Agencia Prensa Rural

Hombres armados ingresaron a su casa en Montería
Atentado contra presidente de ANZORC
Arnobis y su organización han ganado reconocimiento de la comunidad de la región y de la propia institucionalidad, como legítimos representantes del campesinado y consecuentes defensores de las zonas de reserva campesina, modelo de organización territorial y de las economías familiares campesinas, que hace parte del bloque de constitucionalidad, pero que tiene enemigos declarados, con vocerías en los partidos y poderes tradicionales, que promueven y potencian la acción violenta de grupos armados
Agencia Prensa Rural / Jueves 7 de octubre de 2021
 

Arnobis Zapata, presidente de la Asociación nacional de zonas de reserva campesina, ANZORC, proceso que recoge un centenar de organizaciones campesinas del país, denuncio en su cuenta de Twitter que, en horas de la noche de ayer, miércoles seis de octubre, un numero indeterminado de hombres encapuchados, ingresó a su residencia en la ciudad de Montería, agrediendo a su hijo menor, quien fue golpeado con la cacha de un arma de fuego, cuando era interrogado por el paradero del líder social.

Según Indepaz, después de la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 1248 lideres sociales. Esta escalofriante cifra revela que hay sistematicidad en los ataques criminales contra quienes representan procesos de organización social y comunitaria, y que quienes representan procesos campesinos, de lucha por el derecho a la tierra, al retorno y por la restitución son mucho más vulnerables a la acción de las bandas al servicio de los intereses de los enemigos de la paz, despojadores de tierra y paramilitares.

Arnobis se ha destacado como fundador de la Asociación de campesinos del sur de Córdoba, organización que, en medio del accionar paramilitar latifundista, mantuvo en pie la lucha por la permanecía y la defensa del territorio en esta región del rio san Jorge y estribaciones del nudo de paramillo. Arnobis y su organización han ganado reconocimiento de la comunidad de la región y de la propia institucionalidad, como legítimos representantes del campesinado y consecuentes defensores de las zonas de reserva campesina, modelo de organización territorial y de las economías familiares campesinas, que hace parte del bloque de constitucionalidad, pero que tiene enemigos declarados, con vocerías en los partidos y poderes tradicionales, que promueven y potencian la acción violenta de grupos armados y de “ejércitos anti restitución”, que se oponen a que las comunidades tengan derecho al acceso sobre la tierra. Además, la asociación de campesinos del sur de Córdoba, fue pionera en impulsar el programa de sustitución integral de cultivos, que producto de la desfinanciación y la falta de compromiso del gobierno, se encuentra en dificultades, lo que fortalece la influencia de grupos armados articulados al narcotráfico, enemigos de los procesos de la ruralidad que promueven salidas alternativas a este fenómeno.

En ese contexto, la vida de las y los lideres del campesinado, corren riesgo, mucho mas frente a la indolencia del estado y la pobre o nula implementación del acuerdo final de paz, que contiene las claves para el desmantelamiento y la disolución de grupos armados y paramilitares, que siguen asolando las regiones con la violencia, y la amenaza permanente contra las comunidades y sus representantes.

El aleve ataque contra la familia del dirigente campesino, que pretendía indudablemente agredir su integridad, prende las alarmas de nuevo frente a la situación de seguridad de los liderazgos sociales en ellos territorios. Este atentado exige que el Estado colombiano atienda los requerimientos de seguridad que requieren los lideres sociales, y obliga a que el gobierno colombiano implemente en su totalidad los acuerdos, honrando no solo una obligación constitucional, sino compromisos y tratados internacionales, tal como lo acota el consejo de seguridad de las naciones unidas.

Desde el colectivo de prensa rural, expresamos toda nuestra solidaridad con Arnobis, su organización y el campesinado cordobés. No puede seguir aumentando el escabroso registro de lideres sociales asesinados, desterrados y amenazados, por defender su derecho a la vida, la paz y la tierra. El estado es responsable por la integridad del presidente de la ANZORC y el país tiene la obligación de velar por que se respete a nuestros verdaderos héroes, las y los lideres sociales.