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Pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta rechazan megaproyecto Puerto Brisa
Camilo Rueda Navarro / Viernes 3 de julio de 2009
 

En las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en inmediaciones del corregimiento Mingeo, municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, se vienen adelantando las obras del proyecto Puerto Brisa, un puerto multipropósito que atenta contra sitios sagrados de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra: arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa, denuncian sus voceros.

Marcha indígena en Puerto Brisa. Foto: Margarita Granados - Cinep.

Las autoridades indígenas, junto con funcionarios de organizaciones acompañantes, plantean que para Puerto Brisa se dio licencia sin haber hecho la consulta previa, derecho consagrado en la ley. Los tres escenarios en que han sido convocados los indígenas fueron posteriores al inicio de las obras, y no representan consulta previa, agregan.

En 1998 le había sido negada la licencia ambiental a ése mismo proyecto, que llevaba otro nombre, pero que era en el mismo sitio y de las mismas características, y consistía en la construcción de un puerto carbonífero. Posteriormente, la licencia fue otorgada para “Puerto Brisa”, bajo la modalidad de puerto multipropósito, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la resolución 1298 del 30 de junio de 2006. Una vez dada la licencia, se hizo petición para que también fuera carbonífero.

Desde 1975 se reconoce en la Sierra la “Línea Negra”, un área considerada como parte del territorio ancestral y en la cual está determinada que para cualquier actividad que se realice allí se debe hacer consulta previa con los indígenas. Esto no se hizo para Puerto Brisa, por lo que en julio de 2008 el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), en representación de los cuatro pueblos de la Sierra, interpuso una acción de tutela que se encuentra a la espera del fallo de tercera instancia por parte de la Corte Constitucional.

ILSA y otras organizaciones sociales acompañantes denuncian que, como parte de las obras del puerto, se viene destruyendo el cerro sagrado Jukulwa, donde los mamos hacen ceremonias de pagamento, lo que ha causado la indignación de los cuatro pueblos de la Sierra.

El presidente de Puerto Brisa SA, Juan Emilio Posada, argumenta que el Gobierno Nacional determinó que el mecanismo de consulta previa no aplicaba por no haber presencia “regular y permanente” de comunidades indígenas, y que con respecto a sitios sagrados, la norma sólo exige garantizar su acceso, más no implica la consulta previa.

No obstante, José de los Santos Sauna, del pueblo kogui, afirma que “en Puerto Brisa se ignoró a los pueblos indígenas. Nosotros siempre estaremos en desacuerdo con el concepto que dio el Ministerio del Interior que decía que en ese sitio no vivían indígenas, porque eso no es así”.

Además, se ha recurrido a la represión de la fuerza pública para impedir el acceso de las comunidades al sitio. En abril se realizó la tercera marcha de protesta contra la construcción del puerto. Los indígenas fueron recibidos por agentes antimotines de la policía, que les lanzaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

Los policías impidieron la entrada al puerto, pese a que su licencia estipula expresamente que la empresa debe permitir la entrada de los indígenas para hacer sus pagamentos.

Los pueblos indígenas denuncian además el saqueo de bienes culturales, las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a la ley de origen. La militarización, como en otras zonas de la Sierra donde tienen lugar otros megaproyectos, como Ranchería y Besotes, sólo ha traído la agudización de la violencia, la contaminación del medio ambiente por parte de las tropas, y el desplazamiento de las comunidades.