Colombia Informa entrevistó a Francisco Palacios, quien es profesor de Derecho Constitucional en España, autor del libro Excepcionalidad de Estado y Excepcionalidad Partisana en Colombia.

El docente hace parte de un proyecto de investigación donde están unidas la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia Española y la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, donde varias profesoras y profesoras luchan por ciertos principios y valores democráticos relacionados sobre todo además con los procesos de paz. Recientemente, estuvo en Colombia en el Foro Internacional Anticapitalista.

Colombia Informa: ¿Cómo analiza usted el proceso de paz con el ELN?

Francisco Palacios: Yo lo veo como otra oportunidad de que el país se pacifique. Lo que ocurre es que ha habido muchas oportunidades y los procesos de paz no han acabado del todo bien, porque si hubieran acabado bien, no estaríamos hablando de otro proceso de paz.

La diferencia ahora, por lo menos formal, es que se habla de paz total. El famoso lema del presidente, seguido de una ley que se denomina de la misma manera. Porque lo que está claro es que hay paz total o no hay paz. Porque si tú te dejas algún mimbre fuera de la lógica, va a seguir habiendo esta estructura de violencia y, por lo tanto, vamos a necesitar otro proceso de paz.

Lo primero que han hecho como iniciativa del ELN y del Gobierno actual es convocar una Comisión Nacional de Participación.

Es decir, hacer un llamado a todo el país representado en unas 80 organizaciones de una muy diferente textura ideológica, social y económica, para que logre un acuerdo y que ese acuerdo vaya a la mesa luego entre el Gobierno y el ELN, como una propuesta de la sociedad civil, no como una propuesta del ELN ni del Gobierno, sino que es una propuesta de la Mesa de Participación Nacional.

Es una buena idea, porque hay más posibilidades de que al estar de acuerdo todos los agentes sociales, el acuerdo final llegue a buen puerto. Estamos en una primera fase, una primera fase que va a durar, creo que un año y medio.

El problema es que cuando termine esta primera fase, ya le va a quedar muy poco tiempo de mandato al Presidente y yo pienso modestamente que se necesita un segundo mandato y no es que esté haciendo campaña a favor del señor Petro, pero es casi imprescindible que haya un segundo mandato del señor Petro para poder llevar a cabo este proceso de paz porque la mesa de participación va a necesitar casi todo lo que queda de mandato.

En ese tiempo va a ser muy difícil recopilar todo lo que se ha hecho en la Mesa, llegar a unas conclusiones, proyectar en un espacio normativo y luego a dotar de mecanismos constitucionales y de garantías al respecto ese acuerdo. Es muy importante dotar de mecanismos jurídicos y garantías al proceso. De lo contrario, puede venir otro gobierno diferente, con un congreso también hostil al proceso y todo el proceso puede quedar en la nada, porque claro, una ley se puede cambiar.

Un acuerdo de paz, si no le dotamos bien de respaldo internacional y respaldos constitucionales, también puede ser cambiado y se anula radicalmente. Hace falta ver cómo se garantiza que el proceso tenga desarrollo fijo desde el punto de vista jurídico.

CI: ¿Por qué cree que los otros procesos de paz fracasaron?

Francisco Palacios: Haciendo historia, han fracasado casi todos. Desde el primer proceso que inauguró Rojas Pinilla con Guadalupe Salcedo, luego el de la Unión Patriótica, que hasta cierto punto fue una especie de espacio y de proceso frustrado de paz.

Luego vino la constituyente del 91, donde parecía que sí se iba a conseguir, porque ni más ni menos se convocó toda una asamblea constituyente que desmovilizó a tres grupos, el M19, el Quintín Lame y el EPL.

También es verdad que se quedaron fuera los dos grupos más importantes, como eran las FARC y el ELN.

Y además también en este proceso tan ambicioso hubo un nivel de frustración evidente, puesto que gran parte de los desmovilizados acabaron posteriormente siendo asesinados en unos porcentajes bastante elevados que están además muy bien estudiados en Colombia. Tanto gente de M-19 como gente de EPL y en menor medida el Quintín Lame porque era un grupo mucho más minoritario.

Y no solamente cayeron militantes a los cuales se les dieron muy pocas garantías, sino que también, por un lado, cayeron los tres candidatos presidenciales en la misma lógica del proceso, tres candidatos presidenciales y luego, lo más grave es que hubo una estructura de violencia peor que la anterior donde eran asesinados cada año 200, 300 líderes sociales, abogados, periodistas, humoristas.

Entonces claro, eso significa que también fracasó el proceso, porque le va mal al que se ha desmovilizado y le va mal a la población colombiana en general que sigue sufriendo un nuevo ciclo de violencia. Y aquello ya nos traslada al siguiente proceso de paz, el de las FARC.

Y en el proceso de las FARC, (muy ambicioso), un acuerdo final de 300 páginas, resulta que ocurre lo mismo que ocurre en la constituyente en 91 por el momento. Es decir, acaba el proceso de paz, son asesinados algunos cuadros notables de las FARC, desmovilizados, y acaban siendo asesinados también centenares de desmovilizados.

En este año fueron asesinados 24 firmantes de paz, 380 desde la firma del proceso de paz. Del mismo modo, han sido asesinados más de 100 líderes y lideresas sociales en lo que va del presente año.

Entonces, el nuevo proceso de paz se muestra complicado con todos los antecedentes que acabo de manejar. ¿Qué significa complicado? Pues que habrá que tener mucho cuidado en cómo se van tejiendo los elementos para construir un proceso que no falle.

CI: ¿Por qué cree que en Colombia existe un estado de cosas inconstitucionales?

Francisco Palacios: No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, que no es precisamente de izquierda, sino que está compuesta por liberales y conservadores y que el año pasado, (antes de que estuviera Petro en la Presidencia), declaró un estado de cosas inconstitucional, que es la figura más grave de todas las figuras que existen dentro de las sentencias o de las modalidades que emplea metodológicamente la Corte Constitucional para expresarse.

El estado de cosas inconstitucional significa que los derechos fundamentales no están fallando coyunturalmente, en dos casos, en cinco, en diez, sino que en una cuestión concreta están fallando estructuralmente.

Es decir, la Corte Constitucional el año pasado dijo que el proceso de paz estaba fallando por todos lados. Y además mencionaba a los culpables y les instaba a que modificaran su comportamiento. Mencionaba a todas las altas instituciones del Estado y, en algún caso, a organismos concretos.

Hablaba de “una inexistencia de planes para prevenir y combatir la ausencia de una política pública de prevención y protección bajo todos los puntos de vista, incluida la estigmatización de las personas firmantes del acuerdo y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos”.

Lo dice la Corte Constitucional, que está emitiendo una especie de sentencia general, de impugnación general respecto a estos cuatro años de acuerdos. Es decir, en definitiva emitió un juicio demoledor contra los cuatro años del señor Presidente anterior, Iván Duque.

CI: ¿Este gobierno sí puede cumplir con todo lo que ha prometido?

Francisco Palacios: Va a ser muy difícil. El proceso de paz en sí mismo es muy difícil teniendo en cuenta que el anterior proceso de paz, que está totalmente vigente, está fallando estrepitosamente o falló durante los cuatro años anteriores.

Es decir, que el Presidente Petro no solamente está comenzando un nuevo proceso de paz, sino que encima tiene que recoger todo lo del anterior proceso de paz que durante los cuatro años del señor Duque se ninguneó, como ha dicho la Corte Constitucional.

Y sobre lo que yo soy poco optimista, es que para sacar leyes tiene que contar con la mayoría del legislativo y tiene que llegar a acuerdos.

¿Qué ocurre? Puede que llegue a acuerdos para poder legislar, pero si llega a acuerdos para poder legislar, esa ley va a salir muy reducida en las pretensiones del Presidente Petro. Y eso puede, a su vez, enfadar a otro sector de la población que votó por él, que puede decir, “te hemos votado para que hagas esa ley”. Y se van a enfadar.

La situación para el Presidente Petro, es que si no pacta las leyes con estos mínimos, no sale la ley, porque no tiene mayorías en el Parlamento. Ese es el problema, las leyes que salgan van a tener que ser leyes muy rebajadas. Entonces la opción que le queda al Presidente Petro es que no salgan las leyes o que salgan rebajadas. Pero no va a salir la ley que él quiere.

Luego, quedan las políticas públicas que puede desarrollar al margen de las leyes. Hay una cierta capacidad llamada reglamentaria del Gobierno para que sin que lo apoye una nueva ley detrás tenga una capacidad para incentivar presupuestariamente hablando, es decir, con más dinero público a determinados espacios. Eso sí que lo puede hacer. Que es una forma también llamémosle de «legislar».

De esta forma, el Gobierno no está legislando, pero tiene capacidad normativa. Es decir, un ejecutivo, un presidente, hace normas. Entonces, a través de lo que nosotros llamamos capacidad reglamentaria, haciendo la normativa, allí se pueden hacer cosas estableciendo unas prioridades. Poniendo el dinero en un sitio a lo mejor quitándolo de otro sitio, así también se puede consumar un proyecto de gobierno.

Entonces se tiene que manejar en esas tres coyunturas. La del proceso de paz aparte, porque de por sí es suficientemente complejo. Y luego la otra es metodológica. No puede legislar a su antojo, pero tiene toda una capacidad normativa para poder manejar los presupuestos generales del Estado donde se necesita.

Y que se visibilice que son cada vez más sociales, no solamente de manera coyuntural sino estructural. Ahora mismo el Presidente puede hacer una reforma agraria con las bases legislativas que tiene, yo creo que bastante potente si quisiera.

Probablemente, sería bueno que se centrara a lo mejor en ello, además así estaría dando cumplimiento al punto uno del acuerdo anterior de paz.

Yo pienso que como eso está tan candente y este país todavía tiene un porcentaje de masa agrícola muy importante, yo opino que sería un buen punto para poder establecer una reforma agraria que yo llamaría, que debe ser fundamentalmente comunitaria o asociativa.

Dotarlo además de mayor capacidad. No tanto empezar a dar títulos de propiedad a campesinos de forma individual, a trabajadores agrícolas e individuales, sino generar una estructura solidaria, comunitaria de la tierra, que además contribuya a generar paz en los territorios.

CI: ¿Aunque eso signifique comprar tierras a Fedegan?

Francisco Palacios: Ahí hay otro problema. Tengo que reconocer que toca estudiar mejor ese tema.

Es relativamente reciente esta propuesta de compra y a mí me gustaría saber si esa compra que se va a hacer es de hectáreas que a su vez son de las que se han apropiado indebidamente los terratenientes, los ganaderos, o bien son tierras legítimamente suyas.

Claro, si son tierras, digamos, de las que se han apropiado indebidamente, fundamentalmente, desplazando a personas, o a personas que han sido desplazadas en dinámicas paramilitares, pues me parecería bastante cuestionable que sea la solución.

En cambio, si son tierras propias de los grandes terratenientes, con títulos de propiedad – valga la redundancia – propios, pues entonces, si me parece una buena medida, comprar esas tierras con el dinero del Estado.

Del mismo modo, no hay que olvidar que está la expropiación, que es una figura jurídica que no es nada socialista y que la inventaron durante la Revolución francesa.

En la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, liberal, ahí está la expropiación. Es decir, que siempre cabe expropiar por parte del Estado. Y cuando hablas de expropiar, no hablas de confiscar. Hablas de que el Estado toma una decisión para que, por interés público, quitar las tierras a unas personas, pero pagarles. La expropiación no es quitarlas, también es pagar por ellas.

El Presidente ha decidido para no herir susceptibilidades, no expropiar y comprar. ¿Qué es diferente? Bueno, también puede ser legítimo, pero eso sí, para mí hay una línea roja. Lo importante es que esas tierras no hayan sido adquiridas ilegalmente por los terratenientes y menos a pequeños campesinos, a pequeñas comunidades y menos habiendo detrás desplazamientos y mucho menos habiendo masacres.

Yo creo que la ministra actual de Agricultura tiene ya establecido un censo sobre cómo están tituladas cada una de las tierras y cuál es su recorrido histórico. Eso espero y que en función de ese mapa que tiene el Ministerio de Agricultura, pues sea consecuente en el sentido del que estoy hablando.

Puede haber excepciones y, evidentemente, en algún caso más o menos confuso en cuanto a titularidad.

Pero que lo que sea un producto de desplazamiento, de usurpación, se compre ahora los usurpadores. Eso no se puede hacer. Se puede hacer a lo mejor en un caso, digamos, más o menos confuso, ¿no? Pero no se puede hacer como sistema.

De todas formas, repito que comprar la tierra a los terratenientes que tengan un título de propiedad más o menos legítimo me parece bien si soluciona el problema.

Y, desde luego, está la cuestión de que hay muchas situaciones del campesinado no desplazado que está en sus tierras, pero que, sin embargo, no tiene un título de propiedad todavía después de muchos años reivindicándolo.

Yo creo que también allí se debería titularizar a muchos campesinos, sobre todo a las que son para mí comunidades ejemplares de productividad, que son comunidades compuestas por muchos campesinos, que están pidiendo hace mucho tiempo la titulación como cooperativa, o como agrupación agrícola, o como otras figuras que existen. Incluso, en la propia normativa colombiana y que no se han sido concedidos por los diferentes gobiernos. Sería un buen momento para consolidar esos proyectos comunitarios.

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