El Día D llegó el primero de diciembre del 2016. Ese jueves fue la hora cero del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Un pacto negociado en La Habana, Cuba, que puso fin a 52 años de confrontación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Aquel día, miles de hombres y mujeres emprendieron su última marcha insurgente hacia 26 puntos de la geografía nacional, seleccionados previamente por las delegaciones de paz. Desde las montañas de Colombia, donde se firmaron cientos de comunicados y proclamas, la guerrillerada emprendió camino hacia las denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, una de las novedosas y variadas fórmulas que se crearon para la implementación del acuerdo, producto de cuatro años de conversaciones.

Durante dos meses, las columnas guerrilleras recorrieron a pie, en buses o en canoas el trayecto hacia esas 26 zonas veredales, el primer trayecto de un camino con destino a la vida civil. Aún con camuflados, fusiles y equipos, arribaron a las coordenadas previstas a esta primera estación. “La zona veredal de La Elvira no era más que tierra removida”, recuerda Pablo Catatumbo, excomandante guerrillero, sobre la llegada con sus tropas al punto de Buenos Aires (Cauca). “Guerrilla y población de la zona miraban con asombro esa enorme área repleta de nada: ni los basamentos de las áreas comunes, ni los materiales esperados, ni un mínimo suministro de agua”, agrega Catatumbo, hoy senador de la República. “Es increíble que no haya nada montado, que la gente no encuentre ni agua”, dijo, por su parte, el fotógrafo Jesús Abad Colorado, en su acompañamiento a la zona veredal de Tierralta (Córdoba).

Las zonas veredales empezaron a funcionar entonces con caletas, ranchas y letrinas a la usanza de la vida insurgente, mientras que a paso de tortuga avanzaban las adecuaciones para habitación y servicios sanitarios. En la mayoría de ellas, los trabajos no culminaron. En otras, ni siquiera llegaron al cincuenta por ciento, según consigna un informe de la Defensoría del Pueblo del 2017.

Es el caso de la de Mesetas (Meta), con un 32,5 %. Allí, cuatro meses después de culminada aquella última marcha, Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos volvieron a reencontrarse en un apretón de manos, luego del que sellara la firma del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá. El último de los comandantes de las FARC y el presidente de la República encabezaron el acto final de la dejación de armas. Fue el 27 de junio del 2017, cuando casi diez mil fusiles de todo tipo, material explosivo y abundante munición fueron dados a custodia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Todo un arsenal que pasaría a ser fundido con el propósito de convertirse en monumentos.

“Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”, dijo Londoño, quien hasta ese momento fue el comandante Timoleón Jiménez o Timochenko. La guerra, al menos para los trece mil firmantes del acuerdo, empezaba a ser cosa del pasado.

Las zonas veredales se transformaron en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Y la antigua guerrilla pasó a ser un partido político legal, con la denominación de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Misma sigla pero con nuevo significado, una decisión tomada por votación de las delegaciones que participaron de su Congreso fundacional. No por mayoritaria, esta disposición evitó las críticas, pues mantener una sigla con la que se ejerció la guerra durante más de 50 años podría ser contraproducente. Esto ocurrió en Bogotá a nueve meses del Día D, como en un ciclo vital necesario para parir al nuevo ser: el ahora Partido FARC. Con personería jurídica y la bandera de la rosa roja que los identificaría a partir de entonces, las delegaciones regresaron a sus territorios para proseguir con su nuevo camino.

Mientras que la dejación de armas tomó doce páginas del acuerdo, la reincorporación se despachó en cinco, ambos temas como parte del capítulo denominado “Fin del conflicto”. La reincorporación es “un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP, de sus integrantes y sus familias”, reza el documento.

“La reincorporación se diferencia de los demás acuerdos precedentes en Colombia porque se concibe de carácter colectivo y porque buscar garantizar a los excombatientes el ejercicio de sus derechos como ciudadanos”, explica Pastor Alape, exnegociador de paz y hoy delegado al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la instancia creada para esa misión.

Sembrando paz

El 66 por ciento de excombatientes farianos es de origen rural y el 60 posee una vocación agropecuaria, según constató un censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia. Esta vocación se vislumbró en los ETCR, donde empezaron a surgir decenas de proyectos productivos, la mayoría ejecutados con recursos propios: cultivos de alimentos, corrales con especies menores, huertas y tiendas comunitarias. También empezaron a florecer otras iniciativas con la proyección de convertirse en vocación socioeconómica: confecciones, cerveza artesanal, artesanías y turismo son algunas de las ramas en las que han incursionado.

Algunos de los proyectos han recibido apoyo de la comunidad internacional. Otros reciben financiación estatal como parte de lo previsto en el acuerdo: ocho millones de pesos por persona como capital semilla. Hasta el momento van 54 proyectos colectivos tramitados, que reúnen a 2.587 personas, según datos del CNR. Entre las iniciativas aprobadas hay de ganadería, piscicultura, confecciones, turismo y servicios.

El café ha sido uno de los productos favoritos. Hay cuatro marcas de café cultivado y cosechado por exguerrilleros: Esperanza, Marquetalia, Maru y Paramillo. El Esperanza, producido en el norte del Cauca, es suave como una brisa del mar que pega en la cordillera. Fue postulado para un concurso internacional en representación de Colombia. En Nueva York, la empresa Illy lo seleccionó como el mejor café del mundo en el 2019. Restricciones del país anfitrión impidieron que algún excombatiente asistiera a recibir la condecoración, que finalmente llegó a través de la Federación Nacional de Cafeteros. Esta entidad, además, otorgó el reconocimiento “Héroes de la Caficultura” a Antonio Pardo y Nativel Chantré, quienes lideran el proyecto en la vereda Monterredondo, municipio de Miranda (Cauca). Allí reciben el apoyo de entidades del gremio cafetero que hoy los ven como colegas.

El Café Maru se cultiva en el Meta y es picante como el sol que abrasa los Llanos Orientales. Su nombre es un tributo a Manuel Marulanda, el legendario fundador y comandante de las FARC hasta su muerte por causas naturales en el 2008. Uno de sus hijos, Rigo, también vinculado a la organización, es uno de los artífices del Café Maru, que lleva el eslogan “Con aroma a reconciliación”.

El Café Paramillo se produce en Antioquia y tiene un sabor dulce como los frutos que florecen en el nudo montañoso del que tomó su nombre. Se ha exhibido en varias ferias y en septiembre del 2019 llegó hasta el Congreso de la República, a donde fue llevado por el representante José Daniel López, de Cambio Radical. “A los congresistas se les vio beber complacidos con las cosechas de la paz”, consignó el diario El Tiempo sobre la nueva marca degustada por los parlamentarios.

El Café Marquetalia es fuerte como el magma volcánico del subsuelo de la Cordillera Central. Se cosecha en las montañas de Planadas, las mismas donde en mayo de 1964 tuvo lugar la famosa Operación Marquetalia del Ejército contra 48 campesinos alzados en armas. Dicho ataque se convertiría en el hito fundacional de las FARC.

Marquetalia era el nombre de la hacienda donde hacían vida colectiva algunas familias campesinas refugiadas de la violencia política de mediados del siglo veinte. Y es un nombre constantemente evocado en la memoria colectiva fariana. Pero “como Marquetalia no hay dos”, advierte Gabriel Ángel, exguerrillero en proceso de reincorporación en Bogotá, hoy escritor y columnista. Su pluma en constante actividad parece honrar la consigna que dejó Timochenko en el Meta: “Nuestra única arma será la palabra”. Desde entonces, Gabriel ha publicado cuatro libros de novelas y cuentos de ficción histórica que recrean el lado humano de la vida clandestina; historias inspiradas por sus propias vivencias en los treinta años que militó en las FARC-EP.

Así como ahora esgrimen el arma de la palabra, también lo hacen con la del deporte. Es el caso de Remando por la Paz, un equipo conformado por exguerrilleros que representó a Colombia en el Mundial de Rafting de Australia del 2019. Deiver Buitrago, Jimmy Charry, José David Gamboa, Edison Gaviria, Lorena Leiva, Hermides Linares, Frellin Noreña y Édgar Portela integran este equipo, surgido como parte de un proyecto con sede en San Vicente del Caguán (Caquetá) que busca promover el ecoturismo en el río Pato.

Antiguo escenario del conflicto armado, el río Pato también se caracteriza por tener un rápido caudal, idóneo para la práctica del canotaje o rafting. Por eso, ocho miembros del proyecto se capacitaron en esta modalidad deportiva para promoverla como parte de sus planes turísticos. Luego fueron invitados por la Federación Internacional de Rafting al Campeonato Mundial. Recibieron la bandera de Colombia de manos del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y con el apoyo de la ONU cruzaron el Pacífico para llevar un mensaje de reconciliación. Allí, la Federación Internacional de Rafting les dio el reconocimiento especial Iniciativa de Paz, y el diario El Espectador les otorgó el Premio al Juego Limpio Guillermo Cano 2019.

“Remando por la Paz es el equipo de rafting que cambió la lucha en el campo de batalla por el trabajo en equipo en la competencia. Otra muestra más de que el deporte es la mejor herramienta de transformación social”, dijo el ministro Lucena sobre la escuadra. Luego de representar al país en Australia, organizaron el Campeonato Nacional de Rafting en el ETCR de Miravalle, en San Vicente del Caguán, donde hoy siguen remando por la paz.

Sin tierra prometida

“El acuerdo de paz no estipuló un beneficio directo para los excombatientes en términos de acceso a tierras”, le dijo Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, al diario El Espectador en diciembre del 2019. Con este pretexto, el Gobierno ha eludido la necesidad de resolver la carencia de tierras para la reincorporación de los trece mil excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil. ¿Esperan entonces que hagan sus casas en el aire? ¿Que aren sus proyectos en el mar?

Varios de los proyectos productivos, que son de carácter agropecuario, están paralizados por no tener un lugar donde implementarlos. Otros están en predios arrendados, lo que genera un rubro adicional. Además, los ETCR donde aún habitan tres mil exguerrilleros, más sus familiares y comunidades, están en limbo jurídico. El decreto que los cobijaba se venció en agosto del 2019 y hoy no tienen una figura transitoria ni el reconocimiento de las administraciones locales. Algunos de los ETCR lograron gestionar acuerdos colectivos para continuar en el mismo lugar y están en los trámites burocráticos para formalizarlos. Los demás tendrán que volver a sembrar en otra tierra.

Tejiendo paz

Agricultores, artesanos, cableoperadores, congresistas, enfermeros, escritores, estudiantes, fabricantes de cerveza, ganaderos, guardaespaldas, guías turísticos, piscicultores y sastres. Estas son algunas de las formas en las que los excombatientes se ocupan en su nueva vida civil. Con motivo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, los talleres de confección de los ETCR se volcaron a la elaboración de tapabocas para dotación propia y de las comunidades aledañas. La experiencia fue positiva y pronto la producción se amplió a la donación para grupos vulnerables (como adultos mayores, indígenas y presos) y para vender al por mayor. Una buena forma de aprovechar su capacidad organizativa, la misma que ha permitido que los espacios de reincorporación se mantengan hasta el momento sin ningún contagio.

Pero sus preocupaciones por la pandemia no son peores que las que generan las amenazas de “hacer trizar el Acuerdo Final”, como pidió un dirigente del partido de gobierno. También los atormenta la zozobra que causa el constante asesinato de firmantes de la paz. Según la ONU, hasta marzo del 2020 habían sido víctimas de 175 homicidios, mientras que en el registro del Partido FARC, esa cifra ya llega a los 200. Pese a todo, siguen transitando este camino, con nuevos equipos en su mochila y vivas esperanzas en esta segunda oportunidad sobre la tierra.

*Publicado originalmente en "Talleres distritales ciudad de Bogotá 2020".