El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ha anunciado la disposición de comprar una flota de aviones de guerra por la suma de 4.000 millones de dólares. Esta suma no es nada despreciable y motiva acercarnos a las cifras que se manejan en el comercio internacional de armas.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), instituto internacional independiente dedicado a la investigación sobre conflictos, control de armamentos y desarme con sede en Estocolmo estima en su último reporte que en el 2019 el gasto militar mundial fue de 191.700 millones de dólares, el 2,2% del PIB mundial o 249 dólares por persona.

Según el Banco Mundial hay en el mundo cerca de 736 millones de personas en situación de extrema pobreza, es decir, [sobre]viven con menos de 1,90 dólar por día. La misma institución señala que como consecuencia de la pandemia del Covid-19 esa cifra aumentará entre 88 a 115 millones más de personas.

Al mismo tiempo, la organización Oxfam da cuenta que “las ganancias combinadas de las 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia del coronavirus alcanzaron los 540.000 millones de dólares”, cifra que sería suficiente para evitar que los habitantes del mundo caigan en la pobreza a causa del virus y podría financiar una vacuna para todos.

En conclusión, el gasto militar mundial es mucho más alto que los recursos invertidos para erradicar la pobreza.

La pobreza es fundamentalmente un problema estructural y multidimensional que comprende la falta tanto de ingresos como de la ausencia de satisfacción de las necesidades básicas para garantizar una vida con dignidad. La pobreza extrema no ha surgido por causas extraterrenales. Es evitable. Es una situación creada y propiciada por el tipo de modelo político y económico implementado y por las acciones y omisiones de los Estados y otras instituciones económicas.

El militarismo está vinculado a esos sistemas políticos y económicos y sus prioridades de acumulación. No es casual que tres de los cinco países con mayor producción de armamento (EEUU, Alemania y Francia) formen parte del norte global.

De otra parte, la guerra se entrelaza a menudo con la violencia económica y política, que en muchos casos trata de obtener el control de territorios y recursos. Una economía militarista sostiene que el gasto militar es necesario, mientras que el gasto destinado al mantenimiento de la paz, la seguridad humana, la transición a energía limpias y en general al bienestar común, es negociable y subordinado.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado que, “erradicar la extrema pobreza es no solo un deber moral, sino también una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de Derechos Humanos (DDHH) vigente.”

Es decir, la pobreza es una violación directa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y los Estados están obligados a combatirla.

Por ello, tiene un profundo sabor a doble moral que los países del norte global, al mismo tiempo que dedican recursos para sus agencias de cooperación, simultáneamente alientan su industria militar y se benefician económicamente de la exportación de armas y materiales bélicos. Lo que están haciendo en realidad, es fortaleciendo el colonialismo, el patriarcado y contribuyendo a la violación sistemática de los DDHH en el mundo.

Es en ese contexto, que debe entenderse la decisión del gobierno del presidente Duque de dedicar la suma de 4.000 millones de dólares a la compra de aviones de guerra. Suma que beneficiará a los fabricantes de armas y material bélico, engrosarán las arcas de los países del norte global y contribuirá decisivamente para que el Estado colombiano, una vez más, no emplee recursos necesarios para combatir la pobreza, implementar la reforma agraria, cumplir con los acuerdos de paz, construir una fuerte red de seguridad social, mitigar los efectos de la pandemia y, en definitiva, garantizar los derechos de quienes viven en Colombia.

Sencillamente, está implementando una economía militarista que por su misma definición, es profundamente patriarcal. Las consecuencias en términos de aumento de la violencia política, económica y social en el país son obvias y se muestran a los ojos de todo el mundo como estos tres ejemplos:

1) en los primeros dos meses del año se registraron 37 feminicidios.
2) en el presente año llevamos ya 28 masacres según datos de Indepaz y
3) Fedesarrollo ha calculado que la pobreza en Colombia va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49% de la población!

¿Y quién va a pagar esas máquinas de guerra, parafraseando al ministro de defensa? Los colombianos a través de los nuevos impuestos que se quieren recaudar con la reforma tributaria, enmascarada como una “herramienta para mitigar la pobreza”.

Lo que es asombroso en medio de toda esta situación, es que no haya una reacción firme de la comunidad internacional para detener el genocidio y se ordene una suspensión a la venta de armas a Colombia.