El 6 de noviembre de 1985 el Comando Iván Marino Ospina del Movimiento 19 de Abril (M-19) inició la llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Se trató de la toma armada del Palacio de Justicia, ubicado frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Los insurgentes pretendían juzgar al Gobierno del Presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el M-19 y el Gobierno habían pactado entre 1984 y 1985.

El M-19 retuvo en el Palacio de Justicia a 350 magistrados, visitantes, consejeros de Estado, empleados y servidores judiciales. Las fuerzas militares colombianas realizaron la retoma del palacio, lo que derivó en la muerte de al menos cien personas y en la desaparición de otras tantas.

Los inútiles llamados a detener el fuego

Fueron varios los llamados, mensajes y gritos de los magistrados para pedir al Gobierno Nacional que ordenara el cese al fuego a los militares para buscar una solución pacífica. También reclamaron la presencia de la Cruz Roja Internacional.

«Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19», dijo el magistrado Alfonso Reyes Echandia, poco antes de morir dentro del Palacio de Justicia.

El Gobierno de Belisario Betancur quedó como un simple espectador mientras los disparos y explosiones sonaban en el palacio. Las Fuerzas Militares tomaron el absoluto control de las decisiones e imposibilitaron cualquier solución negociada.

Por ese hecho, la Justicia colombiana condenó al coronel Alfonso Plazas Vega y al general Jesús Armando Arias Cabrales. Sin embargo, aún existen otros militares que no han sido juzgados.

Las evidencias contra los militares

Varios vídeos de la época demostraron que del Palacio de Justicia salieron con vida varias personas que fueron llevadas a la Casa del Florero, la cual fue convertida en base militar del Ejército, y a otras instalaciones militares. Nunca más se volvería a saber de estas personas.

Por ejemplo, en un video revelado por Noticias Uno en 2007, se ve salir con vida al magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, pero luego su cuerpo fue encontrado dentro de las instalaciones del palacio con una herida en la cabeza de proyectil nueve milímetros.

En otro video encontrado en un allanamiento en casa del coronel Alfonso Plazas Vega se ve al administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez y a la cajera Cristina del Pilar Guarín salir con vida del palacio, aunque después fueron desaparecidos.

De las 35 personas del M-19 que participaron en la acción, solo Clara Helena Enciso consiguió escapar con vida. La guerrillera Irma Franco Pineda salió del palacio, pero fue detenida por el Ejército y posteriormente torturada, asesinada y su cuerpo desaparecido.

Algunos de los guerrilleros capturados dentro del palacio fueron asesinados después de haberse rendido o cuando quedaron en estado de indefensión. Luego los militares los presentaron como muertos en combate.

«Masacre y Holocausto»

En 2006 la Comisión de la Verdad, conformada por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, encontró responsables del Holocausto al M-19, al Gobierno de Belisario Betancur y a las fuerzas militares colombianas.

Para esa Comisión de la Verdad el M-19 fue responsable del asalto del Palacio de Justicia y de la toma de rehenes. En dicho informe la Comisión señala una conexión entre el cartel de Medellín y el M-19 para la realización de la toma, pero no aclara el nivel de dicha relación.

Estas afirmaciones fueron negadas por antiguos miembros del M-19, quienes aseguran que la operación tenía como objetivo juzgar al Gobierno por el fracaso del proceso de paz y que esa organización no tenía ninguna motivación en favor de los carteles de la mafia.

Beneficiados con el Holocausto

Así mismo, en el Palacio de Justicia, durante la toma, fueron destruidos varios procesos judiciales que afectaban a los narcotraficantes y a miembros de las Fuerzas Militares involucrados en crímenes y violaciones a los derechos humanos y en vínculos con grupos paramilitares.

Además, el día de la toma se adelantaban las discusiones sobre la extradición y dichas cortes fueron amenazadas por los narcotraficantes.

Para la Comisión de la Verdad, el Gobierno nacional no hizo absolutamente nada para proteger a las víctimas del Holocausto.

Tampoco buscó un cese al fuego ni una solución pacífica para salvar a las víctimas y prefirió impedir que se supiera lo que ocurría.

La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio mientras se escuchaban los disparos y las explosiones.

Según verificó la Comisión, los restos de los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, tenían proyectiles de armas que no fueron usados por la guerrilla.

La responsabilidad de los militares

Las Fuerzas Militares fueron las principales responsables por los hechos del Palacio de Justicia. Según la Comisión de la Verdad, los militares nunca buscaron salvar a las personas rehenes.

En las conclusiones de la investigación consta que los militares tenían conocimiento con anticipación de la operación que realizaría el M-19 por información que había dado el magistrado Echandía. Sin embargo, no hicieron nada para impedir que ocurriera la toma.

Igualmente, el Ejército fue encontrado responsable de la desaparición forzada, ejecución y asesinato de varias de las víctimas.

Las Fuerzas Militares fueron responsabilizadas de impedir cualquier intento para realizar un cese al fuego y no dudaron en hacer un uso excesivo de la fuerza para recuperar el Palacio de Justicia.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ocurrido en el Palacio de Justicia es calificado como una masacre u holocausto. Existen varias sentencias contra el Estado colombiano por la retoma del Palacio de Justicia.

Colombia Informa