En tiempos de campaña electoral es usual que todos denuncien la corrupción, hagan promesas para acabarla y acusen a sus contrincantes de promoverla. Una de las medidas más populares es la del aumento de penas, aunque ya sabemos que entre anunciarla y aprobarla hay mucha distancia, y que aplicarla puede resultar complejo, sobre todo cuando la politización de los órganos de control y de justicia posibilita una imposición selectiva, y cuando no se cuenta con estrategias de prevención ni con dispositivos de investigación efectiva.

Tal es la situación de la lucha contra la corrupción en nuestro caso, donde a pesar de los reiterados anuncios de mano dura, seguimos siendo uno de los países más afectados por este flagelo, con tan altos índices de impunidad y favorabilidad para los corruptos, que nos ven como su paraíso: La clasificación publicada por U.S. News & World Report sobre percepción de corrupción, basada en una encuesta aplicada a más de veinte mil ciudadanos en el mundo, nos ubicó en el deshonroso primer lugar en 2020, y en el segundo en 2021 [1].

Una de las claves para entender el problema está en la consulta popular anticorrupción que se realizó en 2018, con medidas dirigidas a fortalecer el control social y la transparencia en la contratación estatal y el ejercicio de la función pública. Iniciativa que fue promovida por un amplio sector de la sociedad y que, aunque no alcanzó el umbral de aprobación, recibió el apoyo de más de once millones de personas y permitió evidenciar la postura de los diferentes agentes políticos: la consulta fue liderada por organizaciones de la oposición, como las que hoy constituyen las coaliciones de Pacto Histórico y Centro Esperanza, y aunque el partido de gobierno se había comprometido a impulsarla, finalmente se dedicó a descalificarla y a promover la abstención para impedir que alcanzara el mínimo de votantes exigido.

Luego de sabotear la consulta y para recuperar credibilidad, el presidente Duque prometió tramitar en el Congreso, con mensaje de urgencia, un paquete de leyes que recogiera la propuesta; pero de nuevo le mintieron al país: los proyectos no recogieron el clamor ciudadano, llegaron incompletos y mucho después de lo prometido, no tuvieron mensaje de urgencia y terminaron por hundirse en medio de los trámites dilatorios y tramposos de las propias mesas directivas y bancadas parlamentarias de la coalición de gobierno.

Aunque, gracias a la labor de organizaciones sociales, se ha elevado la censura a los corruptos y se han impuesto algunas sanciones, varias situaciones darían cuenta de que el Centro Democrático y sus aliados han logrado fortalecer la estructura favorable al saqueo de lo público:

1) La persecución y agresión a líderes sociales, lo que imposibilita y desalienta el control social y la denuncia;

2) la instrumentación, mediante la hegemonía política y nepotista, de los organismos de control y de justicia como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría;

3) La promoción de normas que favorecerían la corrupción, como el castigo penal a denunciantes y periodistas cuando la queja no termine en condena [2], la suspensión de ley de garantías electorales y la liberación de recursos públicos en medio de la contienda electoral; y

4) La escalada institucional de prácticas corruptas, con eventos de nivel ministerial como el protagonizado por Abudinen y Centros Poblados (tan similar a lo de Arias y Agro Ingreso Seguro); o los reiterados escándalos en la Fuerza Pública por el turbio manejo de recursos de seguridad y defensa.

Con este panorama, la derecha acude de nuevo a la distracción y, como ya no le alcanza el tiempo ni la confianza para prometer un nuevo paquete de leyes, ofrece resolver la situación en un próximo Gobierno; uno que parezca un cambio, aunque repita viejas fórmulas del actual presidente, o que contemple medidas ya existentes, pero no implementadas. Desde La Picota el candidato Federico Gutiérrez, el de Uribe, dice que aumentará las penas y quitará los beneficios a los condenados, dará muerte política a los corruptos, implementará los “pliegos tipo” en la contratación pública y hará su registro en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.

Estas, que son las mismas propuestas de Uribe en su época, o que ya existen parcialmente, provocan varias preguntas: Si en veinte años de gobierno no lo han hecho y han ido exactamente en el sentido contrario, ¿qué garantizaría que lo hagan en un próximo periodo con Fico? Si estas medidas hacían parte de la propuesta que se sometió a consulta popular, ¿por qué le hicieron campaña en contra y por qué después hundieron los proyectos de ley? Y si durante todo este tiempo han manejado la contratación, el SECOP, el Congreso, los organismos de control y la Fiscalía, ¿cabe alguna duda de que ha existido de su parte connivencia con la corrupción?

De Uribe y sus designados sabemos que frente a los corruptos hay más corazón grande que mano firme; del Congreso, que se ha convertido históricamente en un obstáculo para las reformas que se requieren; de Petro y los movimientos alternativos, conocemos su determinación para denunciar la corrupción y enfrentar a poderosos sectores dedicados al saqueo de lo público; también sabemos de la férrea decisión con que promovieron la consulta popular anticorrupción, que de seguro tendría en su Gobierno una mejor oportunidad. Como dice una clásica enseñanza cristiana, dirigida a diferenciar falsos profetas: “Por sus obras los conoceréis”.

Revista Caja de Herramientas
Edición 774 – Semana del 23 al 29 de abril de 2022