Uno de los más importantes logros del Acuerdo de Paz fue comprometer al Gobierno a cambiar la fracasada política antidrogas basada en la prohibición y en la persecución a los distintos eslabones de la cadena para pasar a una política preventiva que entienda el problema no como de seguridad sino como de salud pública. Lo anterior no constituye ninguna novedad. De hecho, en todo el mundo se está cambiando el enfoque e incluso en muchos países se está avanzando hacia la despenalización de las sustancias psicoactivas, incluyendo las llamadas “drogas duras” como la cocaína y la heroína.

En Colombia, el problema ha sido especialmente sensible debido no solo a la violencia que la prohibición del narcotráfico ha provocado desde los años setenta en nuestra sociedad, sino a que la represión suele ir dirigida contra los actores más débiles de la cadena, los campesinos que poseen cultivos de uso ilícito y los consumidores.

Mientras tanto, los eslabones más fuertes como los propios narcotraficantes o quienes se dedican al lavado de activos -normalmente banqueros y financistas- quedan prácticamente excluidos de la persecución. Es decir, mientras el Estado invierte millones en recursos para perseguir al campesinado cultivador y a la juventud consumidora, los más beneficiados del negocio quedan impunes.

Guerra ajena

Por supuesto, el Gobierno colombiano se ha obstinado en mantener el caduco esquema de persecución y represión, seguramente obedeciendo las órdenes que al respecto se imparten desde la Casa Blanca. Porque no hay que llamarse a engaños, la prohibición de las drogas y su consecuente persecución no son una iniciativa de Colombia sino una imposición de Estados Unidos, empeñado desde los años sesenta en tener un pretexto para perseguir el pensamiento disidente.

Recordemos que la persecución a las drogas se motivó para poder estigmatizar a los colectivos comúnmente asociados al consumo: los latinos, los negros y los hippies, por ejemplo, que en aquel momento comportaban una amenaza al régimen político estadounidense.

Colombia compró esa lucha sin evaluar los impactos que tendría, como casi todas las órdenes que provienen de Washington. Durante los años setenta y ochenta, el narcotráfico fue visto como algo pintoresco. “Mágicos” se les llamaba juguetonamente a los mafiosos, evidenciando en el fondo cierta envidia por no poseer todas las riquezas de estos personajes que ostentaban sus riquezas recién adquiridas. Fue solo a partir de 1984, cuando fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que el país se tomó en serio el fenómeno del narcotráfico y las consecuencias que estaba produciendo en la economía, la política y la sociedad colombiana.

La paz hecha trizas

Dentro de la estrategia de guerra contra las drogas, una de las prácticas más controvertidas ha sido la aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito con agresivos plaguicidas. Durante los años setenta, el Gobierno fumigó con el herbicida Paraquat los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta y a partir de los años ochenta lo reemplazó con el glifosato, conocido comercialmente como Round-Up.

Desde entonces, los movimientos campesinos y ambientalistas protestaron de todas las formas posibles contra esta decisión hasta que finalmente fue incluida en el Acuerdo de Paz y firmada por el Gobierno colombiano. Las causas para oponerse son muchas, pero pueden resumirse en dos: la fumigación aérea con glifosato tiene muy baja efectividad y causa daños a la salud humana, así como a la naturaleza. Por ello, el Gobierno de Santos suspendió las fumigaciones en 2015 como muestra de confianza en la mesa de negociaciones con las Farc.

Seis años después, el Gobierno de Duque prepara un decreto para volver a las fumigaciones. Fiel a la propuesta de su partido de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, no solo ha demorado la implementación del Acuerdo, ha desfinanciado los programas en los territorios, no protege la vida de los excombatientes y no ha implementado la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, sino que ahora pretende asperjar las zonas donde estos se hallan.

Su pretexto es que el Acuerdo de Paz permitió el aumento de las hectáreas sembradas con coca y la suspensión de las fumigaciones aéreas brindó las condiciones para su expansión. No obstante, dicha explicación es sesgada e incompleta, pues se aduce que hubo muchos campesinos que volvieron a cultivar coca porque no había persecución, pero se ignora que el aumento de los cultivos tiene más que ver con el comportamiento del dólar y el aumento de la demanda de cocaína y de su precio en los mercados internacionales.

Es decir, un problema complejo se simplifica al punto de terminar justificando el envenenamiento de nuestros campos con una práctica fallida y fracasada.

Lo que hay detrás

Claramente, la lucha contra el narcotráfico no es lo que anima al Gobierno. Si fuese así, el embajador en Uruguay estaría preso, se investigaría a fondo las implicaciones de personas como Álvaro Uribe con el Cartel de Sinaloa o se encarcelaría a “Memo Fantasma” el narcotraficante socio del esposo de la vicepresidenta. No, esa no es la preocupación.

Tampoco lo es la salud pública, si fuese así, se trabajaría en construir un sistema público de salud robusto, universal y de calidad para toda la ciudadanía. Es más, la preocupación tampoco es la seguridad pues el Gobierno siempre aduce que la violencia es producto del narcotráfico y que fumigando los cultivos se termina la fuente de financiación de los grupos armados y por ende, la violencia. No hace falta ser demasiado inteligente para colegir que dicha argumentación es, por decir lo menos, infantil. La mejor prueba está en que este año se han reducido los cultivos de hoja de coca pero la violencia ha aumentado.

La verdadera razón que anima al Gobierno a reiniciar las fumigaciones con glifosato es económica. Detrás de la práctica de las aspersiones aéreas se esconde un lucrativo negocio que involucra los servicios de las avionetas, la contratación de pilotos y de personal en tierra, la movilización de tropas que acompañen las fumigaciones y la propia compra del herbicida.

El Round Up es producido por la empresa multinacional Monsanto -propiedad de la firma alemana Bayer- famosa por la producción de agroquímicos, de organismos genéticamente modificados -popularmente llamados transgénicos- y de las llamadas “semillas terminator”, aquellas que se autodestruyen obligando al agricultor a comprarlas una y otra vez. Es decir, toda una compañía comprometida con perjudicar al agricultor y a favorecer el negocio de las multinacionales.

En días recientes se ha sabido que la senadora por el Centro Democrático, Ruby Chagüí, está casada con un alto ejecutivo de Bayer en Colombia. La senadora, quien por supuesto apoya el retorno de las fumigaciones, ha dicho que no tiene conflicto de intereses y que seguirá promoviendo la aspersión aérea del herbicida producido por la multinacional que le da empleo a su marido. Dicha falta de coherencia es la que ostenta todo el Gobierno.

Se afirma que hay preocupación por el medio ambiente, pero se concesionan los páramos, se deforesta la selva amazónica y ahora se quiere fumigar con glifosato. Se dice que hay preocupación por la salud pública, pero se fortalecen las EPS y se deja al ciudadano inerme ante la enfermedad. Se dice que se quiere combatir el narcotráfico y la violencia, pero el ejército contempla cómo los grupos ilegales campean a sus anchas.

Mejor dicho, se llenan la boca con palabras vacías mientras lo único que persiguen es el negocio.

Publicado en Semanario VOZ