Ya están las cartas sobre la mesa. Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya del pasado jueves quedaron repartidas claramente en las manos de Colombia y Nicaragua.

Lo que viene –y conviene– ahora, es dirigir las miradas al frente para ver hacia qué lado nos deben conducir estos acontecimientos y a partir de ahí pensar y trabajar en lo que corresponde hacer: dialogar, negociar y llegar a acuerdos. No hay de otra.

Este veredicto de la CIJ se puede catalogar como un fallo realista, puesto que no plantea metas inalcanzables, se centra en las soluciones más que en los problemas y está basado en los elementos consignados en la sentencia de 2012, con la que el mismo tribunal le reconoció a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en más de 70.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe que antes estaban bajo la jurisdicción colombiana.

La negociación planteada, hay que admitirlo, será muy compleja. Pero los puntos claves, como el derecho del pueblo nativo del archipiélago a la pesca artesanal y el desarrollo sostenible y solidario de una Gran Seaflower, cuentan con un ambiente favorable que podría propiciar un entendimiento entre las partes o, por lo menos, avances de gran importancia y beneficio para ambos pueblos.

Colombia y Nicaragua deben sentarse a construir una nueva relación bilateral sobre la base de este fallo de La Haya. Una que implique la profundización de la relación de hermandad que existe entre las comunidades de la históricamente conocida como costa de la Mosquitia y las islas colombianas, característica tal que hace a los dos países particularmente hermanos y no enemigos, que es como los gobiernos de Managua y Bogotá se han tratado en los últimos veinte años al mostrarse más los dientes que las cartas diplomáticas.

Las puertas del Gran Caribe están abiertas para Colombia. Centroamérica, en general, es una región que nos merece toda la atención en todos los sentidos, pero requiere de un cambio de mentalidad que implique superar el radicalismo imperante y las diferencias, como estas que ha arbitrado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Es más probable hoy acortar distancias políticas por la vía diplomática y no por medios tan dogmáticos como el militar y los fuertes cruces verbales de los presidentes de turno.

El nuevo presidente de Colombia debe estar consciente de que ya está marcado el punto de partida del derrotero a seguir para resolver esta vieja confrontación, cuya solución definitiva ya no aguanta más alargue, forcejeos ni sectarismo.

La estrategia del nuevo gobierno colombiano requiere no solo un nuevo enfoque sino de verdaderos internacionalistas (raizales y continentales) que evalúen y respondan con acierto las pretensiones nicaragüenses y sepan defender con argumentos y firmeza las propias. Negociar, pues, se presenta como el verbo a conjugar en adelante por parte de las dos naciones. Y lo mejor para el pueblo insular es que Colombia y Nicaragua se ajusten al derecho internacional resultante de este litigio.

Este es un momento único para ello. La lucha del pueblo raizal podría tener la ocasión sin igual en la historia para fortalecerse en todos los aspectos a fin de afrontar los enormes retos que se desprenden de este nuevo veredicto judicial. Por tanto, ante esta nueva realidad, se torna imperativo que la sociedad civil asuma, una vez más, el papel que le corresponde y salga a reclamar de sus gobernantes total agudeza visual para poder ver más allá de los mapas y permanecer vigilantes para que estos no incurran en los mismos errores de otras épocas. Nada más perjudicial para los isleños que permanecer pasivos frente a esto.

Tanto los líderes continentales como los raizales tienen por delante entonces la tarea de emprender una gestión clave, histórica, pero de manera conjunta, que procure el reconocimiento total de los derechos del pueblo isleño, en general, con un enfoque más allá de la seguridad alimentaria y de las operaciones contra el narcotráfico que los lleve a consolidar los anhelos de fraternidad, solidaridad, cooperación mutua y justicia entre las dos naciones.

La acción de los grupos de activistas más visibles de las islas que existen desde hace décadas y que han venido impulsando estrategias distintas a las del gobierno nacional, como el dialogo directo con el presidente Ortega, por ejemplo, y han estado poniendo la cara por el territorio, la defensa de la historia, la cultura y las tradiciones nativas, lamentablemente casi solos, tiene ahora un escenario más despejado —se podría pensar— para seguir en la búsqueda de un porvenir sin el pesado lastre de este diferendo limítrofe.

El Isleño