Las palabras de Carlos Ruiz Massieu Representante de las Naciones Unidas en Colombia, demandando transparencia e investigación exhaustivas ante los actos de corrupción en los manejos de recursos de la Paz resultan oportunistas e hipócritas, teniendo en cuenta las posibles irregularidades por parte de este organismo en el manejo de los mismos.

“Transparencia en el uso de valiosos fondos para la paz exige que todos los posibles actos de corrupción sean investigados a fondo por las autoridades, y confío en que así será” Carlos Ruiz, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 14 de julio 2022.

Se necesitó un cambio de gobierno para que la ONU “se diera cuenta” de las irregulares en la implementación del proceso de Paz, para ellos no basto los cinco años de recolección de denuncias y quejas por parte de la sociedad civil.

Paradójicamente Carlos Ruiz solicita transparencia en el uso de los recursos de la Paz, olvidando que su oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC, se encargó en repetidas ocasiones en dificultar los procesos de auditoria por parte de las comunidades campesinas garantes del proceso de Paz, invocando privilegios e inmunidad de las Naciones Unidas para justificar la no entrega de información financiera de los contratos a su cargo. Ante la negativa de la ONU, a las organizaciones garantes les fue imposible realizar veeduría a esas posibles irregularidades.

Recordemos que la UNODC ha celebrado contratos con recursos de la Paz por un total de $535.320´000.000 correspondiente al 22.71% de los recursos para la Sustitución de Cultivo, según muestra el informe del 3 de junio de 2022 de Fondo Paz .

Es evidente el afán de las Naciones Unidas de congraciarse con el gobierno entrante, por esto, no sorprende el “retiro” del Represéntate de la UNODC Pierre Lapaque, quien promovió la erradicación forzada y ofreció los servicios de su oficina para evaluar el impacto de la aspersión con glifosato, además de entregar la información social del programa PNIS en su custodia al Estado para que posiblemente se realizaran operativos de erradicación forzada y capturas en marco del plan ARTEMISA.

“Desafortunadamente Colombia tiene el 70 por ciento de la hoja de coca a nivel mundial. Si se trabaja solo con la voluntaria, se va a demorar mucho tiempo para ver un resultado rápido. Por eso la erradicación forzada es una decisión necesaria, porque va a tener un impacto rápido con el riesgo de la resiembra. Se necesitan proyectos productivos, hay que invertir, sacar dinero para darle un futuro a esos campesinos” . Lapaque, El Tiempo, 29 de enero de 2021.

“Nuestro papel, dice P.Lapaque, si el Gobierno lo quiere, es de apoyo, de hacer una auditoría para ver si la aspersión que va a empezar se hará dentro de este marco, velando por las comunidades y disminuyendo el riesgo sobre el medioambiente y la salud”. El Tiempo, 29 de enero de 2021.

Se puede afirmar que las posturas de Lapaque más que técnicas fueron políticas, pensadas en no incomodar al gobierno de Duque, a pesar de que dichas posturas contradijeran los datos oficiales de su misma oficina, las cuales muestran que la erradicación forzada no es exitosa. Dichos planteamientos de Lapaque perderían vigencia en el gobierno entrante que abiertamente ha dicho no al glifosato.

Según Camilo Gonzales de INDEPAZ a las contradicciones de Lapaque “Por un lado, dice que es más eficiente la erradicación forzada y por otro, menciona que la resiembra en este caso llega al 50%, y debería agregar que al año es superior al 70%. Por esa información sesgada que ha entregado en la entrevista (al El Tiempo), Lapaque no advierte que con un total de más 100.000 hectáreas erradicadas por las fuerza armadas y la policía antinarcóticos, el efecto neto en 2019 ha sido una disminución de 16.000 hectáreas” .

Las Naciones Unidas adeuda a la sociedad civil colombiana el papel de garante del proceso de Paz, el cual se fue desdibujando con cada contrato que recibía del gobierno de Duque, siendo notoria la amalgama de retazos de declaraciones condescendientes ante los diferentes hechos de violación de derechos humanos y casos de corrupción que debilitaron El Acuerdo.

El proceso de Paz requiere de una cooperación internacional que realice evaluación de la implementación de la paz y genere las recomendaciones necesarias de manera oportuna, que su neutralidad no esté supeditada por sus intereses gobiernistas.