadores de la institución.

Pero también, erradicar la doctrina militar bajo la cual son entrenados oficiales y subalternos. A lo largo de décadas de conflicto armado, la policía fue adoctrinada en tácticas de contrainsurgencia. Basta mirar como son los patrullajes de la policía en Urabá, en el Caquetá, el Putumayo, verdaderas cacerías de personas por parte de patrullas armadas hasta los dientes, en pie de guerra.

La subordinación del accionar militar a la teoría del ‘enemigo interno’, a las orientaciones de la Escuela de las Américas, donde se han formado la mayoría de nuestros oficiales, a los pactos secretos con el Comando Sur de los Estados Unidos, con el Pentágono y con la OTAN, deben ser revisados y sustituidos por una doctrina militar y de policía verdaderamente patrióticas y nacionalistas, sin la perversa influencia norteamericana. Esa es la tarea que deben enfrentar los sectores democráticos en estas materias.

Publicado en VOZ