Esta semana se conoció un anuncio que cambia el rumbo de la política agraria en Colombia. En un acto público, la ministra de agricultura Cecilia López Montaño, Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras y Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, indicaron que el proceso de reforma agraria impulsado por el nuevo gobierno, inicia con la titulación de 681.372 hectáreas de tierra que beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Los anhelados y luchados títulos de propiedad para las comunidades rurales, fueron expedidos durante este mes, y serán entregados a los beneficiarios desde hoy hasta el próximo 15 de noviembre. "Este anuncio es el resultado de un gran esfuerzo que hace el Ministerio y sus agencias para agilizar el proceso. La titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz", indicó la ministra.

El cronograma de este proceso, clave en la perspectiva de avanzar en una profunda reforma agraria, postergada durante años producto de un modelo de tenencia de la tierra basado en la gran y ociosa propiedad latifundista que ha expulsado y despojado violentamente a millones de familias de la ruralidad alimentando la guerra, traerá una profunda transformación en los territorios y será en verdad la cuota inicial para la paz total.

La institucionalidad del sector agricultura del gobierno notificó que en esta fase se entregarán los títulos de propiedad de los predios formalizados en 19 departamentos. Además del proceso de regularización de los predios, el Ministerio se comprometió en impulsar una sólida oferta institucional en la que se desarrollaran proyectos de generación de ingresos y apoyo a iniciativas productivas para comunidades organizadas a través de la Agencia de Desarrollo Rural. El itinerario será el siguiente:

1. 10 constituciones o ampliaciones de resguardos indígenas (en total 297.000 hectáreas), que beneficiarán a 1.044 familias en Cauca, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Tolima, Risaralda, Amazonas, Huila y Vichada.

2. Tres titulaciones colectivas a consejos comunitarios, que benefician a 310 familias (en total 2.138 hectáreas)

3. 23 títulos para entidades de derecho público que requieren ser formalizados para desarrollar planes de inversiones.

4. 266 títulos de tierra que, en este caso, no es formalización, sino adjudicación a campesinos que no tenían tierra. En total 427 hectáreas en Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Putumayo, Nariño, Risaralda, Tolima, Antioquia, Cauca, Caldas y César.

5. 225 títulos de formalización de predios privados (203 hectáreas) y 40 resoluciones de restitución de tierras (210 hectáreas) que son resultados de órdenes judiciales.
Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, frente a las polémicas suscitadas ante a las denuncias de supuestas tomas de tierras y la aparición de escuadrones que emulan a las tristemente célebres Convivir, dijo que "estaremos en los departamentos haciendo la entrega de los títulos. Esperamos que con esto se dé un mensaje de tranquilidad para quienes aspiran al acceso y formalización de la tierra. Aquí no puede ser ni con organismos privados de protección de la propiedad privada, ni invasiones, ni ocupaciones".

Complementando la dimensión e impacto de este anuncio, Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, manifestó que "ahora que los nuevos propietarios tienen su tierra formalizada llegaremos para acompañarlos con fomento y formalización asociativa, asistencia técnica, proyectos productivos, adecuación de sus tierras y comercialización para el desarrollo y la generación de ingresos".

El esperado pronunciamiento del ministerio de agricultura establece, como planteamos, un nuevo momento frente a la crisis histórica de la ruralidad en Colombia y permite en perspectiva avizorar el compromiso de este gobierno con el campo, las y los campesinos y sus derechos históricamente arrebatados, las comunidades afrodescendientes e indígenas condenadas secularmente a la pobreza y el destierro. Impulsa un componente de la reforma rural integral, que además esta incorporada en el acuerdo final de la Habana en su primer punto y que se requiere para acompasar esta política, su inmediata y total implementación para por fin abrir el camino que transforme un escenario que ha sido un eje nodal de la guerra en Colombia. Las comunidades de la ruralidad y sus organizaciones, serán las veedoras de este proceso y seguirán movilizadas para lograr alcanzar este propósito que los enemigos de la paz han ahogado en sangre. Es la hora de las y los nadies.