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Mirador
Oligarquía degradada
Carlos A. Lozano Guillén / Miércoles 16 de septiembre de 2009
 

Con toda razón, la senadora Piedad Córdoba dijo en el 11o. Foro Nacional por los Derechos Humanos que si alguien debe responder primero en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad es el presidente Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno no sólo se han presentado los más graves delitos de lesa humanidad propiciados desde el Estado, como las ejecuciones extrajudiciales, llamadas “falsos positivos”, entre otros, sino que numerosos funcionarios de alto rango, congresistas, empresarios, gobernadores y alcaldes de su cuerda política, aparecen comprometidos con ellos, unos en la cárcel, otros investigados, pero como si ello no revistiera gravedad.

Los paramilitares a los que el presidente Uribe Vélez benefició con la desmovilización de “justicia y paz” y a cuyos jefes extraditó a Estados Unidos para silenciarlos cuando comenzaron a confesar sus crímenes, aliados y promotores desde la clase dominante y la política nacional y regional, ahora todos en la causa uribista, son los responsables de miles y miles de crímenes, aún no cuantificados en su totalidad, y bajo todo tipo de modalidades horribles.

“Don Berna” y Mancuso, por ejemplo, han declarado no sólo el uso de la motosierra para picar a los muertos, sino hasta la utilización de hornos crematorios para no dejar ninguna huella de las víctimas. No hay punto de comparación.

En las confesiones de “justicia y paz”, algunos de los capos paramilitares extraditados señalaron de manera directa al presidente Uribe Vélez como su colaborador en masacres (El Aro, por ejemplo), en particular cuando fue gobernador de Antioquia.

Y hace dos semanas, en Noticias Uno, refiriéndose a los crímenes del ex director del DAS, Jorge Noguera, el “muchacho bien”, según la definición de Uribe Vélez, colocado al frente del importante organismo de seguridad del Estado como cuota del paramilitar “Jorge 40”, Rafael García, ex director de informática del DAS, aseguró sin tapujos que Uribe Vélez conocía de las andanzas de su pupilo y era consultado a menudo por éste de las irregularidades y delitos que iba a cometer.

El paramilitarismo, criatura del Estado y brazo militar de políticos tradicionales y empresarios, es la peor degradación del conflicto. Pero no parece serlo ni para el Gobierno Nacional, ni para la oligarquía, que justifican sus crímenes. Tampoco para los poderosos medios de comunicación que en su guerra mediática no tienen espacio para semejante aberración. En estos casos no se rasgan las vestiduras sino que guardan silencio cómplice.

Y Uribe Vélez da sus propias explicaciones y versiones: “Las AUC son la respuesta a los desafueros de la guerrilla”, dice, mientras avala el genocidio de la Unión Patriótica, como lo hace también Pacho Santos, con la manida justificación de la combinación de las formas de lucha.