Dos factores comunes poseen las estructuras armadas, políticas o criminales, con las cuales el Gobierno Nacional adelanta diálogos en todo el territorio nacional. La primera, es que operan principalmente en territorios de producción, tránsito y comercialización de drogas ilícitas; la segunda, es que la mayoría de estas estructuras tienen como objetivo militar a los firmantes del Acuerdo Final de Paz. 

Desde la posesión presidencial de Gustavo Petro el pasado 7 de agosto del año en curso se han registrado once asesinatos de firmantes del acuerdo de paz en los departamentos de Tolima, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Bolivar. Esto es, un asesinato de un firmante de paz cada quince días, ralentizándose la orgía de sangre en comparación al Gobierno de Iván Duque, pero manteniéndose como un proceso a la vista de todo el país, a la vista del mundo entero, a la vista del “Gobierno del cambio”. 

En gran medida esto era de esperarse, dado que el riesgo al cual están expuestos los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz no responde al color político de quien esté en la Casa de Nariño, sino a la implementación o no del acuerdo de paz en su espíritu y letra. Nada habrá de cambiar en relación a la seguridad física de quienes se mantienen en la ardua tarea de construir paz en y desde los territorios si el Gobierno de Gustavo Petro no trasciende de la retórica a los hechos.

Esto es así, porque ni siquiera mediando una sentencia de la Corte Constitucional (SU-020 de 2022) donde se decreta el estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional ha asumido una actitud activa y propositiva, evidenciando la escasa o nula articulación y coordinación en materia de implementación del acuerdo de paz entre entidades del orden nacional. 

A esta realidad se le suma la ya expuesta por mí en la anterior columna: a la fecha la implementación del Acuerdo Final de Paz se encuentra huérfana y, vale la pena señalar, algunos nombramientos en lo concerniente a la tarea de la Paz Total no son conducentes a ese propósito, sino todo lo contrario, si se toma por cierto aquello de que “la implementación del acuerdo final es la piedra angular de la Paz Total”.

Esto es así porque pese a los asesinatos de los firmantes del acuerdo de paz, no ha sido explicito en ningún diálogo con estructuras armadas poner fin a estos; porque pese a la ya mencionada continuidad de los asesinatos, la mesa técnica de seguridad creada en el Acuerdo Final de Paz no es invitada a los puestos de mando unificados por la vida; porque el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política no avanza; porque la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no sesiona; y porque, pese a la ocurrencia de estos hechos en territorios de producción, tránsito y comercialización de drogas ilícitas, el nuevo director de sustitución de cultivos se empeña en desconocer el rol de los firmantes del Acuerdo Final de Paz en la tarea de poner fin a este flagelo y por consiguiente formular, diseñar e implementar una estrategia para ello tal como lo mandata el acuerdo de paz. 

Me resisto a creer que asistimos a un nuevo episodio de gatopardismo criollo: que todo cambie para que nada cambie, pero sin lugar a dudas el Gobierno Nacional debe esforzarse más en la implementación del Acuerdo Final de Paz en su espíritu y letra. Sé muy bien el carácter trascendental que tiene la apuesta de la Paz Total, pero su búsqueda no puede ser un juego de suma cero en relación a la implementación del acuerdo ya suscrito con las extintas FARC-EP como pareciese ser para algunos funcionarios del Gobierno. Cuanta razón tiene el refrán popular que nos dice: más vale pájaro en mano que cientos volando. 

Anhelo que el año que entra, superados los obstáculos internos con los cuales todavía tiene que maniobrar el actual Gobierno Nacional, las y los ciudadanos conozcamos una estrategia de paz más robusta y ordenada, donde la vida y la dignidad de todas y todos, sea la razón de ser.

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