Con un comunicado de prensa anexo a un trino que decía: “Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino”, el pasado 18 de febrero, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le comunicó al país que aceptaban las imputaciones hechas por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Para conocer más sobre esta determinación de los firmantes del Acuerdo de Paz, habló con Camilo Fagua, uno de sus abogados.

¿Qué puede decir sobre el reconocimiento por parte de las FARC a las imputaciones de la JEP?

Desde septiembre de 2018, en la versión colectiva del secretariado firmante del Acuerdo, se entregó un documento de más de 130 páginas en el que las FARC ya habían aceptado responsabilidades en la política de retenciones, con base en tres supuestos: retenciones para un intercambio, las retenciones de orden político y las de orden económico.

Pero, en los secuestros para intercambio humanitario también había civiles y el Derecho Internacional Humanitario, DIH, solo contempla a militares.

Sí, y así lo reconocen.

Sobre la privación de la libertad de militares para intercambio, ¿lo aceptan como un delito de guerra?

No, si son militares no. Y esa es la pelea que tenemos. Ahora, vamos a ver qué se enmarca y qué no se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario, esa es la labor nuestra cuando hayan pasado 40 días que se cuentan desde el pasado 28 de enero –día de la imputación–, cuando presentaremos un documento que tendrá una parte en la que se reconocerá lo que fue la política de retenciones, otra parte con respuestas a las demandas de verdad de las víctimas y un tercer aspecto con observaciones que hacemos en relación con las imputaciones en el encuadre jurídico.

Sanciones propias

Aunque será el Tribunal Especial de Paz de la JEP el que, teniendo en cuenta a las víctimas, impondrá sanciones propias, ¿ustedes han discutido sobre qué sanciones se impondrán?

Pues la JEP no se ha pronunciado, pero es importante anotar que el conjunto de personas anunciadas en el Caso 01 vienen haciendo diferentes actividades en pro de trabajos, obras o acciones de carácter reparador. Vienen trabajando con las comunidades, en la construcción de vías, de polideportivos, es decir, una serie de actividades de tipo socioeconómico que vienen adelantando varios de los firmantes llamados en el macro caso.

¿Y la JEP tendrá en cuenta eso a la hora de sancionar?

Los famosos TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador) deben ser tenidos en cuenta en su momento mediante certificación de la JEP, porque es el compromiso que la organización le imprimió al Acuerdo final.

¿Es decir que desde FARC se busca que esos trabajos que ya se están adelantando con comunidades sean tenidos en cuenta en el momento de las sanciones propias?

Claro. Ante una posible sanción sí, porque muchos de esos trabajos están relacionados con las comunidades y con las víctimas. Actos de reconocimiento, proyectos productivos y obras de infraestructura como polideportivos.

Participación política

¿Lo que sigue ahora desde la Sala de Reconocimiento es investigar e imputar a jefes de bloques y frentes?

Hay que tener en cuenta que el centro de todo esto son las víctimas. Hay unas demandas de verdad que esperan sean solucionadas en unas audiencias o en unos encuentros territoriales entre comparecientes y víctimas. Esperamos una propuesta de trabajo de la JEP en relación con ello.

Los enemigos de la JEP y del proceso de paz buscan que los dirigentes de las FARC no participen en política y proponen que dentro de las sanciones propias eso se incluya, ¿podría pasar?

No, porque sería en contravía del Acuerdo mismo que en su numeral tres despliega todo lo relacionado con la participación política y en esa medida brinda una serie de garantías en razón a que el movimiento que surja de la firma del Acuerdo tiene plena autonomía para definir sus postulados a ocupar las 10 curules que les fueron otorgadas.

Y el hecho de que personas que aún no han sido sancionadas se les impida la participación, no solo es violatorio del Acuerdo por impedir las garantías de carácter político, sino además sería violatorio del debido proceso y de la presunción de inocencia, porque hasta el momento hay una imputación que será contrastada en relación con los grados de responsabilidad atribuibles a los ex miembros del secretariado. Las sanciones propias no serían contradictorias con las funciones que pudieran cumplir en el parlamento.

Entonces, ¿se puede decir que las FARC le están dando la cara al país, a la JEP?

Claro. Y no solo eso, las FARC son el 77% de los comparecientes que de manera voluntaria se han acogido a la Jurisdicción. Hay más de nueve mil actas suscritas por los firmantes del Acuerdo.

Colombia, en la mira

En ese mismo sentido, ¿creen que actores del Estado deben comparecer y asumir responsabilidades?

Sí, y eso se está demostrando con el Caso 03 en el que se ha pronunciado con respecto a lo que se conoció como falsos positivos y de ahí se desprenden una serie de cadenas de responsabilidad. No solamente son responsables quienes cometieron el hecho materialmente, sino quienes estaban detrás del desarrollo de esa política y eso pasa por integrantes de la fuerza pública y agentes del Estado no militares.

Cambiando de tema, ¿qué se discute en FARC acerca de la no implementación del Acuerdo de Paz y el asesinato sistemático de los firmantes?

Los asesinatos son responsabilidad del Estado que por acción u omisión no está generando las garantías suficientes para las personas en proceso de reincorporación. Y eso tiene que ver con las medidas efectivas en materia de seguridad, pero sobre todo medidas efectivas en relación con el desarrollo de los proyectos productivos en las diferentes regiones donde están asentados.

Lo segundo, es que la dirección de FARC y el equipo jurídico hemos venido denunciando una serie de acciones: una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos puesto en conocimiento la falta de garantías de seguridad y protección, y adicional a ello, estamos reportando cualquier hecho violatorio a los derechos humanos.

Además, la JEP, a propósito de un documento que le radicamos, el año pasado dio un incidente de medidas cautelares que dieron fruto en la medida en que ordenó al Gobierno nacional que implementara en su integralidad un plan de protección nacional, pero viene siendo obstaculizado en la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Ante esa negativa, organismos internacionales miran hacia Colombia. El reciente informe de Human Rights Watch da cuenta de ello.

Publicado en Semanario VOZ