El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual de evaluación del estándar de cumplimiento de los derechos humanos en cada país, cuestionó duramente la situación colombiana examinados los hechos del 2021 y en algunos casos del 2020.

Su primera mirada se centró en las acciones de la Policía, en particular del ESMAD, durante las protestas del año pasado. Las señala de haber participado en hechos que terminaron en la muerte de 25 manifestantes.

"Según informes del Gobierno y de ONG, los agentes de policía mataron a varios civiles en todo el país durante las protestas que comenzaron el 28 de abril. La ONG Human Rights Watch recopiló información que relaciona a policías con 25 muertes de civiles durante las protestas, incluidas 18 con munición real", narra el dossier.

Además de los muertos en los paros, el documento del Departamento de Estado, que le sirve como base a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano para la asignación del presupuesto anual que les otorga a las Fuerzas Armadas y a la Policía colombianas, también relacionó casos de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza con golpizas a civiles y denuncias sobre presuntos abusos sexuales a los detenidos.

El informe nombra decisiones judiciales contra militares involucrados en asesinatos fuera de combate:

"El 6 de julio, la JEP emitió cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra un general de brigada retirado, otros nueve oficiales del Ejército y un civil en un caso de supuesta ejecución extrajudicial y desaparición de al menos 120 civiles en Norte de Santander entre 2007 y 2008".

De otro lado, el Departamento de Estado dedicó parte de sus análisis a los 133 asesinatos en los territorios de defensores de derechos humanos en el 2021. Más de 400 líderes de las comunidades y de los 291 de los excombatientes de quienes dijo que no han contado con garantías del Estado para que éste les cumpla los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.

En otras materias, el documento norteamericano sobre Colombia centró su atención en las violaciones de derechos de los civiles en desarrollo de los enfrentamientos entre bandas criminales y el Estado, los ataques a los periodistas en cuanto a libertad de expresión, y la discriminación de poblaciones específicas por género y por preferencias sexuales.

En definitiva, Colombia no salió bien librada de la mirada internacional.

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