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El Fiscal General de Colombia ordena investigación penal de fiscal por corrupción
La fiscalía reconoce que hay hostigamiento en caso emblemático de activista de Derechos Humanos acusado sin fundamento
Human Rights First / Martes 14 de julio de 2009
 

El Fiscal General de Colombia ha ordenado una investigación penal en contra del fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez Mendoza, por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación sin fundamento del reconocido activista Carmelo Agamez. Aunque Agamez sigue injustamente detenido, Human Rights First espera que la decisión del Fiscal General a reasignar el caso a un fiscal en Bogota señale su liberación inminente.

“Felicitamos al Fiscal General por cada vez más reconocer el carácter sistemático de acusaciones sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos Colombianos,” dijo Andrew Hudson, Asociado Senior de Human Rights First. “Instamos que Agamez y muchos otros defensores sean puestos en libertad inmediatamente y que las acusaciones sin fundamento sean cerradas.”

Al reasignar el fiscal en una resolución formal, el Fiscal General citó repetidamente las preocupaciones de Human Rights First sobre la falta de imparcialidad en la investigación en contra de Agamez. Human Rights First previamente había instado al Fiscal General a nombrar un nuevo fiscal objetivo al caso y a poner Agamez en libertad. La persecución en contra de Agamez fue incluido en un informe reciente de Human Rights First, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y Señalados en Colombia, que documenta por primera vez el uso extenso de procesos penales maliciosos y detenciones arbitrarias para silenciar a los activistas de derechos humanos.

Carmelo Agamez fue acusado de conspiración por haber cometido crímenes con las fuerzas paramilitares y ha sido detenido en Sucre desde noviembre del 2008. Agamez es el secretario técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y ha expuesto las conexiones entre funcionarios locales y fuerzas paramilitares y ha instado la acusación en contra de líderes paramilitares en la región. Un tribunal decidió recientemente que el fiscal no había cumplido con el debido proceso y había violado los derechos de Agamez a una defensa por no haberle informado de las acusaciones en su contra.