La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la connivencia y complicidad entre miembros del Batallón La Popa del Ejército Nacional y estructuras paramilitares, por las que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Así lo informó ese tribunal este 28 de octubre, al emitir el Auto 011 del 2024, que corresponde al Subcaso Caribe del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

"La magistratura determinó que existe correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas, las calificaciones realizadas y los 12 máximos responsables identificados", explicó la JEP.

La JEP agregó que fue confirmado "el asesinato y/o desaparición forzada de 135 personas en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena. Algunas de las víctimas eran integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa y Kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad".

Como parte de su decisión, la JEP ordenó incluir a las víctimas en el Registro Único de Víctimas y proteger un punto de interés forense en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, de donde fueron recuperados 282 cuerpos no identificados con el propósito de avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

También, solicitar a la Registraduría Nacional una copia de las fotografías de las víctimas para entregarlas a sus seres queridos y satisfacer sus derechos a la reparación simbólica y preservación de la memoria; y realizar la inscripción extemporánea del registro civil de defunción de las víctimas.

Delitos

En la investigación del subcaso, la JEP determinó que "los asesinatos ocurrieron en el marco de una relación de connivencia entre los miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares que operaban en la zona".

Además, en algunos casos, "las víctimas fueron traídas de otras regiones con falsas promesas de trabajo o de negocios y, luego de su asesinato, fueron presentadas como muertes en combate".

Por esta razón, a los imputados se les adjudicó la responsabilidad de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, en hechos ocurridos entre el 2002 y el 2005.

Además, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP consideró que algunos de los comparecientes de la fuerza pública también son responsables de los crímenes de tortura y de persecución, por lo cual se incorporaron estos dos nuevos delitos en el subcaso.

"Algunos de los asesinatos reconocidos por los comparecientes se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa. Este crimen se enmarca en un contexto donde ciertos comparecientes ejercieron medidas de control social, como restricciones alimentarias, limitaciones arbitrarias de horarios y restricciones de tránsito y circulación para la población", dijo la JEP.

El subcaso proseguirá con audiencia pública de verificación, donde se examinará el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y las formas de reparación, para luego emitir la sentencia en la que se impondrán las sanciones propias.