Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la creación y consulta pública de la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán. Esta zona busca proteger 75 mil hectáreas que abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga. El movimiento social que defiende el agua y el páramo de Santurbán celebró la decisión.

Exigen la salida de Aris Mining-Minesa y de las transnacionales mineras

El Comité Santurbán afirmó: “Seguimos exigiendo la salida de Aris Mining-Minesa y las transnacionales mineras de nuestros territorios, así como la reparación integral por los daños ambientales y sociales ocasionados”.

Además, la zona de reserva temporal se ubicaría en un área de 75 357 hectáreas en el costado occidental del Macizo de Santurbán, en la jurisdicción de siete municipios de Santander: Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

La decisión gubernamental

“Esta resolución estará publicada para que sea consultada por la ciudadanía y se recibirán comentarios por parte de todos los actores interesados, así como habrá sesiones para que se conozca esta resolución en territorio, tanto sus aspectos técnicos como jurídicos, con el fin de garantizar la participación de todos los actores”, afirmó la ministra Susana Muhamad el pasado 27 de noviembre.

El ministerio identificó en los análisis técnicos que en la zona de reserva prevista se encuentran 57 títulos mineros y 35 solicitudes de titulación minera, que en conjunto suman alrededor de 23 929 hectáreas que se traslapan con 20 397 hectáreas de ecosistemas que son claves para el uso y manejo coordinado del suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Lo que está en juego en Santurbán

Esta reserva temporal se plantea con una vigencia de dos años para adelantar los estudios técnicos y procesos necesarios para tomar decisiones basadas en certeza científica sobre dónde se puede o no hacer minería protegiendo el ciclo del agua y los servicios ecosistémicos de la región.

Por lo tanto, la medida limitará la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral.

Este proyecto es la respuesta a demandas históricas de las comunidades y organizaciones sociales que han insistido en la relación socioecológica y el significado de este importante ecosistema de páramo, una lucha en defensa del agua y los territorios contra la gran minería que afecta los planes de vida de millones de personas en el Nororiente colombiano.

Así mismo, se basa en el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, los elementos jurisprudenciales del principio de precaución y el ordenamiento minero ambiental ordenado por el Consejo de Estado.

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