Organizaciones sociales y de derechos humanos presentaron una solicitud de acreditación como víctima para el río Magdalena ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 18 de octubre en un acto simbólico en Bogotá.

Esta iniciativa se enmarca en la legislación y jurisprudencia que se refiere a los ríos como sujetos de derechos, como el río Ranchería, en La Guajira; el Atrato, en el Chocó; y el propio Magdalena, que en una sentencia de un juzgado de Neiva fue reconocido como una entidad sujeto de derechos.

“El río ha sido usado como fosa común. A él se arrojaron cadáveres para borrar el rastro de los crímenes. También ha sido usado como corredor de todos los grupos armados”, narró Iván Madero, director de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).

La solicitud fue hecha ante la magistrada Catalina Díaz, relatora del caso 08 de la JEP, que tiene al Magdalena Medio como subcaso, dada la magnitud de episodios registrados en esta región, especialmente por parte del paramilitarismo entre las décadas de 1980 y 2000.

“Soy consciente de la impunidad de los graves casos de violaciones a los derechos humanos”, dijo la magistrada Díaz. “La JEP significa una posibilidad de hacer justicia”, agregó.

El caso 08 se refiere a crímenes cometidos por agentes del Estado en alianza con paramilitares o terceros civiles, e incluye algunos territorios emblemáticos, entre ellos la región del Magdalena Medio.

Según la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la Fuerza Pública son homicidios; desplazamiento forzado; amenazas; tortura y desaparición forzada. En algunas regiones se dieron con una magnitud diferenciada debido a la estigmatización de sectores sociales, políticos y comunidades completas como auxiliadoras o integrantes de las guerrillas en razón a su rol social o por el hecho de habitar en esos territorios.

Por eso, un grupo de organizaciones sociales y entidades de la región han tenido un rol activo ante la JEP. Ahora impulsan esta solicitud para que se reconozca al río Magdalena como víctima del conflicto armado.

“Queremos contribuir a la memoria colectiva y rechazar la guerra como una dinámica que afecta a la región”, expresó René Ayala, vocero de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), uno de los colectivos que impulsan esta iniciativa. “Que el Magdalena ya no sea el río de las tumbas sino el río de la vida”, agregó.

Esta acción también la acompaña la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, y que ha denunciado cómo directivos de la empresa recurrieron al paramilitarismo para perseguir a sus trabajadores.

Otras entidades que firman la solicitud son el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

La entrega de la solicitud de reconocimiento estuvo a cargo de Luz López en representación de las víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio.

La JEP es un tribunal de justicia transicional surgido en el acuerdo de paz de La Habana entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP.