El 15 de marzo siete de las principales organizaciones campesinas del país (Fensuagro, CNA, Anzorc, Anuc, Cima, Pupsoc y la MUA) junto al IEI de la Universidad Javeriana y Dejusticia entregamos a la Comisión de la Verdad un informe con el que buscamos dar cuenta de los principales daños e impactos que ha afrontado el campesinado dentro del conflicto armado.

Este informe concluye con doce grandes recomendaciones que buscan lograr garantías de no repetición frente a la violencia sufrida y reparar los daños que han sido ocasionados dirigidas a la Comisión de la Verdad, al Estado colombiano y al conjunto de la sociedad.

Estas recomendaciones deberían ser discutidas, estudiadas e implementadas por el próximo Gobierno y el próximo Congreso, reconociendo al menos tres hechos.

El primero es que el campesinado ha sido la principal víctima del conflicto armado y en consecuencia es urgente avanzar en una reparación histórica hacia este sujeto social. Esta situación se hizo evidente en las cifras expuestas en el informe pues, entre 1958 y 2018, más del 58 % de las víctimas de violencia sociopolítica fueron campesinas. Igualmente, entre 1958-2019 al menos el 63,6 % de las víctimas de desplazamiento forzado también fueron campesinas.

El segundo, sobre el campesinado existen al menos siete patrones de violencia y discriminación que se han creado o reforzado en el marco del conflicto armado. Estos patrones hacen que el campesinado siga siendo violentado y excluido y, por lo tanto, es necesario y urgente buscar rutas para desmontarlos si realmente queremos construir garantías de no repetición.

Dentro de los patrones expuestos se encuentran: la desterritorialización; el despojo del poder político como sujeto colectivo, golpeando sus propias formas organizativas y las colectividades políticas cercanas a sus banderas de lucha; la profunda estigmatización que tilda a este sujeto social como guerrillero, narcotraficante o deforestador; la implantación de un modelo de desarrollo que resulta adverso a la economía campesina; entre otros.

Tercero, pese a este estado de cosas, hoy en día el campesinado sigue representando al menos el 28,4 % de la población mayor de 15 años que se reconoce como tal, equivalente a más de 4 millones de personas, quienes desde una postura resilente siguen formulando propuestas, reivindicando su ser campesinado y las diferentes formas de vida campesina.

Quiero entonces, referirme en esta columna a tres de las doce propuestas planteadas.

La primera de ellas es la necesidad de adoptar de manera inmediata la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales de Naciones Unidas, con el propósito de que el campesinado pueda finalmente ser reconocido en su diversidad como un sujeto pleno de derechos.

Para justificar esta recomendación es importante recordar que el campesinado no participó en la Asamblea Nacional Constituyente con una voz propia, entre otras razones por el grado de victimización y de la desestructuración y desaparición de una buena cantidad de sus procesos organizativos, eso hace que el campesinado tenga hoy un déficit de protección jurídica si se le comprara con otros sujetos de la ruralidad. Aunque este déficit de protección ha venido siendo subsanado gracias a una lectura campesina de la Constitución implementada por la Corte Constitucional, la adopción de la declaración afianzaría ese camino.

La segunda propuesta surge de reconocer el déficit de reconocimiento, redistribución y representación del campesinado. Para transformar esta situación es indispensable la formulación y ejecución de una política pública marco a su favor (obligación contenida en el artículo 253 de la Ley 1955 de 2019). Esta política pública tiene el enorme reto de avanzar de manera decidida en garantizar la igualdad material de este sujeto social -como un sujeto histórico y no solamente como productor agrario- no simplemente como beneficiarios, sino que se garantice que las organizaciones campesinas tengan un lugar protagónico en su diseño, implementación y evaluación.

En tercer lugar, es ineludible atender el reclamo campesino de adelantar una reforma agraria pues esta demanda ha sido silenciada de manera sistemática. Colombia es hoy en día uno de los países más inequitativos en relación a la tenencia de la tierra, con un Gini de tierras que oscila entre 0.8 y 0.9 llegando casi a la desigualdad absoluta (equivalente al 1).

En este sentido es urgente reforzar el sistema nacional de reforma agraria, y retomar el cumplimiento del punto uno del Acuerdo Final, hacia una reforma rural integral, en especial, los esfuerzos por lograr el acceso a tres millones de hectáreas de tierra por parte de quienes no tienen o tienen tierra de manera insuficiente.

Para esto es indispensable que la Agencia Nacional de Tierras revise en detalle los obstáculos que enfrentan los procesos agrarios; que se cree la jurisdicción agraria y que la Unidad de Planificación Rural, junto con la Agencia de Desarrollo Rural priorice el uso del suelo rural para la producción de alimentos y conservación del medio ambiente por parte del campesinado.

Una expresión importante del campesinado en Colombia ha presentado al menos doce propuestas sobre los caminos que deberían seguirse para transformar su realidad social, en esta ocasión ¿serán estudiadas, discutidas y materializadas por el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso?

Publicado en Dejusticia