Las organizaciones sociales, comunitarias, populares, estudiantiles, indígenas negras, feministas, comunidad LGBTI y demás personas y expresiones de la sociedad civil colombiana, respaldadas por más de dos mil firmas de organizaciones, colectivos y personas preocupados por las graves violaciones a los derechos humanos en contra de cientos de manifestantes ocurridas en el marco del Paro Nacional;
Denunciamos ante el señor secretario general de la OEA y de todos los estados miembros, al estado colombiano como violador, entre otros instrumentos internacionales, de la carta democrática interamericana.

La Carta Democrática Interamericana, CDI, fue aprobada y suscrita por Colombia en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional de la OEA en el año 2001 comprometiéndose a cumplir con todo su contenido. La CDI señala en su del Artículo 3° proclama de manera inequívoca: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

De igual manera el artículo 20 de la CID establece: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. En estos momentos el Estado Colombiano, a partir de las decisiones del jefe del Ejecutivo, esta generando una grave alteración al orden constitucional siendo señalado por cientos de organizaciones nacionales e internacionales como presunto responsable de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos. El estado colombiano viola de esta manera el Capítulo II (artículos 7 al 10) de la CDI, relativo a sus obligaciones en relación con la defensa y garantía de los derechos humanos.

Las cifras oficiales difieren en mucho por las cifras denunciadas por las organizaciones de derechos humanos nacionales como la Plataforma Defender la Libertad; señalan que por lo menos, entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2021 han fallecido presuntamente por la acción de la fuerza pública 59 personas; 346 personas han sido denunciadas como dadas por desaparecidos; 87 manifestantes han señalado haber sido víctimas de Violencias Basadas en el Género; 2152 personas han sido detenidas, un alto porcentaje de ellas mediante procedimientos arbitrarios y siendo sometidas a tortura; 866 personas heridas, 70 de ellas por armas de fuego, etc., La violencia policial se ha concentrado en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Medellín, donde, además, han aparecido grupos parapoliciales, disparando, con total impunidad, armas de fuego sobre los manifestantes.

Los métodos y medios de acción totalmente desproporcionados utilizados por el ESMAD y la orden del presidente de la republica de la militarización como recurso para enfrentar a los manifestantes, viola no solo la CDI sino además los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La sociedad civil colombiana, realizamos este llamamiento urgente al señor Secretario General de la OEA, señor Luis Leonardo Almagro Lemes para que, en virtud de las competencias otorgadas, entre otros instrumentos interamericanos, por la Carta de la OEA (artículos 91.f y 110) y la Carta Democrática Interamericana – CDI – (artículo 20) y a todos los estados miembros a convocar con urgencia al consejo permanente de la OEA, como lo contempla el mencionado artículo de la CDI, con el objetivo de activar la Carta Democrática Interamericana contra el Estado colombiano.