El martes 4 de septiembre de 1984, Miguel Ángel Díaz y Faustino López emprendieron un viaje al Magdalena Medio, específicamente al municipio de Puerto Boyacá. El objetivo era indagar y, en lo posible, resolver la situación jurídica de un predio propiedad del Partido Comunista Colombiano, PCC.

Miguel Ángel de 33 años era el secretario de finanzas del PPC Regional Bogotá y Faustino de 78 años era un veterano dirigente campesino en el Magdalena Medio. Por tratarse de una zona donde se estaba experimentando la emergencia y consolidación del proyecto paramilitar, decidieron viajar juntos a este municipio.

La desaparición

Durante la mañana del miércoles 5, los dos dirigentes comunistas estuvieron en la Registraduría municipal. Según relataron en su momento varias trabajadoras del despacho, hombres extraños siguieron constantemente los pasos de Miguel Ángel y Faustino, quienes después se trasladaron a la oficina de Instrumentos Públicos para seguir con las diligencias.

Sobre el mediodía, Miguel Ángel salió de la oficina y a pocos pasos fue detenido por desconocidos que lo obligaron a subirse en un carro Renault de color azul. Detrás del automotor, lo seguía una motocicleta roja manejada por los personajes que estuvieron siguiendo los pasos de Díaz y López en Puerto Boyacá.

Por su parte, la última vez que se vio a Faustino fue en el mercado donde tomaba un refresco. Nunca más se supo de él. Sin embargo, en la noche de aquel fatídico miércoles, elementos encapuchados vandalizaron la vivienda del veterano dirigente comunista. Tanto a Miguel Ángel, como a Faustino, los desaparecieron a plena luz del día.

Una vez se conoció la noticia de la desaparición de Miguel Ángel y Faustino, familiares de las víctimas, dirigentes del Partido Comunista y una comisión del Gobierno de Belisario Betancur se trasladaron a Puerto Boyacá. Allá pudieron constatar el ambiente de tensión en el municipio, el posicionamiento del grupo paramilitar Muerte A Secuestradores, MAS, y la negligencia de las instituciones a la hora de adelantar una investigación.

Días después, el sábado 15 de septiembre, una amplia delegación de 100 dirigentes sindicales llegaron a Puerto Boyacá. El objetivo era ejercer presión y rescatar con vida a los dirigentes desaparecidos. No obstante, fueron recibidos por una beligerante manifestación del MAS liderada por el polémico Pablo Emilio Guarín Vera, en ese momento promotor del proyecto paramilitar, elegido en 1986 como representante a la Cámara y asesinado por las Farc en 1988.

De acuerdo al relato del corresponsal Alberto Acevedo consignado en las páginas de este periódico, la delegación que llegó a Puerto Boyacá fue amenazada y hostigada con armas de fuego y con consignas anticomunistas. Un dato no menor en este episodio, es que la corresponsalía para El Tiempo fue escrita por el mismo Guarín Vera, quien en ese momento era protegido político del ministro de Gobierno Jaime Castro y amigo de Enrique Santos Calderón.

Las investigaciones

Desde el día en que se cometió la desaparición de Miguel Ángel y Faustino, familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la militancia comunista han adelantado la campaña por verdad, justicia, reparación y no repetición, convirtiendo en emblemático el caso.

Una mención especial tiene la lucha que desde 1984 adelanta Gloria Mansilla de Díaz, esposa de Miguel Ángel, madre de las tres hijas de la pareja y dirigente sindical, quien se ha convertido en una de las más aguerridas defensoras de los derechos humanos en el país.

Gloría participó en la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, hizo parte del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos, Fedefam, y en 1994 fundó la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Andas.

Sobre las investigaciones adelantadas por las instituciones correspondientes, la constante ha sido la impunidad. Dos años después de los sucesos, se pudo determinar que en la motocicleta roja iba el detective del DAS Rural, Jorge Luis Barreto, siendo este capturado el 17 de julio de 1987 y recluido en el centro penitenciario de El Barne, en Combita, Boyacá. No obstante, este fue procesado y sentenciado por el delito de “secuestro simple”, siendo puesto en libertad por pena cumplida y buena conducta el 27 de febrero de 1990.

Otro agente del Estado que estuvo involucrado en la investigación fue el teniente Álvaro Becerra Álvarez, comandante de Policía de Puerto Boyacá en la fecha de los sucesos. El oficial fue llamado a declarar en reiteradas ocasiones, pero este nunca se presentó a las autoridades. Después fue ascendido al grado de Brigadier General en la institución policial.

Cuatro décadas después Miguel Ángel y Faustino siguen desaparecidos, nunca se investigaron a los autores intelectuales y materiales, así como no hay nadie procesado por el caso. Y lo más grave es que el Estado sigue victimizando a los familiares, como es el episodio de la casa Díaz Mansilla, embargada y rematada en 2022 por el Fondo Nacional del Ahorro.

Publicado en Semanario Voz