Actualmente se encuentra frenada la participación de cerca de seis millones de víctimas en los municipios priorizados en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Pasados cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana y del bloqueo en el Congreso de la Republica de esta iniciativa, tras el hundimiento en noviembre del 2017 del acto legislativo que pretendía darle vía jurídica a la figura de participación enmarcada en el punto 2 de participación política del acuerdo de paz, existen en este momento dos procesos que buscan revivir la participación de las víctimas en el Congreso de la Republica.

El primero se encuentra en el Concejo de Estado a través de una acción de nulidad liderada por el exministro del Interior del expresidente Santos, Guillermo Gaviria. Esta es una acción que cumple cuatro años en la que el alto tribunal no ha dado las garantías procesales y no ha resuelto de fondo el tema según Juan Carlos Quintero Sierra, víctima del conflicto y habitante en un territorio priorizado para ser circunscripción especial de paz.

La otra acción que existe es una tutela interpuesta por el senador Roy Barreras contra la Mesa Directiva del Senado, alegando que si hubo las mayorías en el Congreso de la República para aprobar el acto legislativo que se hundió de manera irregular el 30 de noviembre de 2017 según el propio Roy Barreras.

Es este segundo proceso que tras ser aprobado por la Corte Constitucional a finales de 2019 el que, a juicio de diferentes sectores, empieza a encontrar barreras para tener suficientes garantías en aras también de las elecciones que se avecinan para el 2022.

Para indagar sobre el tema, VOZ entrevistó a Juan Carlos Quintero Sierra, dirigente campesino del Catatumbo y coadyuvante de la tutela presentada por el senador Roy barreras en favor de que las circunscripciones especiales de paz sean aprobadas.

¿Ha habido algún avance en la búsqueda de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz tras la tutela presentada ante la Corte Constitucional?

 Como está el tema procesal, en este momento hay 18 personas en contra dentro del proceso, muchos de ellos reconocidos uribistas que se oponen a que la iniciativa siga adelante. ¿Qué ocurrió?, bueno, esa acción de tutela que se perdió en primera y segunda instancia fue seleccionada el 9 de diciembre del 2019 por la Corte Constitucional, eso es un logro porque permite que haya jurisprudencia en relación con el tema. El año pasado por la suspensión de términos que tuvo las instancias judiciales en Colombia, también por un tema que en mi criterio demora, se cumplieron 15 meses de haberse seleccionado la acción de tutela, pero la Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo.

¿Qué posibilidades surgen de que estas circunscripciones para las víctimas se pongan en riesgo en el próximo debate electoral del 2022?

 Precisamente en el reporte de la página de la Corte Constitucional a finales del mes de noviembre del año pasado se nos decía a través de un auto que, después de solicitar pruebas del expediente del Consejo de Estado a la mesa directiva del Senado de la Republica, estaría definiendo de fondo sobre este problema jurídico para el mes de marzo del 2021, es decir, para las fechas actuales en que nos encontramos, pero el pasado 1 de marzo la Corte Constitucional emite un nuevo auto dándole diez días más a la mesa del Senado que al parecer se está negando en entregar el expediente al alto tribunal para el objeto de estudio. Ya pasó el tiempo establecido, lo cual se infiere que se empezarían a contar tres meses hábiles para la toma de decisiones.

¿Quiere decir que desde el Congreso se está retrasando el proceso?

 Estaríamos hablando de que la Corte estaría definiendo de fondo para junio del 2021, ¿Cuál es la alerta? La cuestión es que el alto tribunal no postergue más la decisión porque la idea es que precisamente la iniciativa llegue a salir favorable, se garantice la participación política de las organizaciones sociales y de víctimas para las elecciones del Congreso proyectadas para el próximo mes de marzo del 2022.

Tras casi cinco años de la firma de los acuerdos de paz y las barreras que se han presentado con las circunscripciones a las víctimas ¿Qué vigencia tiene esta figura para la implementación de dichos acuerdos?

 La participación de las víctimas permite la inclusión política de los sectores históricamente marginados en el país. Además, permite que las voces genuinas de los territorios lleguen al Congreso de la República para impulsar las iniciativas y los proyectos programáticos que se han construido durante años en los territorios.

Además, proporciona muchas voces que visibilizan las situaciones de abandono y de vulneración de derechos humanos que hemos vivido desde siempre. Pero además es un ejercicio percibido desde el punto de vista de la reparación colectiva a las 16 regiones, es decir a los 167 municipios más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Es decir, este tipo de iniciativas siguen vigentes, pues son un aliciente a la implementación de los acuerdos de paz además de oxigenar la política colombiana.

¿Qué paso sigue para la defensa de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz?

 El paso que sigue es generar un gran movimiento comunicacional de masas de presión política que permita desembocar en una decisión jurídica a la Corte Constitucional en el mes de junio, para que exista las garantías procesales y se le dé por fin vía jurídica al Acto Legislativo que permitiría, primero, cumplir con el acuerdo de paz y segundo permitir la participación de las víctimas del conflicto como de las organizaciones sociales en los territorios.

Publicado en Semanario VOZ