Escribir sobre Colombia es un eterno retorno a la capacidad del sector político dominante de escupir sin el más mínimo rasgo de vergüenza a la cara de los colombianos, corrupción, humillación y desprecio sin medida. Sin ánimo en caer en el pesimismo y la monotonía temática debemos decir que semana tras semana, el país se acostumbró a esperar un nuevo capítulo de esta desventura ambientada en un lugar del mundo en donde la estupidez humana raya en la locura y la esquizofrenia colectiva.

La última escena tiene que ver con setenta mil millones de pesos colombianos, que se embolataron, destinados a dotar de conectividad e internet a miles de niños de zonas campesinas vulnerables y que, según opinión del mitómano Iván Duque, van a recuperar al costo que sea, es decir otra de las promesas falsas del adalid de la economía naranja –que también prometió reconstruir en menos de cien días el archipiélago de San Andrés y Providencia después del paso del huracán Iota a mediados de noviembre del año pasado y que a nueve meses de lo ocurrido se presenta como un fracaso rotundo–.

“Nosotros hemos venido hablando de un plan de cien días de reconstrucción. Tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros cien días de intervención tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones para las familias más afectadas”, aseguraba el presidente el 17 de noviembre de 2020 en entrevista en la emisora La FM de RCN, empresa de telecomunicaciones propiedad de la Organización Ardila Lülle, cuyo fundador y dueño, patrocinador del uribismo, Carlos Ardila Lülle falleció por estos días.

Además, en una actitud insultante y provocadora, salió a defender a la directa responsable del tema: Karen Abudinen Abuchaibe, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, de acuerdo con lo revelado por el portal Resistencia Colombia, a través de su cuenta oficial de Instagram, tendría vínculo familiar con Shadia Farah Abuchaibe, esposa de Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe Vélez, así como fuertes vínculos con el poderoso clan de los Char en Barranquilla, toda una Cosa Nostra criolla.

Lo concreto es que la ministra, a pesar de las advertencias y avisos por parte de autoridades en el tema tecnológico, terminó adjudicándole el jugoso contrato a la empresa Centros Poblados, que no tenía la capacidad para cumplir con el contrato, pero que además, según los últimos hallazgos descritos en un informe realizado el pasado 12 de agosto por el diario Criterio, se encontró que entre sus socios existen personajes con eventuales problemas legales por cuenta de millonarios temas de contratación. Otros presentan estrechos lazos con políticos importantes e incluso con la propia procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, lo que augura que de las investigaciones no va a salir nada bueno, impunidad total.

En otras palabras, el mismo libreto de siempre, un novelón de primera plana para los titulares en noticieros y periódicos con llamado a la renuncia y la moción de censura por parte de la oposición en el Senado, del cual, como es habitual, el uribismo saldrá impune y fortalecido.

Al final, el mismo desenlace de toda una serie de capítulos de la ignominia, se otorga un contrato multimillonario a personas cuestionadas seriamente por su proceder ético y sus conflictos de intereses, lo que está documentado, y pasó lo que tenía que pasar, el dinero se perdió; mientras tanto miles de niños de las regiones más vulnerables y olvidadas del país seguirán esperando que el Estado colombiano dé solución al problema histórico de la conectividad en la escuela pública, uno de los puntos fundamentales de la agenda educativa mundial en medio de la pandemia que se vive, para poder acceder a escenarios de dignificación humana.

Pero más allá del hecho de por sí reprochable de actuar con la impunidad que les permite el monopolio sobre los órganos de control y de utilizar al Estado como escenario de desfalcos e irregularidades en procesos de contratación pública, existe algo que debería ser materia de indignación nacional. Para ello hay que contextualizar e introducir la relación entre la educación y la conectividad en Colombia para dar un debate más profundo y político.

Los últimos cincuenta años han sido escenario de profundos procesos de cambio, el sistema capitalista provocó una vertiginosa espiral de creatividad humana que se plasmó en una continua, sistemática y organizada producción de tecnología, innovación y conocimiento sin paralelo en la historia, acompañado por un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que estimuló la innovación en tecnologías de la información y comunicación, paradójicamente las brechas económicas, sociales, cognitivas y culturales se ampliaron.

La hiperproducción de TIC, su vinculación al mundo educativo, el desarrollo de comunidades científicas y producción de conocimiento, contrastan con el aumento irrefrenable de las brechas económicas globales y regionales. La pandemia global es ejemplo de contradicciones en la forma como diferentes países y sociedades afrontan en condiciones diversas retos educativos, económicos, sociales y políticos impuestos por el confinamiento.

En el caso colombiano esas inequidades profundas, acumuladas tras décadas de abandono de la educación, se hacen evidentes con la pandemia; los lineamientos propuestos en junio de 2020 por el Gobierno nacional dentro del esquema de alternancia en las instituciones educativas (IE) fueron criticados y denunciados por diversos sectores políticos y en especial por los maestros de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), por poner en riesgo la vida de los estudiantes y sus familias, a costa de no invertir en conectividad, infraestructura y equipos.

Así mismo, las inequidades económicas y sociales han derivado en una profunda brecha digital multiforme, denominada así porque observa diversos factores y situaciones a nivel local, nacional, intergeneracional e incluso geográfico que crean inmensas dificultades; lo cierto es que, según esta perspectiva, se involucra además del acceso a las TIC, la capacidad de identificar, producir, difundir y utilizar la información asumiendo la preponderancia de la libertad de expresión como condición para el desarrollo humano y la garantía de los derechos.

En esa medida no solo habría que superar la brecha digital multiforme, sino que además establecer una agenda de solidaridad digital y salvaguardia de los derechos y libertades humanas, que permitan que los grupos humanos y sectores sociales históricamente excluidos tengan acceso a conectividad, alfabetización digital, equipos, elementos cognitivos y de esa manera el conocimiento como construcción social sea de libre acceso.

Ahora bien, al tener un acercamiento a este marco general y articularlo con la situación del país, resulta imposible evadir algunas cifras relacionadas con la brecha digital que Fecode, el sindicato de maestros, viene denunciando como elemento fundamental del regreso a la presencialidad. Con respecto a los Computadores Para Educar, programa que promueve el uso de TIC, la entrega de terminales y la capacitación docente tendríamos que decir que para el año 2019 solo 9474 docentes fueron beneficiados con procesos de formación, se entregaron 8887 tabletas y 39 464 computadores.

Con respecto al uso de internet en los hogares, solo en diez departamentos hubo más del 60 % de la población utilizando internet desde cualquier dispositivo, 44 % de la población utilizó computador, 64 % tuvo acceso a internet, además de una enorme brecha entre los sectores urbanos y rurales, pues mientras en el primero hubo un acceso del 50 % y el 72 % a un computador y a internet respectivamente, en el segundo las cifras llegaron al 24 % y al 35 % (Mintic, 2020) es decir una proporción algo menor a la mitad.

Si agregamos la situación de Colombia frente a Latinoamérica y al resto del mundo el panorama es desalentador, el Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2015: TIC para Crecimiento Inclusivo, presentado por el Foro Económico Mundial (FEM, 2015), ubica al país en el puesto 64 en un ranking de 143 países y muy distanciado de otros países de la región. Con respecto a la inequidad del ingreso el índice de Gini nos dice que Colombia se encuentra entre los 16 países más inequitativos del planeta y ocupa el puesto 29 entre los países más pobres del planeta (Banco Mundial, 2017).

En conclusión, en un país con una situación tan crítica y difícil a nivel de conectividad y TIC, resulta criminal que millonarios recursos económicos que servirían para cerrar la brecha digital, democratizar el acceso al conocimiento, dignificar comunidades enteras, permitiendo que millones de niños tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y rescatarlos del eterno ciclo de violencia que se vive, terminen en los bolsillos de unos pocos con el aval del Gobierno nacional y la mirada cómplice de una parte de la sociedad, al mismo tiempo que se estigmatiza a los maestros colombianos culpándolos de la crisis educativa estructural.

Tramas