En poco más de tres años de iniciar labores, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comienza a mostrar a los colombianos y al mundo la degradación a la que se llegó en este país como fruto de la violencia, la sevicia, el odio, la ambición, el poder, la injusticia. Es un descenso a los infiernos de las pasiones más viles que llevaron a millones de colombianos a la muerte, la tortura, al sufrimiento, la zozobra, el desarraigo, el ultraje, la violación, la perdida de libertad, en fin, al desconocimiento de la dignidad humana.

En palabras del actual presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes: “La JEP fue creada para investigar los peores crímenes del conflicto armado de Colombia y juzgar y sancionar a sus máximos responsables” [1]. “La JEP es un dispositivo contra la impunidad y por la verdad… (aspira) a que en torno a la misma se genere un consenso profundo por la justicia y la reconciliación” [2]. La JEP ha abierto hasta ahora siete macrocasos, a saber: 1) Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad; 2) Situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); 3) Ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”); 4) Situación territorial de la región de Urabá; 5) Situación territorial en norte del Cauca y el sur del Valle; 6) Victimización de miembros de la Unión Patriótica; 7) Reclutamiento forzado de menores de edad.

Desde la creación de la JEP, el partido que hoy ocupa el gobierno, el propio ejecutivo, liderado por el jefe máximo de ese partido y sin duda el “hermano mayor” o el “gran hermano” del presidente, el Sr. Uribe Vélez, como también otros sectores poderosos, se opusieron y continúan oponiéndose a este nuevo organismo del Estado. La oposición a la JEP radica en el gran temor por lo que pueda desentrañar y juzgar. Al poco tiempo de su inauguración se clamaba por resultados, se hablaba de su lentitud. Ahora que comienzan a presentarse los casos, señalan que se va muy rápido. Las víctimas entre tanto esperan justicia, pues hasta ahora los resultados de la Justicia habían sido muy pobres y a cuentagotas.

Hasta finales de enero, la jurisdicción había sometido a 12 726 personas y había dictado 37 832 decisiones judiciales. Entre tanto más de 308 000 víctimas habían sido acreditadas ante la JEP. Este organismo comienza a mostrar su vigor y compromiso en favor de las víctimas y la justicia.

Caso 01: “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”

El jueves 28 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP hizo pública su decisión de atribuir responsabilidades a los entonces integrantes del secretariado de las extintas FARC por el secuestro masivo de 21 396 personas, sin embargo, advirtió que éste es un subregistro. Son 322 páginas donde se relata el terror y el horror de este procedimiento, donde las víctimas fueron convertidas en monedas de cambio, mientras se les ultrajaba y vejaba de forma pavorosa.

La decisión fue tomada después de un largo y riguroso análisis surgido del contraste de distintas fuentes: testimonios de las víctimas, versiones de desmovilizados, informes de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones de la sociedad civil.

El caso había sido abierto el 4 de julio de 2018 bajo el nombre de “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, que cambio a “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, mostrando que fueron delitos atroces, crímenes de guerra y de lesa humanidad, agravados por homicidios, tortura, desaparición y violencia sexual, que bien podría juzgar la Corte Penal Internacional en caso de no ser investigados a nivel nacional. De los 21 396 secuestros que el tribunal documenta, promovido como política establecida desde el Secretariado de esta guerrilla, 1860 serían víctimas de desaparición forzada estando en cautiverio, y 627 asesinados por sus captores.

La JEP señala que las FARC desde su más alta instancia estableció una política que “consistía en la privación de la libertad indiscriminada en búsqueda de dinero para financiar la organización armada, y el asesinato y la desaparición forzada como la consecuencia posible por la falta de pago”. A esto se sumó, se lee en el documento, “(a partir de 1997) mantener cautivos a militares y policías para forzar un intercambio por guerrilleros presos”.

La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que el crecimiento del grupo armado se debió, en parte, a la aplicación de su política financiera, creada en 2000 y derogada en 2012. Algunos de los desmovilizados han dicho que en esa guerrilla “primaba el dinero que representaba la necesidad de sostenerse y la posibilidad de aportar cuotas al Secretariado, sin importar los medios usados para alcanzar el fin”. Según informes de la Fiscalía, se pudo estimar que el secuestro fue la segunda fuente de financiación de la guerrilla de las FARC, calculando el monto en 5,7 billones de pesos. Por narcotráfico la cifra habría sido de $10,5 billones.

Raúl Medina Agudelo, un exjefe de frente, señaló: “El Secretariado jamás decía secuestre diez personas, sino me decía: hay que cumplir con la meta fijada”. Negarse a pagar el rescate conducía a un solo resultado: la muerte. “Otra modalidad especialmente grave identificada por la Sala para el Bloque Oriental fue el cobro por el cadáver”. Algunas de las víctimas narraron hechos relacionados con el cobro del pago para el recuperar cadáver de su familiar secuestrado o muerto en cautiverio. Por ejemplo, a la familia de Rafael Moreno le pidieron en 1995 la suma de diez mil millones de pesos por el cuerpo [3].

Según el documento de la JEP, varios frentes acostumbraban a “negociar” a personas secuestradas por delincuentes comunes, y la “tarifa” era de entre un 10 % y un 15 % del rescate obtenido.

Secuestraron bebes para cobrar por su libertad, se cobraron rescates “a cuotas”, se exigieron pagos “en especie” o con el cambio por otro familiar como garantía de pago, se secuestraron personas que se negaban a pagar extorsiones, bajo engaño secuestraron personas que iban a vender bienes, fueron secuestradas personas de manera fortuita a través de retenes en las vías, en lo que se dio en llamar “pescas milagrosas”, en las que incluso se secuestraban menores de edad, como fue el caso de la niña Luisa Cano Madrid, de 5 años, cuando iba con su madre hacia Urrao (Antioquia), el 15 de abril del 2000. Las bajaron y las plagiaron, le pidieron dinero a su familia y cuando ésta accedió, solo liberaron a la madre el 10 de junio, porque el pago realizado le pareció poco al frente 34 de las FARC. Tan solo el 22 de junio, finalmente, la niña fue liberada. Este hecho fue reconocido por los comparecientes [4].

Esta política, dice el documento, “convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor del intercambio por dinero que tenían y que podían reportar a la organización”.

Ante la aseveración de varios excomandantes que aseguraron que, por estatutos, se prohibían “los malos tratos”, para la Sala, “la orden del buen trato concernía solo a la preservación de la vida biológica del cautivo y no a su dignidad humana”.

Los testimonios de las víctimas, como también de victimarios constituyen relatos aterradores: “A los policías que estuvieron cautivos se les ponía un nailon para sujetarlos. A pesar de que tenían diarrea, no podían ir al chonto entre las 6:30 p.m. y las 5 a.m. una vez se cerraba la puerta y debían hacer sus necesidades en bolsas e incluso en los recipientes en los que comían”, confesaron tres excombatientes los días 4, 8 y 11 de marzo sobre sus responsabilidades en el secuestro de militares, policías y civiles.

El exguerrillero Marcos Alvis Patiño, al confesar los horrores de la violencia de la que fue participe, expresó: “El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande”. Cuando la magistrada Julieta Lemaitre le leyó una solicitud del general Luis Herlindo Mendieta, víctima directa de uno de los campos de secuestrados: “Él quiere que se reconozca que ellos estaban cerca de los marranos, les llegaba el olor constante y que no tenían agua suficiente y los marranos sí. Tenían sed, se sentían humillados”, le dijo la magistrada. Alvis Patiño admitió la situación [5].

Se multiplican los relatos sobre tocamientos y gestos obscenos, golpes con las culatas de las armas, burlas e insultos, cobros millonarios por rehenes que terminaban matando, jornadas de caminata encadenados y sin alimento o, incluso asesinato de quienes no podían seguir el paso de estos traslados. A todo esto, se sumaban las amenazas de muerte y los simulacros de fusilamiento como castigo, intimidación y humillación…. (un) secuestrado narró que en una oportunidad le pusieron a cavar un hueco con una pala, como si fuera una tumba, mientras le decían que lo iban a matar: “sentía que en cualquier momento que fuera a terminar de cavar, ellos dispararían”, le dijo a la jurisdicción [6].

El abuso sexual por parte de los secuestradores fue también una práctica abominable, una secuestrada narró como Uriel, de la Columna Jacobo Arenas, “la amenazó con armas, la violentó sexualmente y la privó de su libertad para violarla en repetidas ocasiones, diciéndole que, si no se iba con él, tomaría represalias contra su familia”, dice el informe de la JEP.

“El 19 de abril del 2000 las FARC secuestraron en La Calera, Cundinamarca, a los adultos mayores Carmen Rosa Castañeda y Gerardo Angulo. Llamaron a la familia para pedir rescate y luego los asesinaron porque por su edad no podían realizar largas caminatas” [7].

Se cuestionó que no se les hubiera tenido en condiciones mínimas de higiene y que no se dieran instrucciones para preservar la salud.

Las secuelas dejadas por el secuestro permanecen durante toda la vida, ya sean de corta o larga duración, como la del exmilitar Pablo Emilio Moncayo, que se constituyó en el secuestrado con mayor tiempo en manos de sus captores, doce agobiantes años. Durante meses, Moncayo tuvo que caminar con cadenas en sus tobillos: “Estaban tan apretadas que nos causaron una enfermedad que nos dio parálisis en las piernas”. Relata que los días más angustiosos fueron precisamente cuando le anunciaron su liberación en mayo de 2009. Fueron meses de caminatas eternas, en las que tuvieron que hacerles el quite a unos veinte bombardeos. “El guerrillero va suelto, libre, en cambio uno va amarrado, incluso con los ojos vendados”, cuenta. Su liberación se dio el 30 de marzo de 2010 [8].

La Sala señaló que además del sufrimiento de la pérdida de la libertad bajo amenaza de muerte, recibían maltratos físicos y psicológicos, y añadió: “La sala pudo determinar, sin embargo, que las FARC no solo no emitieron instrucciones a la manera de cartillas o instrucciones o reglas, sino que tampoco dieron entrenamiento a las comisiones de cuidado sobre el trato a los cautivos, ni se preocuparon por vigilar que se cumplieran condiciones mínimas de dignidad humana, ni castigaron por el maltrato. Los cautivos quedaban entonces de manera deliberada bajo el absoluto control de los comandantes y la guardia”.

Frente a este deplorable caso, la JEP llama a responder a los máximos responsables, que desde el punto de vista jurídico se llama la responsabilidad de mando. Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas señala: “No se queda en responsabilizar al de menor rango, sino que está diciendo ustedes son los responsables por haber permitido esos crímenes” [9].

De esta manera el escrito de hechos y conductas en cabeza de la magistrada Julieta Lemaitre, cobija a los miembros del Secretariado, a saber: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra Díaz, Rodrigo Granda y Juan Hermilo Cabrera, quien falleció el día anterior a hacerse público el llamado, de tal manera que los procesos en su contra serán cerrados.

El documento fue entregado a los excombatientes, a los representantes de las víctimas y a la Procuraduría, quienes disponían de treinta días hábiles para pronunciarse. Los exguerrilleros podrán aceptar su responsabilidad y recibir condena por parte del Tribunal del Paz, o no aceptarla e ir a juicio el que serán acusados por la Unidad de Investigación y Acusación [10].

La JEP advirtió que si los máximos responsables no aportan verdad exhaustiva ni asumen plenamente su responsabilidad, estarán sujetos a penas ordinarias de hasta veinte años.

El reconocido jurista Rodrigo Uprimny señala, sobre este caso, “Esta decisión de la JEP es histórica: nunca antes, ni en Colombia ni en el mundo, una guerrilla que no había sido derrotada militarmente y un Estado cuyos agentes habían cometido atrocidades aceptaron someter sus crímenes al juicio de un tribunal imparcial. Estamos avanzando hacia una paz con verdad y con justicia que no tiene precedentes en el mundo”.

Pero con todo, como dice el refrán: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y en este caso, “no le conviene ver”. En esa lógica los opositores y críticos de la JEP señalaron que no hay nada nuevo en las 322 páginas del documento.

No puedo terminar este tema sin decir que fue lamentable y deplorable el comportamiento de algunos sectores, colectivos y personas de la sociedad civil, que queriéndose rotular de izquierda, justificaban y hasta aplaudían las determinaciones crueles e inhumanas de las FARC frente a las víctimas, que como en este caso padecieron el secuestro. La violación a los derechos humanos debe ser condenada y rechazada, no importa el rotulo del victimario.

Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública

La JEP en el auto 033 de 2021 de la Sala de Reconocimiento, de febrero 12, hizo pública la estrategia de priorización dentro del caso 03, conocido como falsos positivos. En este auto estableció que por lo menos 6402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. La Sala de Reconocimiento indicó que Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los territorios críticos priorizados. La JEP estaba abriendo tan solo un postigo en 38 páginas, donde hizo pública su estrategia de priorización, de un caso totalmente aberrante e inédito en cualquier parte del mundo.

Aunque apenas es una apertura al caso, los enemigos de la JEP saltaron en ira por el número de casos establecidos por la Sala de Reconocimiento en al menos 6402 asesinatos entre 2002 y 2008, cuando la Fiscalía había establecido 2248 víctimas entre 1998 y 2014 (tres veces menos y en el doble del tiempo priorizado). Se estima que serían más de diez mil casos. El periodo priorizado por la JEP se estableció en razón a que durante ese tiempo se llevaron a cabo el 78 % de falsos positivos. Como era de esperar, quien rechazó de plano los datos presentados fue el expresidente Uribe Vélez, entre otras cosas porque el periodo priorizado coincidía con el tiempo de gobierno, que denominó de Seguridad Democrática, tiempo en que pidió con insistencia resultados a la tropa.

Uno de los ministros de Defensa de la época, el Sr. Camilo Ospina, dejó plasmada la política del gobierno que muestra el sustento de ese actuar criminal en la directriz ministerial número 29, de noviembre de 2005 “desarrollar criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

El analista Hernando Gómez Buendía describe en qué consistía ese “falso positivo”: “La víctima de un falso positivo fue cualquier NN cuyo cadáver sirviera para inflar las estadísticas de las Fuerzas Armadas y para recibir una prima (dinero), un ascenso o unos días de licencia. Es un crimen que por eso no se puede comparar ni tratar de la misma manera que las desapariciones forzadas, las torturas, las masacres, los sicarios, los secuestros, las violaciones, las voladuras de oleoductos o los incendios. Una inmundicia no justifica jamás otra inmundicia, pero los falsos positivos fueron el gran aporte de Colombia a la historia mundial de la inmundicia. O por lo menos yo no sé de otro país donde tantos hubieran sido asesinados para poder decir que estaban muertos” [11].

Las víctimas escogidas, y muchas veces engañadas con oportunidades laborales, fueron jóvenes humildes, indocumentados, menores de edad, miembros de comunidades indígenas, en situaciones de precariedad (habitantes de calle, vendedores ambulantes, recicladores), con alguna discapacidad, desmovilizados de algún grupo armado, personas LGBT. Una vez asesinados los disfrazaban de camuflado de algún grupo armado, casi siempre con brazaletes de las FARC o del ELN.

Al extrañar la no presencia de sus hijos, de sus familiares, de manera especial las madres comenzaron a indagar y preguntar por la desaparición de sus seres queridos y después, cuando se identificaba a los presuntos guerrilleros caídos en combate, a rechazar y denunciar. Especial relevancia tomaron las madres de Soacha (ciudad pegada a Bogotá), de donde muchos jóvenes fueron trasladados al “sitio de operaciones” con engaños y después asesinados vilmente. El Sr. Uribe descalificó totalmente a estas madres y además señaló que sus hijos asesinados tendrían “propósitos delincuenciales… no iban a coger café”. De esa manera pretendió justificar lo injustificable.

La directora del colectivo Madres de Falsos Positivos, la Sra. Jacqueline Castillo, ante las revelaciones de la JEP, afirmó: “Prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) Son evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros” [12].

Sin duda el señor Uribe (y sus adláteres) tiene suficientes “argumentos” para buscar que se derogue la JEP, ha propuesto un referendo a tal efecto y señalan que a la JEP no hay que creerle porque sus jueces “fueron nombrados por las FARC”, o que el pronunciamiento del tribunal es sesgado, hechura de oenegés enemigas de su gobierno. Su partido de bolsillo ha protestado, como lo han hecho militares retirados; el ministro de Defensa ha dado declaraciones destempladas y el presidente con su elocuente bobería dice que esos casos deben “investigarse uno a uno”, que “esperamos avances de la JEP frente al reclutamiento de menores” (macrocaso siete), que la justicia “no debe hacerse por micrófono”.

La Constitución política que tenemos señala que el monopolio de las armas debe estar en manos de la Fuerza Pública, que se supone está establecida para la defensa y protección de los ciudadanos, pero lamentablemente muchos de sus miembros las han usado para asesinar a quienes debían cuidar y proteger.

Las familias de las víctimas de este atroz delito, las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía de bien, aunque valoran la presentación de este caso 03, han señalado que se debe ir más allá, indicando que la metodología empleada no es la más feliz. Esto porque la JEP ha optado por ir a investigar a partir de la base, como hasta ahora lo ha hecho la Fiscalía, limitándose a perseguir a algunos soldados.

A este propósito, Sergio Arboleda, defensor de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad, señala: “Durante las décadas en las que la Fiscalía ha conocido estos casos, ha aplicado la estrategia de establecer la línea de abajo para escalar y llegar a los niveles altos; sin embargo este método llevó a que el ente investigador se constituyera en un mecanismo de impunidad, toda vez que la persecución penal se quedó en la base de los soldados que recibieron las órdenes y no determinó la responsabilidad de los comandantes que daban las órdenes criminales” [13].

Los colombianos esperamos que ahora la JEP logre llegar a los máximos responsables de éstos atroces asesinatos. Desde las organizaciones de derechos humanos surgió y ha tomado cada vez más vuelo la campaña “¿Quién dio la orden?”, refiriéndose expresamente a estos casos de asesinato de civiles indemnes e inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros o paramilitares muertos en combate por parte de la Fuerza Pública.

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