El 2019 ha sido el año más violento contra excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Ese año, con 78 casos, es el más letal desde la firma del acuerdo de La Habana, que puso fin a un conflicto armado de medio siglo.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), son 392 firmantes del acuerdo que han sido asesinados en su tránsito a la vida civil entre 2017 y 2023. Vistos año a año, estos casos fueron en ascenso hasta el 2019, cuando se alcanzó un pico, y desde entonces se observa un lento descenso (ver cuadro).

Fuente: Indepaz

En el 2017 hubo 33 casos, en el 2018 subió a 65 y en el 2019 se alcanzó un pico con 78 casos. En el 2020 se reportaron 76 casos, en el 2021 se redujeron a 53 y en el 2022 a 43. El año pasado cerró con 44 hechos registrados, según Indepaz.

El 2019 tuvo un contexto adverso para la implementación del acuerdo, marcado por las objeciones presidenciales a las leyes reglamentarias de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de sus puntos cruciales. El gesto se interpretó como un intento del gobierno de Iván Duque de “volver trizas el acuerdo”, como dijo uno de sus copartidarios en campaña.

En el 2019 también fue el año del rearme de un grupo de excombatientes que se reagruparon bajo la denominación de Segunda Marquetalia, quienes decidieron volver a la clandestinidad tras una serie de incidentes protagonizados por Jesús Santrich, quien fue víctima de un entrampamiento judicial, según se conoció posteriormente.

Sin embargo, y a pesar de estas vicisitudes, la gran mayoría de firmantes del acuerdo se sostuvieron en el proceso de reincorporación. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), de las 14.099 personas acreditadas como excombatientes de las FARC, 12.105 se encuentran activas en el proceso de reincorporación, un 85 por ciento.

Para Indepaz, uno de los principales factores de riesgo es la persistencia de grupos armados en los territorios, como otras guerrillas, disidencias y paramilitares. Por eso, medidas como los ceses al fuego, los diálogos de paz y las propuestas de sometimiento a la justicia que impulsa el actual gobierno como parte de su política de Paz Total pueden brindar un mejoramiento en la seguridad de quienes dejaron las armas.