“Esta conferencia tiene lugar en una fecha histórica para Colombia, para la paz y la situación de los Derechos Humanos en este país”, con estas palabras, el embajador de Bélgica en Colombia, Bert Schoofs, inició su intervención en el seminario internacional realizado el mismo día en el que el país conmemoraba cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc.

Organizaciones sociales, sindicales y campesinas se reunieron el 24 de noviembre, de manera virtual, con europarlamentarios con los que conversaron sobre el estado crítico de los derechos humanos en Colombia y realizaron un balance internacional sobre cinco derechos fundamentales: salud, trabajo, tierra y territorio, alimentación y vida.

Temas como el estado de los derechos humanos en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, análisis de los avances reales y desafíos de la implementación del acuerdo para una paz estable y duradera, y el derecho a la movilización social social y su tendencia a la violación sistemática, fueron abordados por investigadores, líderes sociales y campesinos, representantes de la sociedad civil y europarlamentarios.

Para Mauricio Soto, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y ponente del seminario, la situación de derechos humanos en Colombia, y sobre todo en departamentos como Antioquia, es preocupante y cada vez tiende a agravarse, sobre todo en zonas rurales con poca presencia integral del Estado y su oferta institucional.

“Nosotros como IPC hemos percibido que las condiciones estructurales que alimentan el conflicto no han cesado, permanecen en los territorios, y mientras esas condiciones permanezcan muy difícilmente se podrá hablar de un contexto en el cual haya una mejoría en la situación de los DDHH”, dijo.

Soto destacó que la grave situación en la que viven campesinos, pescadores y mineros de la región del Bajo Cauca en Antioquia, por ejemplo, se debe a que, después de la salida de la antigua guerrilla de las Farc, el Estado no ocupó integral ni efectivamente los territorios, sino que “generó un escenario propicio para que se diera todo un contexto de alta vulneración a los DDHH”.

Igualmente, la vulneración al derecho a la protesta social fue otro de los temas críticos que se discutió en el evento. Según el presidente de la Federación General de Trabajadores de Bélgica, Thierre Bodson, tanto en Colombia como en Bélgica, las personas que se atreven a protestar se arriesgan a una persecución política, una detención arbitraria o a actos aún más graves como la desaparición o el asesinato: “Cada vez más el gobierno colombiano se niega a dialogar, escuchar y respetar, sino que responde con violencia y demuestra que no ha entrado todavía a transitar hacia la paz».

Durante este 2021 y con fecha de corte al 1 de diciembre, en Colombia han sido asesinados 160 líderes y defensores de derechos humanos, y 1.275 desde la firma del Acuerdo de Paz, según la Fundación Ideas para la Paz. Así mismo, esta organización en conjunto con la ONG Temblores reportaron 80 víctimas de violencia homicida en el Paro Nacional

Este seminario internacional también contó con la presencia de Daan Fonk, miembro del gobierno de la comunidad de Bruselas, y Ben Vandoren, del gabinete parlamentario de Bruselas, quienes se refirieron al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador, el cual aún no ha sido ratificado por Bélgica.

“Sentimos mucha presión con el tema de la ratificación porque Bélgica es el único país que no ha ratificado el acuerdo, pero también hay presión del lado de la sociedad civil colombiana. Nosotros estamos al tanto de las difíciles situaciones políticas y económicas en estos países y el deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia y eso hace que ratificar sea aún más problemático. Pensamos que la Unión Europea debería desempeñar un papel mucho más activo y constructivo en el proceso de paz en Colombia”, comentó Daan Fonk.

¿Por qué es importante estos espacios entre la sociedad colombiana y los europarlamentarios?

Según Juliana Millán, coordinadora del programa de Economía Social y Solidaria de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), las organizaciones nacionales tienen el deber de hacer conocer a todas las personas la situación actual de los derechos humanos en el país para poder generar condiciones de igualdad, bienestar y buen vivir.

“La idea de que los europarlamentarios pudieran hablar con las organizaciones sociales en Colombia genera una presión para el gobierno nacional y para las empresas internacionales que tienen relación con el país, porque se tiene una información diferente y directa a la emitida por la oficialidad, y eso hace que puedan llevar requerimientos al interior del parlamento que son importantes para la toma de decisiones frente a la cooperación internacional”, expresó Millán.

Así mismo, Jo Vervecken, oficial del programa Colombia del Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOS por sus siglas en neerlandés), destacó que este evento fue un paso muy importante para generar un contexto internacional y una presión hacia las autoridades colombianas.

“Está más que comprobado que las autoridades colombianas fallan en su deber y obligación de la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia, a pesar de su discurso a nivel internacional. En el 2022 esperamos poder mantener el pulso, ampliar nuestra campaña de apoyo de la cooperación belga, sumar más personas y organizaciones, y seguir moviéndonos por los derechos”, agregó Vervecken.

Este seminario se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Muévete por sus derechos, también son los tuyos”, una iniciativa de organizaciones sociales, sindicales y campesinas en la que invitan a la sociedad civil a movilizarse por el derecho a la vida, la tierra y el territorio, la alimentación, la salud y el trabajo.