Por órdenes expresas de los mandos de la estructura armada Comandos de la Frontera (CDF), la junta de dirección de la Zona de Reserva Campesina, los comités de mujeres, los comités ambientales y la organización Adispa deben renunciar.

Hoy, miércoles a las once de la mañana este mensaje fue compartido y confirmada su veracidad en la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá.

Agregó la persona que CDF se ha dirigido a juntas de acción comunal y una decena de comunidades de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica, manifestando también está decisión. En las reuniones, además de motivar al progreso, algunos de sus integrantes han dicho que cuentan con el respaldo de sectores de las Fuerzas Militares y políticos, así mismo realizan falsas acusaciones contra líderes, y han entregado panfletos amenazantes.

La fuente agregó en Bogotá que los CDF pretenden injerirse e imponer la elección o designación de personas, usando, incluso, mecanismos formales legales como una asamblea eleccionaria.

Durante las últimas seis semanas, unidades de CDF, vestidas de civil y con armas cortas, manifestaron en tres comunidades que estaban trabajando por el progreso y por eso ningún poblador ni organización puede obstaculizar el trabajo de la empresa petrolera.

Manifestaron que la organización Adispa debe desaparecer, y ninguna organización que quiera trabajar en el territorio lo podría hacer si desacata los lineamientos de CDF.

Los CDF han reclutado jóvenes y desarrollado una contrarreforma agraria comprando tierras de algunos campesinos de la ZRC presos de las condiciones de presión violenta, de las afugias económicas, obligados a desistir de exigir la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Desde finales de 2020, los CDF han expresado que usarán todos los medios posibles para acabar con la figura de la ZRC. Igualmente, señalan que procesos sociales que no estén subordinados a ellos deben acabarse y sus integrantes, si no aceptan las nuevas normas, deben irse.

Durante 2020 el CDF, una estructura calificada de tipo paramilitar, cometió por lo menos cincuenta asesinatos, entre ellos, los de los líderes sociales Marco Rivadeneira, Yordan Tobar y Édison León Pérez, entre otros. Así mismo desarrolla operaciones de control en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís y, en menor medida, en Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

Los CDF están ofreciendo pagos de dos millones de pesos a los jóvenes que ingresen a sus filas. Algunos de los recién reclutados están siendo incorporados y llevados hacia las zonas de Leguízamo y Guzmán en desarrollo de la disputa territorial con el Frente Carolina Ramírez de las FARC.

La presencia y movilidad de CDF se realiza con tolerancia y en medio de la fuerte presencia militar de la Brigada 27 de Selva y la Fuerza Naval del Sur, que realiza continuos patrullajes sobre el río Putumayo.

A pesar de los angustiosos llamados de las comunidades de Adispa y la ZRC desde hace más de un año al Gobierno y al Estado de Colombia para intervenir desde el enfoque de seguridad humana, nada se ha hecho.

El llamado a una intervención humanitaria del Estado a través de un cese de fuegos ha sido ignorado, posibilitando la consolidación del control social paramilitar.

El llamado humanista de ZRC y Adispa a los CDF ha sido desconocido sin ningún mínimo de comprensión humana.

En la ZRC se expresa el fracaso de un acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016. Fallidos procesos de reincorporación tanto el realizado y dispuesto en la ley 975 como el suscrito con las FARC, por la persistencia de una mentalidad en las Fuerzas Militares de estigmatización y de enemigos internos contra las organizaciones de base que afirman sus derechos, generando estrategias y prácticas de operación y complicidad con estrategias encubiertas de destrucción y protección de intereses de terceros.

Los CDF solo se explican al tener en cuenta estos factores estructurales que nunca fueron resueltos ni escuchados por el Estado colombiano.

Hoy en la ZRC solo va quedando la ley del silencio, el sometimiento y el destierro, y, a veces, la voz de integrantes de CDF que desahogan las verdades ante la imposibilidad de dormir porque en algunas de esas conciencias les duele la injusticia que están cometiendo y a la que ellos están sirviendo.

Sin una revisión a fondo del acuerdo de paz, suscrito con ex AUC y con ex FARC, sin un cambio estructural de las Fuerzas Militares y policiales, sin empresas responsables en respetar derechos humanos y ambientales, y una política de inclusión, de respeto y protección de los derechos territoriales, el Estado de Derecho allá en Putumayo seguirá siendo una quimera y la paz una palabra constitucional, hoy envuelta en regalito de legalidad, en realidad de putrefacta legalidad.

Se requiere una intervención del más alto nivel para proteger la vida, integridad y derechos territoriales y ambientales de los integrantes de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2020

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz