¿Qué balance hace de estos cinco años de firmado el Acuerdo del Teatro Colón?

 Es una noticia positiva para el imaginario de la nación, que a pesar del partido de gobierno y del presidente Duque, hoy la comunidad internacional y la movilización social siguen presionando para que el Acuerdo de Paz sea implementado. La idea de una solución distinta a la violencia sigue cobrando vigencia.

¿Qué ha pasado con respecto a los componentes de justicia y verdad?

 En materia de lucha contra la impunidad, el Acuerdo se ha convertido en un nuevo estándar a nivel nacional e internacional. Por primera vez tenemos a una guerrilla que con base en su ética revolucionaria reconoce los graves hechos que ocurrieron dentro de la confrontación. Por otro lado, la exigencia de las víctimas, especialmente las de crímenes de Estado, para que la JEP investigue la impunidad provocada por más de 50 años de guerra.

Una de las ideas positivas del Acuerdo que está en el imaginario de la sociedad, es que se amplificó la idea de la justicia, no como pensarían algunos, como prisión, sino que justicia también es restauración, justicia también es esclarecimiento y justicia es asunción de responsabilidad.

La responsabilidad del Estado

¿En cuanto a justicia y verdad, ha visto hechos negativos en estos cinco años?

 Lo negativo es que el Establecimiento en buena parte ha decidido negar su responsabilidad histórica y política en la guerra. Esto se manifiesta en que ninguno de sus principales partidos políticos como el de gobierno, el Liberal, el Conservador ni las Fuerzas Militares han realizado un solo acto de reconocimiento de responsabilidad.

Los partidos políticos deben comparecer ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad porque también tienen responsabilidad en el horror sufrido por Colombia, ya que eso es lo más positivo, que por primera vez el país está debatiendo el rumbo de su memoria histórica para no repetir lo que ocurrió.

Cuando usted habla del Establecimiento, también incluye al Estado…

 La asunción de responsabilidades ante la JEP involucra que hay un nivel de asunción de responsabilidades desde el punto de vista individual, pero también existe uno desde el punto de vista colectivo. Es decir, la JEP y la Comisión de la Verdad deben estudiar muy seriamente el esclarecimiento de una culpa colectiva.

Los excombatientes de las FARC han asumido su responsabilidad colectiva. El Estado colombiano, a pesar de la declaración de responsabilidad del expresidente Santos en el acto ante la Comisión de la Verdad, a pesar de la solicitud de amnistía por parte de Álvaro Uribe, que es un reconocimiento de que se ejecutaron delitos atroces en esa administración, hoy debe haber una responsabilidad colectiva, principalmente del Estado que actuó como garante. El Estado no es juez en esta oportunidad, tampoco es víctima, fue responsable de los problemas estructurales, de las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos.

La JEP, tribunal restaurativo

¿Puede dar un ejemplo de lo que afirma?

 Así lo demuestran los diferentes tipos de confrontación que hemos vivido contra los opositores, que después se transformaron en guerras contrainsurgentes con el apoyo del gobierno estadounidense y que simboliza que sí puede existir una especie de culpabilidad del Estado en la comisión de crímenes graves.

Bajo esa idea, responsables políticos y militares de la nación deben asumir su responsabilidad. Ese va a ser uno de los grandes retos en los informes de la Comisión de la Verdad y de los informes y decisiones de la JEP.

En las últimas semanas se ha intentado imputar a las FARC el delito de esclavitud, ¿qué piensa de eso?

 No puede ocurrir que se intente derrotar moral y políticamente a quienes el Estado no logró derrotar militarmente y que se intente eliminar la idea de que los pueblos sí pueden alzarse en armas cuando no existen mayores oportunidades y posibilidades.

La JEP no se puede convertir en un escenario de guerra jurídica, no es un tribunal de persecución penal. La JEP es un tribunal restaurativo y penal en el sentido de que de no encontrarse verdad se aplicará una vía adversarial, pero es esencialmente una jurisdicción para terminar el conflicto armado, no para hacer guerra jurídica.

Por eso nos preocupa que instituciones como la Procuraduría General de la Nación pretenda imponer esa tesis. Aquí lo que se debe reconocer es la verdad, los hechos, pero es ilógico y es al extremo punitivista pretender que hay que reconocer una calificación jurídica como el esclavismo. Esta situación genera incomodidad, no porque no se pretenda cumplir, sino porque se pretende hacer política por medio de las decisiones de la JEP y eso no es lo acordado.

Gobierno para la paz

Finalmente, ¿qué balance hace de la implementación del Acuerdo?

 Lo que está ocurriendo es una especie de omisión constitucional de la implementación por parte del Gobierno nacional en temas de integridad. Hoy las víctimas no conocen qué es una tierra otorgada, hoy los campesinos están desprotegidos después de la salida de las FARC de los territorios. Es evidente que las instituciones del Estado no funcionan en los territorios, que el Estado es fallido territorialmente.

El Acuerdo hay que verlo como una agenda de cambios que pretende fortalecer territorialmente la participación política y de presencia del Estado en los territorios.

Una de las grandes dificultades es que en la medida que el Acuerdo no se implemente los factores asociados a la violencia, las rentas ilícitas, los grupos que tienen capturado al Estado van a seguir creciendo y Colombia va a estar abocada a iniciar un nuevo ciclo de violencias. Por eso se debe tener en cuenta que el futuro del Acuerdo de Paz depende de quién gobierne.

No creamos que el partido de Gobierno esté comprometido a implementar el Acuerdo, por el contrario, el objetivo de ellos es que Colombia no cambie, esa es su agenda, esa es su correspondencia de clase.

Entonces, ¿qué hace falta para que el Acuerdo se implemente, si es una responsabilidad del Estado?

 Se requiere cambiar este Gobierno, instaurar uno proclive al diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y con organizaciones que mantengan un carácter político y con el sometimiento a la justicia de otras agrupaciones. Mientras eso no ocurra va a seguir favoreciéndose el aparato militar que cada día crece más, sin que se tomen medidas en los territorios. Por ejemplo, es insostenible que el ETCR del Yarí, Urías Rondón, tenga que desplazarse cuando tiene al Ejército a 300 metros.

Los únicos favorecidos con el reinicio de un ciclo de violencia son las derechas del país que se benefician con el negocio de la corrupción del narcotráfico y del negocio de la corrupción de la guerra.

Publicado en Semanario Voz