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Resumen de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz
Colombia semanal: 11 a 17 de Julio de 2009
"La Procuraduría General de la Nación la semana pasada reveló que 1.603 militares son investigados por falsos positivos cometidos desde el año 2003 y que de estos 301 son oficiales, 488 suboficiales y 814 son soldados profesionales"
 

La senadora Piedad Córdoba en declaraciones a medios de prensa pide desvincular las liberaciones de prisioneros del debate electoral, aunque reconoció que el tema es político. La parlamentaria que ha sido autorizada por el presidente Álvaro Uribe para realizar gestiones con la dirigencia de las FARC para procurar la liberación de todos los prisioneros, insiste en la necesidad de sostener previamente una conversación con el mandatario para precisar los términos y alcances de su gestión. La senadora, durante la constitución del capítulo de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) en la ciudad de Cúcuta, aseguró que por lo menos se podría lograr la libertad de cinco prisioneros en un mes, después que se produzca su encuentro con el presidente en el que se definan las garantías para realizar las operaciones de liberación. Entretanto, fuentes del Gobierno revelaron que las FARC habrían adquirido en el mercado negro de armas 20 misiles de fabricación rusa, capaces de derribar aeronaves hasta a seis kilómetros de altitud. Según fuentes de inteligencia del Estado la guerrilla ya tiene en su poder los misiles IGLA-S24 tierra – aire, información que también ha sido de conocimiento de otras agencias de inteligencia de otros países. La fuente gubernamental asegura que este tema ha generado gran preocupación en el Gobierno porque su uso puede modificar sustancialmente el estado actual del conflicto armado, si se tiene en cuenta que las Fuerzas armadas del Estado han propinado serios golpes a las guerrillas mediante el uso de medios aéreos de combate. De otra parte, el político Oscar Tulio Lizcano, quien estuviera retenido por las FARC durante ocho años, a través de su libro titulado “Los años de Silencio” asegura que la empresa estatal petrolera china, la National Petroleum Corporation (CNPC), da apoyo logístico a las FARC, transportando guerrilleros y víveres en sus helicópteros, como también personal médico y hasta funcionarios públicos del sur del país. Caracol – Radio, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Tiempo, El Colombiano, 11 – 17/07/09

El ministro de Defensa (e), general Fredy Padilla de León, aseguró que de firmarse el acuerdo de cooperación en defensa entre EEUU y Colombia permitiría desarrollar las actividades que las Fuerzas Armadas de EEUU realizaba desde la base de Manta, que está siendo desmantelada, desde tres bases militares colombianas las cuales estarían controladas por oficiales nacionales. El alto oficial dijo que las bases que serán utilizadas para albergar 800 militares estadounidenses y 600 contratistas civiles serían la de Malambo en la Costa Atlántica, la de Palanquero en el centro del país y la de Apiay en la Orinoquía y Amazonía, además que la base de Apiay ya está siendo reestructurada en su infraestructura con un costo de 42 millones de Dólares. Por su parte, mientras los partidos políticos afines al Gobierno expresaron su apoyo al despliegue militar estadounidense en las bases militares colombianas, voceros de los partidos de oposición rechazaron esa decisión porque viola la soberanía nacional y la autodeterminación, además de convertir a los colombianos en peones de la estrategia militar de un imperio que busca controlar el mundo y constituye en un acto hostil hacia los países vecinos. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, dijo que la Constitución Nacional no permite la presencia de militares extranjeros en el territorio colombiano y solo el artículo 173 de la carta permite el tránsito pero previa aprobación del Congreso. El parlamentario cuestionó al Gobierno por tratar este tema a espaldas del país y exigió al Gobierno publicar lo acordado y abstenerse de implementar dicho acuerdo hasta tanto no se de un debate nacional al respecto. Por su lado el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, conceptuó que el Gobierno debe hacer una consulta previa ese Tribunal como mecanismo de protección a la soberanía nacional. Entretanto el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, dijo que su país no necesita bases propias en Colombia sino acceso a las existentes y que las operaciones que realicen los militares de su país serán en territorio colombiano y con la presencia de militares colombianos. Caracol, El Espectador, El Tiempo, Voz, CMI – Tv, 11 – 17/07/09

Las Fuerzas Armadas en el propósito de mejorar su imagen, deteriorada por los cerca de 2.000 asesinatos cometidos por sus miembros contra personas civiles inocentes para luego presentarlos como guerrilleros abatidos en combate, ha lanzado una campaña publicitaria denominada “Los héroes en Colombia si existen”, en la cual exaltan el esfuerzo que hacen los soldados en la lucha contra la “delincuencia y el terrorismo”. En la presentación de esta campaña el inspector del Ejército, general Carlos Suárez, pidió “olvidar el tema de los falsos positivos porque son cosas del pasado”. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación la semana pasada reveló que 1.603 militares son investigados por falsos positivos cometidos desde el año 2003 y que de estos 301 son oficiales, 488 suboficiales y 814 son soldados profesionales. Además, el Alto Comisionado de ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, concluyó en su informe que los casos de falsos positivos fueron una práctica sistemática y extendida en casi todas las guarniciones militares, los cuales se convierten en crímenes de Estado. Entretanto, en el más reciente informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se asegura que los paramilitares han confesado haber asesinado a 21.000 personas en los últimos 22 años. El mismo informe asegura que los paramilitares se han comprometido a confesar la desaparición de 1.776 personas, el reclutamiento de 1020 menores de edad, 648 secuestros, 1.493 extorsiones y 368 episodios de desplazamiento masivo. El informe establece que hasta ahora se han abierto 1.906 fosas comunes en las que se han hallado los cadáveres de 2.329 personas asesinadas por los paramilitares. Además revela que 2.133 niños, 2.081 mujeres, 220 sindicalistas, 176 indígenas, 83 miembros de la UP (partido político de oposición exterminado) y 30 periodistas fueron objeto de una parte de los crímenes cometidos por los paramilitares. Las confesiones de los paramilitares han permitido la apertura de procesos penales contra 28 senadores, 16 representantes a la Cámara, 115 alcaldes, 12 gobernadores y 25 concejales vinculados con actividades del paramilitarismo. CMI – Tv, Caracol – Radio, 11 – 17/07/09

De otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el proceso que adelantaba contra la senadora Gloria Inés Ramírez por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC, quedando con ello exonerada de todo cargo. El Alto Tribunal consideró que los contactos que ella sostuvo con las FARC ocurrieron en el marco del proceso de paz, con conocimiento y autorización del Gobierno y los encuentros fueron en presencia de otros parlamentarios. Este es el primer caso resuelto de los políticos y periodistas que están siendo investigados por la Farcpolítica, proceso al cual siguen vinculados los parlamentarios Piedad Córdoba, Jorge Enrique Robledo, Wilson Borja, el concejal Jaime Caicedo Turriago y el periodista Carlos Lozano. Entretanto, en España la Plataforma Justicia por Colombia cuestionó duramente al Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, por las alianzas militares que sostiene con el Gobierno de Colombia, pasando por encima de la grave situación de derechos humanos y la sistemática práctica de las Fuerzas Armadas de Colombia de asesinar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combates, tal como lo ha comprobado el Alto Comisionado de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales. Esta Plataforma deplora que bajo la responsabilidad de España, tropas colombianas sean destacadas en Afganistán y al mismo tiempo guarde silencio frente a la grave situación de derechos humanos vulnerados en Colombia. Por su lado, 242 miembros del Parlamento Británico firmaron una moción exigiendo al Gobierno la congelación de toda la asistencia militar a las Fuerzas Armadas de Colombia, como repudio a la práctica de “extendidos y sistemáticos asesinatos de ciudadanos”. Esta moción firmada por tan alto número de parlamentarios es la demostración de la gran preocupación de los partidos políticos británicos, frente a la violación continuada en el tiempo de los derechos humanos y los altos niveles de impunidad frente a los criminales, así se expresó el parlamentario laborista Peter Kilfoyle. Los parlamentarios expresaron además su preocupación por el creciente número de sindicalistas que siguen siendo asesinados en Colombia. Argenpress, El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, 11 – 17/07/09

Finalmente, un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), establece que las protestas sociales han aumentado a lo largo del Gobierno de casi siete años del presidente Álvaro Uribe. El informe asegura que en este periodo se han producido 643 movilizaciones de media por año, registrándose el mayor nivel de protesta en los últimos 50 años. Las protestas ocurren en todo el territorio nacional, pero principalmente en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Cauca. El contenido de las protestas tiene que ver con las desigualdades sociales y la violación a los derechos humanos, mayormente. ABN, Caracol – Radio, El Tiempo, 11 – 17/07/09