Para todos fue de conocimiento la difícil situación que durante varios días se presentó en municipio de san Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, donde, tras una serie de acciones de movilización desde distintos actores de la comunidad, se denunciaba y reclamaba a la multinacional Emerald Energy la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la vía que desde el municipio de san Vicente conduce hasta la inspección de Los Pozos, donde funciona, desde hace un par de décadas, una de sus baterías petroleras.

Curiosamente, hace 23 años el mismo lugar era el epicentro de un nuevo intento de dialogo entre el Estado Colombiano y la antigua guerrilla de las FARC EP; de hecho el 9 de febrero de 2001 allí se dio una importante reunión entre el expresidente Andrés Pastrana y el Comandante histórico de las FARC EP, Manuel Marulanda Vélez, justamente para destrabar el proceso de diálogos con un acuerdo de 13 puntos, proceso conocido como el Acuerdo de los Pozos

Durante 20 años la multinacional Emerald Energy logro crear una base de operaciones en este territorio, tras su ingreso en el marco del Plan Patriotas, componente militar del Plan Colombia, por medio del cual, a pesar de la fragilidad del territorio, logro expandir su red de pozos de explotación, creando su principal campo petrolero en la inspección de Los Pozos. Estos campos fueron resguardados por centenares de militares que fungieron de seguridad privada a la multinacional, frente a la permanente presencia de la guerrillera de las FARC EP en la región.

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el Estado Colombiano y las FARC EP, regiones como las de San Vicente del Caguán lograron vivir varios meses de relativa calma. Esto debido no solo a la dejación de las armas por parte de la insurgencia, sino gracias a la proyección de estos territorios dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, desde los cuales se pretendía avanzar en la superación de varias de las causas que durante décadas han sido motivo de conflictividad para el territorio. En efecto, el departamento del Caquetá ha sido uno de los grandes receptores de recursos del AFP.

Ahora bien, también debemos decir que, desafortunadamente, la no implementación del AFP en estos territorios ha llevado a la prolongación de distintas conflictividades que han marcado la historia reciente del departamento. Por ejemplo, en el año 2021 durante la jornada nacional de movilización, conocida como el estallido social, más de dos mil personas entre campesinos, indígenas, maestros, transportadores, jóvenes, mujeres y firmantes del acuerdo, se movilizaron por 52 días en los municipios de Altamira, Suaza y Guadalupe en el sur del Huila, generando una mesa de concertación con el gobierno de Iván Duque, obligando la llegada de varios de sus ministerios y de donde surgieron grandes avances en forma de acuerdos. En todos ellos se reclamó directamente la necesidad de avanzar en la implementación integral de AFP; este fue el centro de la discusión en los más de 15 días que duro el proceso de negociación.

También es de señalar que, a pesar de las diferencias de modo, lugar, así como las de gobierno y política de seguridad, el paro de Altamira se caracterizó por ser una jornada pacifica, que superó toda clases de tensiones, estigmatización, sabotajes, provocaciones y demás, desde la creatividad propia de las comunidades. Ejemplo de ello fueron las caravanas campesinas y étnicas por la vida, diseñadas para garantizar el abastecimiento de los productos de primera necesidad a nivel departamental.

A pesar de lo pactado en Altamira, el gobierno de Iván Duque no avanzo con decisión en el cumplimiento de lo firmado con las comunidades, y por ende, continuó negando la implementación integral del Acuerdo de Paz. Esto ha derivado en múltiples tensiones que, sumadas a las conflictividades propias del territorio, se convierten en un terreno minado por los intereses de sectores y actores presentes en el.

Así , la reciente jornada de protesta en la inspección de Los Pozos se convierte en el florero de Llorente, dentro de un territorio abandonado por el Estado, con múltiples conflictividades sociales, económicas, ambientales, culturales y una marcada persistencia del conflicto armado, pues recordemos que precisamente de la inspección de Playa Rica, muy cerca de Los Pozos, se vieron obligados a salir más de un centenar de firmantes del AFP por la faltas de garantías para adelantar allí su proceso de reincorporación. Ahora estos firmantes se encuentran ubicados en el municipio del Doncello, sin que hasta el momento el Estado les haya reconocido como víctimas de desplazamiento.

Con todo lo anterior podemos decir que San Vicente del Caguán termino siendo el escenario y punto de ebullición, donde confluyeron delegaciones y actores que, inspiradas en el motivo inicial de la protesta, trajeron a colación sus propias reclamaciones e intereses. Pero donde también cabe señalar, que mal haríamos si cayéramos en la tentación de condenar la movilización social, pretendiendo estigmatizarla por el hecho de ser un área con influencia de actores armados, pues sería repetir un error ya varias veces señalado donde por un lado, se abandona el territorio por parte del Estado, incluyendo la presencia de actores armados en este y luego se quiere condenar a las comunidades por convivir con ello; por ello vale la pena aclarar, que tampoco se trata de un llamado a la confrontación Estado vs actores armados, porque tenemos claro que de eso se trata la Paz Total, de la posibilidad de avanzar en la construcción de escenarios de confianza mutua con los múltiples actores armados existentes para, por medio de ello, lograr los acuerdos que permitan avanzar en el fortalecimiento de la justicia social como elemento condicional para mejorar nuestra convivencia.

Del mismo modo, debemos decir que el desenlace de la situación nos debe llenar de muchas preguntas y sobre ellas generar un gran dialogo que nos permita aprender de estas experiencias, pues estamos en un momento especial de nuestra historia, donde por primera vez en muchos años contamos con un gobierno alternativo y progresista, que entendemos como de transición y que a pesar de sus errores, ha dejado clara su voluntad de avanzar en la consolidación de la Paz y no de una Paz cualquiera, pues como lo dijera el presidente Petro en su discurso del 14 de Febrero, se trata de buscar una Paz en capacidad de superar la política neoliberal y sus estragos en todos los terrenos.

De la movilización se desprendió el choque con la fuerza pública, de allí tres muertes lamentables, y la quema de las instalaciones de la multinacional con los impactos ambientales que ello implica. Ahora bien, también se desprendió el acuerdo que hemos conocido por múltiples medios y donde se postulan varios puntos que en síntesis podemos resumir como la expresión de los intereses de quienes allí confluyen y donde se evidencia (Implícitamente) la importancia de varios elementos del AFP, pero de donde también debemos decir que han surgido otros resultados menos tangibles a los cuales debemos prestar gran interés.

El gobierno nacional deberá sortear una fuerte ola de críticas por la forma en que se manejó tal situación antes, durante y después de lo acontecido, tal y como lo reconocen en el acuerdo firmado por las partes.

Del mismo modo, deberá saber manejar una realidad concreta, pues es la primera vez que se pretende crear una mesa interdepartamental con tales connotaciones (Orinoco – Amazónica), lo cual puede ser un gran oportunidad para generar dialogo, reconocer y posicionar actores, pero un reto que puede llevar al quiebre de los procesos sociales, pues no se puede olvidar que en estos mismo territorios existen otros procesos de pequeña, mediana y gran trayectoria, desde los cuales se han promovido decenas de iniciativas como los foros minero energéticos; el fortalecimiento de las ZRC; el proceso de zonificación ambiental; la implementación del capítulo étnico; la defensa y promoción de los DDHH; el impulso de las acciones juveniles, artísticas y culturales; el acompañamiento a la Reforma Rural Integral, el fortalecimiento del movimiento comunal; el reconocimiento del papel de las mujeres y diversidades, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la promoción del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en clave de promover la convivencia real y el acompañamiento y fortalecimiento del proceso de reincorporación, entre otras tantas que son acumulados históricos importantes, que hacen parte fundamental del movimiento social de los territorios y referentes a los cuales el Estado debe también prestar atención, puesto que fueron actores claves en las recientes contiendas electorales a la presidencia a favor del proyecto de gobierno y con mayor énfasis aún, porque ya existen acuerdos previos que esperan por sus cumplimiento.

En conclusión, en los Pozos se puso en juego la política de seguridad, la metodología propia de la Paz Total, la generación de garantías reales para la participación y el diálogo en los territorios y sumado a esto, la forma en que el gobierno nacional, por medio del ministerio del interior y el Comisionado de Paz, aterrizaran el Acuerdo Final de Paz en estos territorios, esperando que no entren en lógicas “ilógicas” en las que no se aproveche el camino ya recorrido. Esperamos que en este juego, todos los actores que realmente estén comprometidos con la paz, deberán sopesar muy bien sus lógicas organizativas, la capacidad para construir en medio de la diferencia y el respeto, la legitimidad de cada proceso fruto del acierto, la trayectoria y el real reconocimiento desde las comunidades; un juego donde la superación de la violencia como forma de hacer política tiene que ser un imperativo, pues de lo contrario, seriamos el movimiento social de un nuevo gobierno replicando las mismas mañas de la clase política tradicional. En tal sentido proponemos que se avance en la construcción de un gran pacto por la convivencia dentro de nuestros territorios erradicando la violencia en todas sus manifestaciones, como paso necesario para la Paz Total.