El día lunes 15 de febrero de 2021 empezó a rotar en zona urbana de la ciudad Cali, sector de Alto Nápoles, un documento físico en panfleto del grupo paramilitar las águilas negras en donde declaran como objetivo militar al dirigente Rafael Ulcue Perdomo, y a otros dirigentes del movimiento indígena del Valle del Cauca.

Rafael Ulcue Perdomo es mayor indígena, asesor de las comunidades indígenas del Valle de Cauca, uno de los fundadores de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y lidera procesos en defensa del territorio, en contra de los megaproyectos y de acompañamiento a comunidades indígenas desplazadas.

Desde el 13 de agosto de 2010 es beneficiario de medida cautelar MC 97-10 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar que ha sido manifiestamente incumplida por las entidades del Estado, junto con la sentencia del Consejo de Estado del 24 de septiembre de 2010, y las sentencias de la Corte Constitucional T-525 de 2014 y T-666 de 2017, que instan y obligan a entidades como la Unidad de Víctimas y la Unidad Nacional de Protección a adoptar medidas de protección por la labor de liderazgo ejercida por el mayor indígena Rafael Ulcue Perdomo.

Para el Estado de Colombia no han sido suficientes las órdenes emitidas de la Comisión Interamericana, ni las órdenes de protección emitidas por las altas cortes colombianas y mantienen al mayor indígena en total indefensión.

A la fecha no cuenta con ninguna medida de protección que le permita continuar su labor como dirigente popular, en un hecho sin precedentes durante el año 2018 se le otorgó un eximio esquema de seguridad sin blindaje solo por un lapso de tiempo de dos meses y el mismo fue levantado por la Unidad Nacional de Protección sin que a la fecha se conozcan las razones.

Han sido muchos los atentados sufridos por el mayor Rafael Ulcue que han puesto en riesgo su vida y su integridad personal y la de su familia sin que a la fecha pueda contar con medidas eficaz de protección para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Exigimos al Estado de Colombia adoptar de manera urgente medidas de protección a favor del dirigente indígena Rafael Ulcue Perdomo y su familia, y responsabilizamos al Estado por acción y omisión de lo que pueda llegar a ocurrirle a él y a los demás dirigentes indígenas amenazados.

Exigimos al Estado de Colombia garantías para la defensa de la vida, el territorio y la pervivencia de los Pueblos indígenas del Valle del Cauca.

Las águilas negras están integradas por agentes de la fuerza pública, que persigue y asesina a líderes sociales en el país, con el beneplácito de la fiscalía general de la nación que a la fecha no ha investigado ninguna de las sistemáticas amenazas que a diario profieren en contra de quienes defienden la vida en este país.

Instamos a Francisco Barbosa que apertura investigación penal seria con estándares de la debida diligencia que permita desmantelar la estructura paraestatal que persigue y asesina a los líderes sociales en este país.

Exigimos que se convoque con urgencia reunión de concertación de medida cautelar de la Comisión Interamericana con la Cancillería a cargo de la canciller Claudia Blum y el funcionario Álvaro Frías Galván.

Exigimos a la defensoría del pueblo convocar con carácter de urgencia reunión de concertación del comité interinstitucional creado por la sentencia del Consejo de Estado a cargo del defensor del Pueblo nacional Carlos Camargo Assis y el defensor del Pueblo regional Cauca Rossi Jair Muñoz Solarte.

Instamos al Estado de Colombia que cese el genocidio contra líderes sociales.

Compartimos el comunicado de las comunidades indígenas afectadas:

Las comunidades indígenas del resguardo kwet wala del municipio de pradera valle, nos pronunciamos una vez más, ante la situación de amenazas, emitidas por las denominadas águilas negras, como también manifestamos nuestras preocupaciones por los panfletos amenazantes que han llegado vía redes sociales a nuestras comunidades en las últimas horas.

Hechos como las amenazas a nuestros voceros indígenas, que vienen llegando con más intensidad, desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, por las denominadas águilas negras, recientemente y en el año 2020, por las disidencias de las FARC columna Dagoberto Ramos.

Esta situación como lo manifestamos en anteriores pronunciamientos, sigue causando una gran confusión entre la población civil, puesto que con la firma del acuerdo de paz se esperaba que esta situación de violencia se terminaría para los que padecimos la guerra por más de 50 años.

Hoy nuestra preocupación sigue en ascenso, por los acontecimientos en los últimos años, las cifras de asesinatos de los líderes sociales como campesinos, indígenas, afros y otros sectores sociales lo mismo que los firmantes de la paz, y otros acontecimientos que nos colocan en un alto grado de vulnerabilidad frente a estas amenazas.

Puesto que las amenazas llegan de las águilas negras, de la guerrilla, de las autodefensas gaitanistas en fin es una gran confusión. Además el último panfleto fechado del 10 de febrero, donde se refiere a que somos un obstáculo para el desarrollo del país.

 Por todos estos acontecimientos manifestamos nuestras grandes preocupaciones y exigimos al Estado colombiano que garantice la vida, la integridad de nuestras comunidades para que verdaderamente haya paz en nuestros territorios.

 Exigimos una mayor voluntad de cumplimiento al Estado colombiano para que de una vez cumpla con los acuerdos de paz con acciones sociales que garanticen el buen vivir de nuestras comunidades como de todos los colombianos y de esta manera detenga el derramamiento de sangre que padece Colombia en este pos conflicto.

 Solicitamos a la comunidad internacional que conozcan más de cerca esta realidad que vivimos los Pueblos indígenas y las faltas de garantías para seguir viviendo.

 A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que velen por el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales.

Resguardo Indígena Kwet Wala Pradera Valle, febrero de 2021.