Dos nuevas masacres sacudieron el país en este inicio de mes en Colombia. Con estos nuevos hechos violentos ocurridos los pasados 5 y 6 de noviembre el número de masacres asciende a 85. La primera de ellas ocurrió en la vereda Esmeralda, en zona rural de Puerto Leguízamo en el Meta, el 5 de noviembre cuando dos campesinos fueron sacados de sus viviendas a la fuerza por hombres armados. La misma suerte corrió un joven de 18 años quien fue bajado de una embarcación en la que se movilizaba, las tres personas fueron asesinadas por un grupo de hombres armados.

Pero, sin desconocer los móviles de este hecho, la presencia de los armados en la zona, así como el croquis de los riesgos por los que atraviesan comunidades, fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo por medio de una Alerta Temprana AT 048/20. En esta alerta se advertía de la presencia del Frente 48 Carolina Ramírez articulado al Bloque Suroriental, Comandos Bolivarianos de la Frontera de la Segunda Marquetalia.

Lo mismo ocurrió en los municipios de Agua de Dios en Cundinamarca, la comunidad encontró el 6 de noviembre dos personas asesinadas en un vehículo en donde una tercera se encontraba herida, fue conducida hacia el hospital Clínica Junical, Girardot, pero falleció producto de las graves heridas. En esta zona de país están actuando los grupos armados del Frente 10 Martín Villa, el Bloque Suroriental, AGC, ELN, y han llegado panfletos de las Águilas Negras, Los Paisas y Los Rastrojos, procedentes de los grupos paramilitares.

La Defensoría del Pueblo también había emitido una alerta temprana, la 043/19 en la que se advertía “del control territorial a través de grupos y bandas delincuenciales locales y estructuras armadas organizadas que se movilizan por la zona”.

Sumado a ello, indica el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que el país llegó a 151 líderes y lideresas comunitarias asesinadas, luego de que se conociera del asesinato de Luis Alberto Ramos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio de Monteliévano y cofundador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba.

Entre los cinco departamentos más inseguros para las comunidades y el liderazgo social, político y comunitario se encuentran, Antioquia con 49 personas asesinadas, Cauca con 43, Valle del Cauca con 38, Nariño con 32 y Caquetá con 20.

Movilización por la vida

En el caso del Cauca, la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Carmen Gembuel, asegura que los jóvenes son los más afectados por el conflicto armado, “nos están arrebatando la alegría, sueños y esperanzas de nuestras comunidades” refiriéndose al reclutamiento forzados y a la falta de tierra, condiciones económicas y laborales. “Muchos de nuestros jóvenes se ven obligados a migrar, dejando atrás sus familias y territorios, cayendo en la ruin cadena de los cultivos de uso ilícitos como una alternativa de vida”, principalmente en los municipios de Toribío, Corinto, Caloto y Caldono. Otro número de jóvenes han aparecido asesinados en varias partes del territorio.

Ante esta situación, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se hace un llamado a los diferentes grupos armados para que dejen vivir a los jóvenes pacíficamente en sus territorios, que no los utilicen en esta guerra, pero sobre todo que no los sigan asesinando. Las comunidades indígenas llaman a la sociedad a “unirnos y movilizarnos” y promueven para el 10 de diciembre una gran jornada de movilización.

Precisamente el 8 de noviembre, el dirigente indígena Ovidio Hurtado, fue víctima de un atentado contra su vida en la vereda Santa Helena, en el municipio de Caldono, nororiente del Cauca. Según la Mayora, “las comunidades, organizaciones y sectores sociales, convocan para el próximo 10 de diciembre, -Día de los Derechos Humanos-, a una nueva movilización, donde se espera denunciar la afectación a la vida y a los derechos humanos” agregando que también se exigirá “el cumplimiento de los Acuerdos de Paz” y que se brinde las garantías para la pervivencia de los pueblos originarios.