Al concluir una reunión del presidente Álvaro Uribe con familiares de los militares y policías prisioneros, en manos de la guerrilla de las FARC, el mandatario dio vía libre a la realización de las operaciones para recibir a los prisioneros que las FARC se habían comprometido a liberar. Esta decisión modifica sustancialmente la anterior que impedía recibir a prisioneros individualmente para forzar a la guerrilla a liberarlos a todos. En la nueva situación el Gobierno deja en manos del CICR y de la Iglesia Católica los contactos con las FARC, y asigna a la senadora Piedad Córdoba el papel de acompañante. Pese a la flexibilización del Gobierno para que sen las liberaciones ofrecidas por las FARC, aún no es claro si el Gobierno estará o no dispuesto a negociar el canje de los prisioneros de las FARC por los guerrilleros presos en las cárceles. Mientras tanto, la guerrilla de las FARC hizo llegar a la senadora Piedad Córdoba un video con la prueba de vida del cabo de Policía Pablo Emilio Moncayo, en el cual el cautivo le pide al presidente Uribe no obstaculizar más la libertad que la guerrilla le ha otorgado. Por su parte la senadora Córdoba estima que concretar y realizar la operación de liberación puede tomar un mes. De otra parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU y luego de tildar al Gobierno del presidente Uribe como “una mafia” y tacharlo de “mentiroso compulsivo”, cuestionó fuertemente la política del presidente Obama y del presidente Uribe por la instalación en suelo colombiano de siete bases militares de EEUU, “lo cual constituye una amenaza para la paz en Suramérica”. El mandatario venezolano pidió a la ONU un plan de paz para Colombia, el cual él estará dispuesto a apoyar. Por su parte, el presidente Uribe justificó la instalación de las bases militares de EEUU en Colombia, como parte de la cooperación de ese país a la derrota del narcotráfico y del terrorismo, al tiempo que pidió a la comunidad internacional sumarse a ese esfuerzo y criticó la “carrera armamentista” en que han entrado otros países de la región en Suramérica. El mandatario defendió su política de seguridad democrática, mediante la cual “ha logrado la desmovilización de 51.783 integrantes de grupos terroristas cuyos miembros han pasado de cerca de 60.000 a menos de 8.000, que la ley de Justicia y Paz que los acoge ha permitido enunciar 29.555 hechos criminales, la confesión de 12.104, el hallazgo de 2.043 fosas con 2.492 cadáveres, la identificación de 708 cuerpos y la entrega de 581 a sus familiares.” Estos resultados, en otros momentos, han sido controvertidos por informes de instancias del Estado como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía y numerosos observatorios del conflicto constituidos por ONG’s internacionales y nacionales, según los cuales en Colombia ocurre un proceso de “reparamilitarización” evidenciado en la existencia de cerca de 100 nuevos grupos de paramilitares que operan en cerca 250 municipios del país, sumando mas de 10.000 integrantes captados de entre los desmovilizados, que están copando los territorios abandonados por las antiguas agrupaciones paramilitares desmovilizadas. Además han cuestionado la eficacia de la ley de Justicia y Paz, por cuanto los jefes paramilitares fueron extraditados a EEUU para responder por delitos de narcotráfico, sin que antes revelaran la verdad de los miles de crímenes cometidos por ellos en Colombia, como tampoco su obligación de devolver los bienes y las tierras que usurparon a los campesinos, las cuales continúan en su poder y que podrían llegar a los seis millones de hectáreas. También que hasta la fecha no hay una sola sentencia en firme contra los paramilitares pese a haber confesado el asesinato de 24.000 personas, creando con ello un fenómeno de impunidad absoluta. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, BBC, Presidencia, ABN, 19 – 25/09/09

La honda crisis institucional del Estado colombiano, agravada por las actuaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los últimos cinco años, que van desde seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cientos de personas entre activistas de derechos humanos, dirigentes políticos de oposición, periodistas, líderes sindicales y algunas instancias diplomáticas como funcionarios de la embajada de EEUU en Bogotá, de la ONU; así como los nexos de algunos de sus directores con jefes del paramilitarismo, son el motivo para el presidente Álvaro Uribe ordenara la liquidación del DAS y la creación de un nuevo organismo de “inteligencia civil”, que se encargará de asuntos de seguridad estratégica, el que deberá estar en funcionamiento a partir del 1 de enero del próximo año y dependerá directamente del presidente de la República. Este nuevo organismo continuará manejando la función de Extranjería mientras que la de Policía Judicial y relación con INTERPOL serán transferidas a la Policía Nacional. Entretanto, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, expresó su preocupación por las amenazas, hostigamiento y persecución, que no cesan, contra miembros de organizaciones sociales, al tiempo que denunció la participación directa y a veces la complacencia de la Fuerza Pública y del Gobierno en estos comportamientos delictivos y violatorios de los derechos humanos. Por su parte, desde otra instancia de la ONU, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al presidente Uribe aclarar los seguimientos ilegales a funcionarios de la organización por parte del DAS, ocurridos durante la visita del Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas realizada en el 2005. De otra parte, la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad que los congresistas vinculados con grupos armados ilegales deberán responder por delitos de lesa humanidad que hayan cometido esos grupos delincuenciales. Al respecto el Presidente de este Alto Tribunal, Magistrado Augusto Ibáñez explicó que la nueva jurisprudencia permite distinguir y aplicar, bajo estándares internacionales, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, como también los conceptos de “aparatos armados de poder y los aparatos armados de guerra”, tal como lo establecen los Tratados Internacionales de derechos humanos y los Convenios de Ginebra, suscritos por Colombia y a los que está obligada a cumplir y acatar. El Magistrado puntualizó que “el aparato de guerra” funciona no solo con autores materiales directos, sino también con determinadotes o autores intelectuales. Esta decisión implica que la CSJ revisará la totalidad de los procesos que han estado a su cargo y los que ha manejado la Fiscalía, entre los que se encuentran connotados políticos del “uribismo” y el primo del presidente, Mario Uribe Escobar. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, Voz, Caracol – Radio, Presidencia, 19 – 25/09/09

En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí y de Colombia, Jaime Bermúdez, y tras tres días de intensas negociaciones, anunciaron el acuerdo de los dos países de reanudar relaciones diplomáticas a nivel de Encargados de Negocios, a partir del mes de octubre. Este es un paso importante hacia el restablecimiento total de las relaciones colombo – ecuatorianas, suspendidas luego que el presidente Uribe ordenara el ataque en suelo de Ecuador a un campamento de la guerrilla de las FARC, violando con ello la soberanía nacional del vecino país. El acuerdo contempla el compromiso explícito del Gobierno de Colombia de no volver a realizar operaciones militares o de seguridad en territorio ecuatoriano y del Gobierno de Ecuador de no tolerar la presencia de grupos armados irregulares en su territorio y que cualquier incursión armada será repelida por la fuerza. Además el acuerdo contempla que los procesos judiciales iniciados por Ecuador contra Colombia, continuarán su trámite en la Corte de La Haya y Washington, por los daños causados por las fumigaciones en la frontera y la muerte de un ciudadano ecuatoriano durante el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. El acuerdo expresa también que Colombia no acepta la competencia de la justicia ecuatoriana contra funcionarios públicos, procesados por el bombardeo, en tanto que Ecuador se mantiene en el respeto a la autonomía de su sistema judicial. Finalmente se comprometieron a reactivar la Comisión Binacional de Frontera (COMBIFRON), y ampliar los mecanismos de coordinación y comunicación entre las autoridades civiles, militares y de policía. De otra parte, el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, aseguró que el acuerdo militar entre su Gobierno y el de Colombia no será publicado hasta que no se firme. En una clara referencia al compromiso del presidente Uribe en la Cumbre de UNASUR en Bariloche, de compartir el acuerdo de instalación de siete bases de EEUU en Colombia con los demás países, asunto que incumplió en la Cumbre del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de Quito. El diplomático aseguró que la práctica diplomática establece que los acuerdos bilaterales no se hacen públicos, pero que EEUU deja en manos de Colombia el poder hacerlo. Agregó que EEUU tiene 119 acuerdos similares con otros tantos países y que no han tenido ningún inconveniente. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, BBC, Telesur – Tv, Mi Punto, Librered, El Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, 19 – 25/09/09