Al comenzar cada año, continúa la deforestación según los indicadores de alertas del IDEAM. En los tres primeros meses de 2020, por ejemplo, el país perdió 64.000 hectáreas de bosque según dicha entidad. Los alcaldes y gobernadores se manifiestan incapaces de detener la actividad de las motosierras.

Periódicamente, durante los meses de enero y febrero,varias organizaciones dedicadas a temas ambientales, así como medios de prensa y entidades territoriales despliegan mensajes contra la acelerada deforestación que se registra principalmente entre Caquetá, Meta y Guaviare. Este año, artistas y personajes influyentes, participan de una campaña de medios dirigida a quienes están talando la Amazonia, llamando la atención para pedir que cese la destrucción de bosques.

En contravía de lo ordenado en la sentencia 4360 de 2018 que concedió derechos a la Amazonia, parece que las campañas informativas no bastan, puesto que una estrategia de apropiación de baldíos a gran escala, posterior acaparamiento de tierras, introducción de pastizales para un modelo de ganaderización extensiva sigue su curso en la región, aumentando el llamado “arco de deforestación” y corriendo la frontera agrícola cada vez más al sur del país, también en contrario del cierre de la frontera prevista en el Acuerdo de paz de 2016.

Teniendo en cuenta una serie de recorridos y de interesantes reuniones veredales, que adelantó Viso Mutop, en 2020, así como jornadas con entidades locales, es oportuno retomar una serie de observaciones y planteamientos:

1. La deforestación de la selva amazónica se incrementó justo a finales de 2016, es decir, casi aparejada con la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón.

2. Las comunidades campesinas evidenciaban ya la llegada de personas provenientes de otras partes del país que se adentraban hasta los frentes de colonización y pagaban para que les “tumbaran” monte. Esa es una especie de colonización ausentista por encargo, con financiación capitalista.

3. Los frentes de colonización campesina que habían ampliado la frontera agrícola en forma lenta durante la última década, ahora se dinamizaban en zonas que coincidían con baldíos dentro de la reserva forestal.

4. La que fuera proyecto piloto de la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) del país (declarada en 1997) quedó parcialmente desvirtuada, porque muchos de los predios de varias veredas pasaron a manos de terratenientes que, por medio de la compra de esos terrenos, concentraron la propiedad rural para fines de ganadería extensiva, dentro de esa ZRC.

5. Los colonos campesinos cocaleros se asentaban muy adentro de la selva, pero su deforestación era menor a la causada por la nueva ola de jornaleros aserradores.

6. La mayor parte de la tierra arrebatada a la selva se praderizó y se praderiza, aunque no siempre se cuente con el hato bovino para expandir la ganadería, porque de lo que se trata es de una operación de acaparamiento de tierras, con propósitos especulativos.

7. La construcción de la carretera Macarena- San José del Guaviare en la margen sur del río Guayabero finalmente cedió a la presión terrateniente, y con ello aparecieron potreros a gran escala a lado y lado de la vía, a pesar de que a esto las FARC se opusieron durante varios años.

8. A la par con lo anterior, la carretera Calamar-Miraflores también se consolidó con el apoyo de funcionarios y políticos locales.

9. Las vías terciarias que antes existían para conectar a las veredas con corregimientos y cascos urbanos, ahora pueden conectarse entre ellas a través de una especie de anillos viales, que amplían la frontera agrícola cada vez más adentro, a costa de la selva.

10. Ante la falta de estrategias del Estado para ocupar los vacíos dejados por las FARC (que dejaron las armas) y ante la incapacidad para ejercer autoridad ambiental, desde ese entonces se avizoró una débil e inadecuada implementación del acuerdo de paz como un riesgo que está presente y que tiende a incrementarse.

11. Con el apoyo de instituciones del sector ambiental, algunas organizaciones campesinas están comprometidas con iniciativas de conservación de bosques, aprovechamiento de productos no maderables del bosque e implementan propuestas participativas para detener la deforestación. Sin embargo, estas iniciativas son todavía pequeñas, no tienen certeza de apoyo en el largo plazo y en algunos casos, como en el sur de Guaviare, pueden empezar a ser hostigadas por actores armados.

Ante estas situaciones, destacando la voz de las mismas comunidades campesinas se encontraron varias dificultades de la política pública en esos territorios:

a. Desarticulación y descoordinación inter e intra institucional de las entidades del Estado.

b. Afloraron dos estrategias contradictorias que, como sucede en el presente, afectaban y afectan la construcción de confianza: una de “sustitución de cultivos”, y otra de erradicación forzada.

c. La presencia de una política implícita de tierras, carente de contenido social, de equidistribución de este recurso productivo y de enfoque ambiental.

d. Carencias de condiciones adecuadas para hacer productiva el área deforestada.

e. Unas instituciones territoriales cooptadas por prácticas mafiosas que ponen el poder regional al servicio de intereses económicos, y promueven un modelo de ocupación y uso de suelos que causa nuevos conflictos socio ambientales.

f. Dado que la autoridad ambiental del Estado no cuenta con las condiciones para administrar el territorio, se generaron las condiciones para que nuevos actores ocupen su lugar en función de sus propios intereses.

g. Algunas actividades agroindustriales como la producción de palma de aceite y la expansión de la ganadería extensiva con grandes capitales, son los mayores estímulos para la ampliación de la frontera agrícola.

h. Las comunidades indígenas son las principales afectadas y amenazadas por la nueva dinámica de ocupación depredadora.

i. La coca deforesta menos que otras actividades, pero todos los actores reconocen que con este cultivo, los cocaleros le abren camino a los compradores y acaparadores de tierras que se fijan la meta de ampliar la frontera hasta donde van las puntas de colonización.

j. La sociedad de estos territorios hasta ahora empieza a hablar y a discutir sobre la importancia de sus recursos naturales y especialmente de los bosques como oportunidad económicamente sostenible, lo cual es destacable y debiera apoyarse mucho más.

En diálogos sostenidos con Viso Mutop, liderazgos comunitarios identificaron en San José del Guaviare, algunas propuestas que, corresponden a las obligaciones del Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales, frente al acelerado proceso de deforestación:

• Controlar sí, pero garantizar un equilibrio con los derechos de los campesinos pobres y sin tierra que ocuparon baldíos.

• Los campesinos han buscado que la cooperación y las entidades nacionales les apoyen para poner a producir de mejor forma lo tumbado liberando áreas de sus predios para la conservación. Ellos demandan generación de ingresos y reclaman que esto no se pierda de vista.

• Las autoridades tienen el deber de controlar los capitales que llegan a la región para tumbar bosque y construir potreros con el propósito de lavar dinero, conectados con el poder político y usando información privilegiada sobre polígonos de tierra que pueden ser sustraídos de la reserva forestal.

• Guaviare y sur del Meta debieron ser desde el principio pilotos de la implementación del catastro multipropósito. Allí ha debido desarrollarse una estrategia participativa de cierre de la frontera agrícola como quedó contemplado en el Acuerdo de Paz.

• Es preciso desarrollar una economía propia desde las potencialidades ambientales, especialmente de los bosques a partir de las experiencias exitosas de organizaciones campesinas locales. En este contexto se ha hablado de agroforestería comunitaria, servicios ambientales, sistemas productivos compatibles con la Amazonia y ecoturismo, entre otros.

• En sintonía con lo anterior, el Modelo de Ordenamiento Territorial para la Región de la Amazonia Colombiana (MOTRA) del Ministerio de Ambiente, ha propuesto una serie de acciones que privilegian el uso adecuado de la tierra y la prestación de los servicios ecosistémicos de esta región del país.

• Aprovechar la información sobre biodiversidad que acopió, procesó y analizó Colombia en asocio con Holanda en los años 80, la que está en cabeza del Instituto SINCHI para que los planes de desarrollo territorial y los POT incorporen dicho conocimiento.

• Los pactos de sustitución de cultivos deberían contemplar compromisos de reducción de deforestación con las familias que los suscriban y contar con el adecuado apoyo de la institucionalidad ambiental.

• Incluir el potencial de los pueblos indígenas como los mayores guardianes de los bosques para hacer intercambios de lecciones aprehendidas.

• Aprovechar que la mayoría de la población es joven y con ellos desarrollar líneas fuertes de concienciación sobre la importancia de los bosques nativos y los ecosistemas de que se nutren los asentamientos humanos de la región.

• Fortalecer las iniciativas campesinas, indígenas, juveniles y de mujeres que ya vienen adelantándose con el propósito de ampliarlas a mas usuarios, en materia de turismo de naturaleza, núcleos de desarrollo forestal, acuerdos de conservación, aprovechamiento de productos no maderables del bosque, reconversión del sistema productivo de ganadería, entre otras que contribuyen a la conservación de bosques.

Las llamas que conllevan los incendios provocados deben ceder ante un conjunto de sinergias que levanten distintos actores en terreno. Las campañas nacionales en redes sociales ayudan, pero es mucho más lo que debe hacerse con las comunidades que están en las puntas de la colonización, muchas de ellas dispuestas a contribuir a una estrategia de reducción de la deforestación.