El país conoció ayer el inédito anuncio de un acuerdo entre el gobierno nacional representando por la ministra de agricultura Cecilia López Montaño y el gremio que reúne a los ganaderos del país FEDEGAN, en cabeza de José Félix Lafaurie. Inédito, no porque no haya habido acuerdos previos, sino por que se trata de un acercamiento entre un sector que representa históricamente la oposición agresiva al proyecto que encabeza el gobierno popular de Gustavo Petro en clave de las ideas de reformas sociales y económicas, especialmente en lo referente a la reforma rural integral, proceso postergado en Colombia y eje sustantivo del conflicto social y armado que agobia al país.

Hace pocos días parecían irreconciliables las posiciones, de un proyecto de gobierno nacido de la entraña popular y que agita la propuesta de los cambios profundos a las relaciones socio económicas del país, entre ellas el tema de la tenencia de la propiedad sobre la tierra, y otra, Fedegan, que ha sido férreo defensor de la propiedad de grandes extensiones (latifundio-improductivo- terrateniente) y la ganadería extensiva, que está demostrado, en los informes de la comisión de la verdad y en procesos legales de restitución, a estado articulada al impulso de formas de violencia estructural que potenció el paramilitarismo como forma de acumulación primaria y violenta de lo que representa el capital sobre el costo de la tierra, vía el despojo y la expulsión consiguiente de masas de campesinos de la regiones productivas y tierras con vocación agrícola, generando la expansión de la frontera agrícola y empobreciendo profundamente el campo.

Lafaurie, de origen conservador, está vinculado al Uribismo desde que Álvaro Uribe lo nombró superintendente de notariado y fue el jefe del comité de seguridad y defensa en la campaña de Andres Felipe Arias, el responsable de agro ingreso seguro que lo tiene pagando casa por cárcel en una condena de 18 años. Desde 2004 preside la Federación colombiana de ganaderos, cargo en el que no ha estado exento de polémicas, como la suscitada en la alianza que promovió con Ecopetrol o las denuncias de asociaciones ganaderas regionales frente a la presión indebida para apoyar la campaña de su esposa, la senadora Maria Fernanda Cabal, virulenta opositora del gobierno. Pero quizá lo mas inquietante son las denuncias referentes a su relación con el paramilitarismo. Ante la jurisdicción especial para la paz, el ex gobernador de Córdoba Benito Osorio, denunció las presuntas relaciones del presidente de FEDEGAN con el paramilitar Salvatore Mancuso, quien después en entrevistas a la prensa colombiana, confirmó desde su prisión en los EEUU, que promovieron con Lafaurie toda una conspiración para posibilitar la elección de Mario Iguarán, como fiscal general de la nación, quien a la postre quien fue elegido, a fin de favorecer con condenas laxas y cierre de investigaciones contra las Autodefensas unidas de Colombia.

Desde el primer momento Lafaurie a encabezado una férrea oposición contra el acuerdo de paz, fue un promotor del No en el plebiscito y se ha caracterizado por rechazar con vehemencia la institucionalidad surgida del acuerdo de paz. Ha rechazado la justicia transicional y especialmente las iniciativas incorporadas en el acuerdo final de paz frente al mundo agrario. Es conocida su posición radical de rechazo a la política de restitución, alegando que va en contra de el derecho a la propiedad y en un abierto negacionismo a la responsabilidad de grandes propietarios de tierra en el drama de la guerra en Colombia. Hace pocos días sorprendió en un claro rechazo a los primeros anuncios del gobierno frente a avanzar en la reforma agraria, cuando saludó a los ganaderos del cesar en un documento repudiando los reclamos de tierras, donde abiertamente promueve un modelo de seguridad y protección de la propiedad a la usanza de las temibles cooperativas de seguridad privada, Convivir, referentes del paramilitarismo contemporáneo. “Para mis paisanos en el sur del Cesar: un abrazo cordial, saben que los quiero. Cuídense. Se vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado.” Postulaba el presidente del gremio ganadero recordando los llamados a la “autodefensa” de los días más aciagos que justificaron la barbarie paramilitar en los territorios.

Por todo ello no resulta menos que sorprendente que quien a encabezado la oposición más belicosa a un gobierno que representa la aspiración del movimiento campesino a la reforma agraria y defiende la implementación total del acuerdo final de paz, que contiene en su principal articulado las claves de la reforma rural integral, se haya reunido con el presidente y exprese su apoyo a la reforma rural a la que visceralmente se había declarado opositor. Quizá obedece a un nuevo movimiento táctico de su histórico jefe Álvaro Uribe, quien a moderado la posición de un sector del centro democrático, mostrándose proclive a respaldar aspectos de la reforma agraria y distanciándose, ojalá honestamente, de las posturas mas recalcitrantes de su formación política.

Es probable que estos sectores hayan entendido, producto de las luchas y debates y de la misma orientación económica del orbe, que el modelo de concentración de la tierra esta mandado a recoger y se apresten a entrar en la modernidad. O simplemente obedezca a un calculo en clave de evadir sus responsabilidades históricas en el conflicto, que, ante el fortalecimiento del escenario de la justicia transicional y el inevitable avance de acuerdos para superar la guerra, los obligara a acudir a reconocer y reparar y requieren un marco de flexibilización de sus posturas para tener ciertos réditos políticos, quien sabe, todo es susceptible de interpretaciones y como dice la sabiduría popular, amanecerá y veremos.

Lo cierto es que las tierras con vocación agrícola las tienen los grandes propietarios, especialmente ganaderos, y el mecanismo de comprarlas que ha planteado el gobierno, permite avanzar sin tantas tensiones, suscitadas por el cacareado fantasma de la expropiación, que también es una herramienta que no hay que satanizar y hace parte del acervo constitucional, en agilizar el proceso de reforma agraria, que fundamentalmente requiere tierra para los campesinos desposeídos.

Pero es clave tener en cuanta algunos aspectos que deben ser garantes de que este acuerdo no sea contraproducente en la idea de la reforma rural. La ley agraria no permite comprar tierras que han sido objeto de despojo, o que estén inmersas en procesos y/o sujetos de medidas de protección. Los bienes que no acreditan propiedad no se pueden adquirir, no son enajenables. El Estado tiene el deber de garantizar todos los mecanismos de reforma agraria para que cumplan sus fines. No es un tema menor, la ley establece claramente los limitantes del proceso de compra y le exige al gobierno ser cuidadoso en el procedimiento. Avanzar en la compra de tierras no puede obviar los procesos que avanzan en la unidad nacional de restitución, ni la obligación de regular y entregar baldíos a los campesinos, tampoco de tierras en el borde de la frontera agrícola sin vías o aguas, es decir deben ser tierras adecuadas para garantizar la producción y accesos a circuitos de comercialización.

Esta anunciada compra de 3 millones de hectáreas exige por lo tanto veeduría publica y participación campesina, para que no se convierta, como lamentablemente ha pasado en la historia del país, en una maniobra para evadir procesos judiciales de restitución, o en la legalización de tierras propiedad del Estado, o simplemente en otra ilusión desecha que exacerbe la conflictividad secular sobre la propiedad de la tierra en Colombia. Además debe estar acompañada de medidas jurídicas y económicas, con políticas publicas que garanticen los otros componentes de la reforma agraria, créditos, asesoría y acompañamiento técnico, tecnificación e infraestructura, comercio justo, etc.

También vale la pena revisar si el mejor mecanismo es la compra, o como sustenta el investigador de la cuestión agraria Alejandro Reyes Posada, "el camino es fortalecer los procesos de extinción de dominio y no una modalidad muy costosa debida a los precios especulativos sobre la tierra impuestos arbitrariamente por el monopolio de propiedad sobre estas", es decir por los gremios como FEDEGAN. Pero se abre el debate sobre el uso de esos recursos de extinción, la Sociedad de activos especiales, SAE, no es reconocida precisamente por sus procesos internos de ecuanimidad y transparencia. Creemos que debe haber una combinación de formas, compras sí, insistimos, son las mejores tierras, pero evitando la especulación y la trampa. Se requiere también depuración de la institucionalidad y lucha frontal contra la corrupción, que permitirá que la tierra incautada a los grandes narcotraficantes pase a manos de campesinos. Modelos de acuerdos con los campesinos asentados en zonas de reserva forestal y parques, con fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, y ante todo el reconocimiento de las organizaciones campesinas vinculando su representatividad participativa y decisoria en este proceso.

El movimiento campesino acompaña esta iniciativa, es su aspiración histórica aplazada durante años por medio de la violencia, el egoísmo excluyente del modelo y la politiquería funcional a este. Sin duda este acuerdo de compra de tierras y apoyo de los grandes propietarios de la tierra a la reforma agraria es casi la firma de un acuerdo de paz con un sector que ha estado articulado al conflicto, y por tanto significa un avance indiscutible en la idea de concretar la paz total.

Es la hora de lograr la reforma agraria integral, que parte de la implementación del acuerdo final de paz en su primer punto, que contiene las rutas y claves para avanzar en ella, y de la decisión y voluntad política del gobierno encabezado por el presidente Petro, lo que es sin duda un momento de ruptura con el pasado. Ojalá este acuerdo contribuya a la construcción de la paz real, que pasa irreductiblemente por resolver el problema de la tenencia y democratización de la propiedad sobre la tierra, y porque el latifundio y sus personeros entiendan por fin que un nuevo tiempo ha iniciado.