Ayer 20 de septiembre, fue un día funesto para los liderazgos sociales, los pueblos indígenas y la población firmante del acuerdo de paz. Según informo la comisión intereclesial de paz, hacia las 5:45 p.m. fue asesinado el líder Dilio Bailarín, mientras cortaba madera en el río Jiguamiandó, a 20 minutos de distancia del Resguardo Humanitario Biodiverso So Bia Dura.

En abril de 2019, integrantes del ELN intentaron llevárselo en inmediaciones del Resguardo pero la comunidad intervino para protegerle a él y a una lideresa.
En octubre de 2020, este líder y cinco más, habían recibido amenazas de parte de las AGC, y sufrieron hostigamientos.

A pesar de las Medidas Cautelares que cobijaban a Dilio, y el Resguardo, el Estado colombiano continúo sin adoptar medidas eficaces de protección y se negó a un Acuerdo Humanitario Global que pudiera garantizar salvaguardar vidas humanas en esta región.

El día de ayer también se confirmó el asesinato en las barriadas del norte de la capital del Chocó, Quibdó, del firmante de paz Manuel Mena Viveros, con el ya se llega a la escandalosa y escabrosa cifra de 285 firmantes del acuerdo final de paz entre el estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, en medio de la desidia y negación de esta tragedia por parte del gobierno de Iván Duque.
De igual manera Indepaz reporto que durante el transcurso del lunes fueron asesinados otros cuatro lideres y defensores de DDHH en el país, María Nancy Ramírez - Santa Rosa de Osos, Antioquia José Luis Pai - Tumaco, Nariño 3. Yovanny Javier García - Tumaco, Nariño, David Aricapa Viscue - Caloto, Cauca. Alcanzando la terrible cifra de 124 lideres y lideresas asesinados durante el actual gobierno y 1239 desde la firma del acuerdo.

Es evidente que se configura una emergencia de DDHH en los territorios, urge que la comunidad internacional, las organizaciones multilaterales frente a las que el gobierno colombiano tiene obligaciones, y la movilización del pueblo colombiano, exijan al gobierno presidido por Iván Duque, para que implementen de manera inmediata el acuerdo de paz y en especial lo referente a la desarticulación de grupos paramilitares y bandas armadas, garantizando la protección de la integridad y la vida de los lideres, lideresas sociales, defensores de DDHH y firmantes del acuerdo de paz.

Estamos ante una masacre de impresionantes dimensiones, no es admisible que el estado no asuma su responsabilidad, su actitud es una omisión evidente a sus responsabilidades frente al cumplimiento de la constitución política y su deber de ser garante del derecho a la vida. No puede haber dilación frente al cumplimiento del acuerdo, allí radican las claves para detener de una vez y por todas la tragedia de la violencia en los territorios, y garantizar que el sueño de paz e inclusión de las comunidades de la Colombia profunda, no deje de ser eso, un sueño, y se convierta en realidad para construir un nuevo país.