Desde hace varios meses la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP), de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sus beneficiarios y los escoltas adscritos a la misma hemos tenido diferentes inconvenientes, que a medida que transcurre el tiempo se van volviendo más continuos, permanentes y difíciles de superar.

Primero, las restricciones en términos de viáticos, tanto para el personal de planta como para los contratistas, que han hecho que los derechos a la movilidad, seguridad, vida y libertad de los beneficiarios se vean violados, pero además ha hecho que los empleados de planta y tercerizados de la Subdirección para no desmejorar ni afectar la seguridad asignada y cumplir sus responsabilidades a cabalidad se hayan visto obligados a asumir con su salario, gastos que por obligación le corresponde a la Entidad asumir, como son los de viáticos y gastos de viaje.

Segundo las dificultades en la contratación y continuidad del servicio en diferentes departamentos del país vulneraron la seguridad de los protegidos, pero revisando más allá, se terminaron afectando los derechos de los trabajadores al concluir su contrato sin mayores garantías, dejando los pagos de sus liquidaciones salariales para posterior cancelación, aún cuando la ley es muy clara en establecer que estas deberán ser pagadas al trabajador en el momento de la terminación del contrato de trabajo, incluyendo los salarios debidos y las correspondientes prestaciones sociales que se dejaron de cancelar.

Tercero, a lo anterior se suma la falta de pago de viáticos a los escoltas contratados a través de empresas de seguridad, en las zonas 2, 3 y 4, es decir los que se encuentran en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés, Antioquia, Caldas, Choco, Tolima, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare, Boyacá, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.

Estos pagos están represados desde enero de este año debido a la falta de coordinación y el desorden administrativo al interior de la UNP y que afectan gravemente los derechos laborales y la calidad de vida de los trabajadores, que con su salario han tenido que asumir estos gastos por meses y meses, sin que se dé solución y aunque esté establecido que estos rubros deban ser pagados apenas se aprueba la comisión por parte de la UNP.

Adicionalmente, este mes se presentó la falta de recarga de las tarjetas de combustible por problemas administrativos, que ha dejado una vez más parada la agenda de los beneficiarios en diferentes zonas del país, en muchos casos que han quedado sin combustible en la mitad de las comisiones, teniendo que asumir los gastos los escoltas y los beneficiarios para no quedar en mitad de una vía, poniendo en riesgo su vida.

Ante todo esto nos preguntamos:

¿Los problemas administrativos, superan y se superponen a los derechos a la movilidad, seguridad, vida y libertad de los beneficiarios y las garantías laborales de los agentes escoltas y hombres y mujeres de protección?

¿Hasta cuándo o a quién debemos acudir si ya se han interpuesto tutelas y desacatos y aún así estas situaciones se siguen presentado?

¿Quién puede dar solución a estas problemáticas, si hemos acudido a la UNP, a la SESP y las empresas sin que haya dado una respuesta satisfactoria?

Hacemos un llamado a la UNP y al Gobierno Nacional para que la voluntad para cumplir el Acuerdo de Paz se vea reflejada en hechos y en garantías tanto para los beneficiarios como para los trabajadores de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, de la Unidad Nacional de Protección.

Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz