Entre el 28 de abril y el 20 de julio pasados, al menos 103 personas en Colombia fueron objeto de disparos a sus ojos por parte de francotiradores del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, que causaron lesiones oculares y la pérdida de uno o de los dos órganos de la visión en las personas agredidas.

Los disparos se produjeron por agentes de la fuerza pública en el marco del paro nacional que comenzó el 28 de abril con una oleada de movilizaciones en todo el país y se prolongó por espacio de varios meses, en rechazo a la política económica y social del presidente Iván Duque, en lo que algunos observadores consideran el mayor estallido social de los últimos 70 años en el país.

Fueron al menos tres meses de movilizaciones que exigieron, en el combate callejero, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, la aprobación de la matrícula cero en las universidades públicas y en rechazo a la reforma tributaria, entre otras demandas sociales. El presidente Duque autorizó un fuerte despliegue de unidades del Esmad en las principales ciudades.

Violencia excesiva

La forma en que los escuadrones elite de la policía reprimieron a los manifestantes fueron brutales, informes posteriores les atribuyen numerosas violaciones de derechos humanos, abusos sexuales, torturas, asesinatos intimidaciones y desde luego, los traumas oculares.

Dos organizaciones humanitarias y un centro de estudios, elaboraron en forma conjunta un informe sobre las agresiones visuales a los manifestantes durante el paro nacional, que titularon “Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del paro nacional”. Fue elaborado por la ONG Temblores, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, PAIIS, de la Universidad de los Andes y Amnistía Internacional.

El informe detalla que se encontraron más de 100 casos de mutilaciones oculares, la mayoría en Bogotá. Recuerda que es una práctica importada desde Chile, donde ocurrieron más de 400 casos de agresiones similares, entre octubre de 2019 y mayo de 2020.

Uso desproporcionado de la fuerza

«El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del Esmad desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales», señala el documento.

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

«Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia», explica el documento, que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el paro nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

La juventud en la mira

«En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom», precisó.

Particulariza en el hecho de que, de las 103 personas que recibieron heridas oculares, 14 de ellas perdieron un ojo y otras perdieron la vista de manera irreversible, el 90 por ciento de ellas de género masculino y con edades entre los 18 y los 22 años. Señala además que el 54 por ciento de esos casos se registraron en Bogotá, la ciudad más afectada, seguida por el departamento del Valle con el 11.6 por ciento; Cauca con el 7.7 por ciento, y Nariño, con el 6.80 por ciento de los ataques.

Un caso emblemático de tiros a la vista es el de Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, que el 28 de abril se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del paro nacional. En un momento determinado, Leidy se dio cuenta que varios agentes del Esmad se le acercaban. “Simplemente grité: ¡Ya vámonos!, y acto seguido siento mi rostro supercaliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy angustiada”. Su rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

No son hechos aislados

El saldo final es que Leidy perdió un ojo. La joven considera que el suyo fue un acto de violencia basada en género, por cuanto en ese momento el disparo fue contra ella y ninguno de sus compañeros resultó herido. “Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz”, dijo la joven víctima del Esmad.

El informe de Temblores y Amnistía Internacional afirma que los hechos hacen parte de “un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de las manifestaciones sociales”. Y no se trata de ‘casos aislados’ en el comportamiento de la fuerza pública.

La criminalización posterior de los integrantes de la Primera Línea, que han sido judicializados y encarcelados. La celebración con símbolos nazis en un cuartel de la policía en Tuluá, el reconocimiento implícito que varios oficiales han hecho recientemente de que participaron en varios crímenes contra jóvenes en Cali y otras ciudades, muestra que la juventud colombiana y los motivos de su protesta han sido objeto de brutales actos de represión con elevado saldo de víctimas entre heridos, muertos y lesionados, en una orgía de violencia oficial con no disimuladas expresiones de simpatías fascistas.

Crimen de Estado

Confirma esta tendencia represiva, en la que la juventud colombiana aparece como blanco de la represión oficial, la publicación, al cierre de esta edición, de un informe independiente, coordinado por las Naciones Unidas y con la relatoría del ex Defensor del Pueblo Carlos Negret, que asegura que durante los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha se cometió una verdadera masacre. En una noche, 11 ciudadanos fueron asesinados y 75 más resultaron heridos, en un hecho que el informe califica como de “uso ilícito de la fuerza”.

La auditoría de los hechos fue solicitada por la alcaldesa Claudia López, que el recibir el informe, el pasado lunes, se mostró consternada y solicitó de las autoridades nacionales una investigación a fondo que evite que haya impunidad y se garantice la reparación de las víctimas.

Publicado en Semanario Voz