La decisión dada a conocer este 30 de enero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación al caso ‘Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ tiene un alcance histórico y político relevante con impacto nacional, además de ser un mensaje contundente a los pueblos del mundo.

El fallo se emite meses después de la victoria en el país de un Gobierno con fuerte respaldo popular y un programa de gobierno inédito, que recoge muchas de las aspiraciones y derechos negados al pueblo. Es un documento valioso que retrata la forma violenta y criminal como se construyó y desarrolló el régimen político y el enmarañado del poder en una de las etapas más lamentables en la historia del país.

En ese sentido, al tiempo que determina claramente la responsabilidad del Estado y de sus agentes en crímenes contra la humanidad, orienta la necesidad de avanzar a una etapa que parte del conocimiento de lo que es irrepetible y condenable en cualquier sociedad mínimamente civilizada, con el objetivo de comprender y dar valor a la vida, la democracia y las libertades. Por eso la decisión no es solo para la UP, es para Colombia, su sociedad y sus instituciones.

Mensaje para Nuestra América

El mensaje internacional se impone porque los crímenes contra la humanidad afectan no solo al grupo victimizado, sino a todo el género humano. Esa masividad y continuidad de las conductas constituyó en una lesión irreparable a la justicia y al respeto por la vida.

La sentencia en el caso UP retumba en las actuales circunstancias del continente que busca espacios de unidad e integración a partir de Gobiernos que ven en la soberanía y la democracia el camino para el desarrollo con justicia social, a pesar de tener ritmos y procesos diferentes. Hoy en Perú la democracia se está reclamando en la calle, ocasionando la respuesta desproporcionada del fascismo y de las fuerzas más agresivas, capaces de los actos de mayor violencia contra lo que incomoda sus intereses económicos, políticos y culturales que pretenden sean eternamente hegemónicos.

A la UP la sacaron a bala de los espacios que había conquistado por la vía electoral, ya sea en el Congreso de la República, concejos municipales, asambleas departamentales y alcaldías populares. Sin embargo, para desgracia de los victimarios, no la despojaron del corazón del pueblo colombiano, ni de sus militantes desperdigados y exiliados dentro y fuera del país, que nunca se resignaron a tener una actitud pasiva y de espera, sino que siempre intentaron incidir, apoyar y participar en los escenarios que buscan la paz y la justicia.

Fuerza viva

No venció ni el paramilitarismo, ni los grupos empresariales que los financiaron, ni las élites que dieron las órdenes, ni los partidos tradicionales que se beneficiaron con el contendor político golpeado. La UP es en la actualidad una fuerza viva del espectro político colombiano.

El plan sistemático dirigido contra la organización cegó la vida de colombianos y colombianas que pronunciaron en la escuela, en la calle y en la plaza el discurso por la paz democrática y las reformas sociales. El genocidio quebró y separó familias, destruyó proyectos de vida y quiso matar la esperanza. Fueron crímenes de lesa humanidad, protagonizados por los agentes del Estado, que contaron con la complicidad, la tolerancia y el encubrimiento para generar una total impunidad en las entrañas del propio sistema político.

Pero, a pesar de un escenario adverso, hoy la UP es una fuerza con iniciativas en beneficio del pueblo. Tiene una propuesta política clara y definida en su VII Congreso, que contribuye en diversos escenarios, con intención propositiva, generando convergencias y construyendo puentes para que el Pacto Histórico dispute con vocación de poder el dominio del Estado ante una derecha recalcitrante, violenta y peligrosa.

El Estado es responsable

Cuando surgió en los años ochenta, la UP confrontó a los guerreristas y corruptos de la política tradicional. Fue una militancia abnegada que levantó las banderas de la dignidad, dejando un legado de acción política y responsabilidad administrativa, de compromiso con la solución, cuadra a cuadra, manzana a manzana, con las necesidades de los más vulnerables. Se pararon firmes ante el patrón, ante el Estado, ante el señor, ante el general y el presidente de turno.

Y no estaban solos. La UP sabía que no era la única organización con el propósito de cambiar a Colombia, que había un espectro en la izquierda y más allá de la izquierda, dispuesta a desafiar el autoritarismo. Se actuaba en unidad y con intensidad. Se pensaba diferente y se debatía la diferencia en la diferencia. Se ganaba o se perdía en el debate. Estos eran síntomas de un avance colosal.

A la UP la declararon enemigo interno por pensar, proponer, debatir, querer y atreverse. Y esto fue una política de estado cuya acción se concretó a través de la conducta de quienes lo dirigen y lo gerencian. Nada parte del Estado sin una decisión, sin un acto, sin una voluntad humana.

La Corte IDH decidió, por unanimidad, que el Estado colombiano es responsable del exterminio. Pero es fundamental, desde luego, determinar las responsabilidades individuales, penales, de aquellos agentes que se reunieron, decidieron, ordenaron u omitieron denunciar lo que iría a acontecer. Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una actuación horizontal, que complementa la acción de la Corte y es determinante en el proceso de reconstrucción de la memoria y la justicia.

No hay que olvidar que cuando decide actuar contra otros seres humanos por razones de estado, la persona defiende su interés, su clase, su pensamiento, su cobardía, su miedo.

Y cuando decide, en cualquier tiempo, identificar como enemigo a una organización como la UP, es porque su cobardía, su miedo, su pensamiento mezquino, su clase y su interés como dueño, por herencia o acuerdo, de lo que llama “su Estado”, así lo determinó. Esa decisión convierte a otros seres humanos en blanco fácil, juguetes de la acción feroz, violenta y sin límites del agente público armado.

¡Nunca más!

La decisión de la Corte IDH debe impactar la estructura del país, el régimen político y la relación Fuerzas Armadas, gobiernos y sociedad. Esta administración del Pacto Histórico tiene ahora una responsabilidad, como lo ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, de cumplir con las disposiciones del fallo. Será una decisión inédita para un jefe de estado.

No más un país de desapariciones forzadas, ni masacres, ni ejecuciones extrajudiciales, ni amenazas, ni asesinatos de nuestro pueblo, ni desplazamiento forzado, ni violaciones a la vida. Los derechos enumerados por la Corte, violentados por el Estado, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la participación política, a las garantías judiciales y a la verdad deben ser respetados en el país, como deben ser respetados en cualquier lugar del mundo.

El legado de las personas que hoy no están, vive y se multiplica. Renace en nuestro pueblo que lucha en el presente por otro mundo posible.

Semanario Voz