Según el programa de gobierno con el que se comprometió el presidente de Colombia Gustavo Petro, el campo colombiano será el eje articulador de la reactivación económica, la generación de empleo, la dinamización regional y la superación de la pobreza.

Además, será uno de los mayores retos en materia alimentaria, amén de las implicaciones que tiene la producción agroalimentaria en materia de seguridad nacional. Todo lo anterior con el propósito de saldar la deuda que tiene el país con el campesinado y los pueblos rurales.

Durante el nuevo gobierno sí se hará la reforma agraria. Será la que modernice el campo y redistribuya la tierra. Importante considerar e identificar que será de corte genuinamente liberal y partirá por reconocer a la mujer rural y al campesinado como sujetos de derechos.

Esta reforma agraria necesita ser impulsada por el movimiento campesino. No bastará con la voluntad política del gobierno e incluso del Congreso, dado que la tierra es fuente y motor de poder y violencia en los territorios del país. Por lo tanto, se necesita de la organización campesina y de la movilización permanente para exigir el modelo de reforma que demanda el momento histórico.

2022-2023

Todo está dado para que se impulse una reforma agraria en el corto plazo. Una de las primeras acciones del gobierno Petro fue la redacción de la nota diplomática al Sistema de Naciones Unidas para acoger la declaración de los derechos del campesinado y así ser presentada ante el Congreso para su ratificación.

Esto irá acompañado por dos reformas constitucionales que impulsa la bancada del cambio. La primera es el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos desde una perspectiva constitucional con el propósito de superar las fallas que tiene la actual carta política.

Desde la bancada de la Unión Patriótica se propone un estatuto del campesinado para darle un mayor desarrollo y consolidación de los derechos, una vez se logre incorporar en la Constitución Política de 1991 dicho reconocimiento.

La segunda reforma será la de la Justicia Agraria, que en cumplimiento con el Acuerdo de Paz deberá ser la Jurisdicción Agraria, propuesta que como bancada de la UP se le presentó a la ministra de Agricultura Cecilia López y su equipo de apoyo en temas normativos con un buen recibo.

No hay camino sin tierra

Los demás mecanismos se harán mediante acciones administrativas desde el poder ejecutivo y por supuesto desde el Plan Nacional de Desarrollo. En concreto serán tres las estrategias que se complementarán entre sí:

La asignación de derechos: Esta opción o alternativa contempla tres fuentes de alimentación del Fondo de Tierras, especialmente considerado como mecanismo redistributivo de tres millones de hectáreas. Baldíos de la nación, bienes fiscales y compra directa por parte del Estado para redistribuir mediante programas especiales de reforma agraria.

Mercado de tierras: Ha de contemplar mediante dos mecanismos, el subsidio y el crédito en tanto son instrumentos financieros que se implementan en concurrencia entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.

El tercer mecanismo es implementar el catastro multipropósito como vía para actualizar la política tributaria en materia de tierras, especialmente a las tierras improductivas, incentivando el cumplimiento de la función social de la propiedad.

Bienes fiscales

Una de las fuentes más expeditas que se pueden implementar para programas de reforma agraria puede ser los bienes fiscales que están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Los predios rurales de vocación agropecuaria bajo la administración de la SAE se pueden convertir en “cuota inicial” de la reforma agraria y la reforma rural integral, RRI, es una propuesta hecha por el gobierno actual en su programa ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, en tanto son una de las fuentes que alimenta el Fondo de Tierras, y a su vez haya prelación legal o rutas habilitadas para la atención de poblaciones priorizadas, como las víctimas o la población en proceso de reincorporación.

El reto que representa esta ventana de oportunidad de los bienes fiscales es la regularización de los predios rurales extintos que estén ocupados por sujetos de ordenamiento social, los cuales una vez verificados, pueden ser asignados a título gratuito. Ello demandará esfuerzos de articulación interinstitucional por medio de un proceso masivo de regularización, en el que la SAE asuma los costos de saneamiento jurídico y catastral, y a su vez concurra con los costos de vinculación y calificación para establecer los sujetos de reforma agraria.

Adicionalmente, y como complemento para apalancar los esfuerzos fiscales que requiere implementar una reforma agraria, se puede hacer uso de la venta de sociedades activas para financiar programas especiales cuya competencia sea la mencionada, atención a víctimas del conflicto y a la población en proceso de reincorporación.

Así mismo, se pueden identificar predios rurales extintos y en proceso de extinción que tengan vocación forestal y puedan cumplir una función ecológica orientada a asegurar la protección de áreas de especial interés ambiental, combatir la deforestación, mitigar el cambio climático o asegurar el pago por servicios ambientales.

El reto

Una nueva historia para Colombia se está gestando. El pasado 17 de agosto algunos congresistas radicaron el proyecto que modificará el artículo 64 de la Constitución para reconocer los derechos del campesinado. “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, dice la propuesta de articulado.

En este sentido, también se puede hacer uso de la transferencia de dominio de predios rurales o de su administración en manos de procesos asociativos de campesinos y de productores locales con el fin de dinamizar la producción alimentaria local, en particular si se trata de bienes con capacidad instalada en materia de infraestructura productiva. En el mismo sentido, se sugiere la destinación de bienes rurales y urbanos para el funcionamiento de plazas de mercado y/o centros de acopio.

Publicado en Semanario Voz