La Agencia Nacional de Tierras y varios congresistas denunciaron el pasado martes que existe un cartel de la tierra conformado por empresarios, políticos, narcotraficantes y testaferros que se apropiaron de cien mil hectáreas destinadas a las víctimas del paramilitarismo.

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, explicó en una rueda de prensa que existen por lo menos seis casos que demuestran la existencia de este entramado criminal para quedarse con los predios que en el pasado fueron entregados por paramilitares desmovilizados para reparar a las víctimas.

Principales responsables del cartel de la tierra

—En Buenavista (Córdoba), seis mil hectáreas estaban en poder del exalcalde José Félix Gutiérrez, quien es señalado por Salvatore Mancuso de ser uno de los responsables de la masacre de La Mejor Esquina, ocurrida el 3 de abril de 1988, donde fueron asesinados 28 campesinos por los paramilitares.

Gutiérrez es pareja sentimental de la representante a la Cámara del Partido de La U Ana Paola García.

–La finca Las Américas en Chimichagua (Cesar) está avaluada en 26 mil millones de pesos y tiene 1400 hectáreas.

Esta finca aparecía en manos de Hugues Rodríguez, alias el comandante Barbie, quien es conocido por ser ganadero, financiador de grupos paramilitares y un testaferro muy cercano al jefe paramilitar Jorge 40.

Alias comandante Barbie también posee dos predios de origen baldío en Valledupar que suman 83 hectáreas, en poder de inversiones Rodríguez Fuentes.

Este predio le perteneció al narcotraficante Ñeñe Hernández, financiador de la campaña presidencial de Iván Duque.

—En Córdoba (Bolívar), 1041 hectáreas eran controladas por los Méndez, una reconocida familia responsable de dirigir un grupo paramilitar en los Montes de María desde los años ochenta y dirigido por una familia de hacendados, quienes se apoderaron de grandes extensiones de tierra en Sucre y el Sur de Bolívar.

—La empresa K-Supply Group se apoderó de 1841 hectáreas en Cáceres y Tarazá, departamento de Antioquia.

En 2020, el Financial Times reconoció que dicha comercializadora de carne fue una de las 500 empresas con mayor crecimiento en América.

A pesar de todo su poder económico, solo pagaba siete millones de pesos de arriendo, ya que en 2021 le entregaron seis predios de 1841 hectáreas. Juan Andrés Escudero es el representante legal de este grupo.

Varios medios de comunicación denunciaron en 2022 que el Gobierno de Iván Duque cometió varias irregularidades que beneficiaron a este grupo, como por ejemplo que no verificó la idoneidad del arrendatario ni la capacidad para contratar.

—En Caucasia (Antioquia), 283 hectáreas estaban en manos de Charif Hernández, un reconocido narcotraficante de origen venezolano acusado del asesinato del narcotraficante Wilber Alirio Varela, alias Jabón.

En 2008, un juez de Mérida en Venezuela emitió una orden de captura en su contra y en 2013 fue detenido en Panamá y extraditado a Estados Unidos.

—950 hectáreas estaban en poder de la ganadería Brisas de Agualinda SCA ubicada en Puerto López (Meta).

Su representante legal es Kimberlly Annette Carranza, hija de Víctor Carranza, señalado de ser un narcotraficante y jefe paramilitar y llamado el zar de las esmeraldas.

—Los predios La Chorrera y Siberia pertenecen a la hacienda La Reforma y estaban en proceso de recuperación de baldíos contra Víctor Carranza desde 2014.

Harman agregó: “El trabajo que adelantamos viene incomodando a latifundistas, clanes locales y estructuras políticas porque estamos removiendo intereses económicos y sociales en las regiones”.

Congresistas respaldaron la denuncia

El senador Robert Daza, quien ha impulsado el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos dentro de la Constitución, también respaldó la denuncia: “Estas tierras, entregadas por los grupos paramilitares al Estado, debían restituir a las víctimas del conflicto y a los campesinos despojados; no obstante, en lugar de cumplir con este objetivo de reparación y justicia, estas hectáreas fueron desviadas hacia intereses privados, consolidando redes de corrupción que profundizan la desigualdad en los territorios”.

De igual forma, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien respaldó la denuncia, mencionó: “¿Recuerdan ustedes las críticas a los nombramientos de gestores de paz, de exjefes paramilitares? Pues bueno, acá está una de las razones: que ellos cuenten la verdad sobre la tierra en Colombia, sobre todo quienes tienen las tierras hoy que ellos entregaron en su momento”.

Problemas con los bienes entregados en Gobiernos anteriores

Los bienes administrados por la Unidad de Víctimas tienen varios problemas que vienen de Gobiernos anteriores, como la improductividad, la devaluación, el difícil acceso y, sobre todo, la ocupación no autorizada, como fue denunciado.

Hasta el momento, la Unidad de Víctimas solo ha podido vender uno de los 124 bienes que administra.

Esto ocurre porque los magistrados y fiscales de Justicia y Paz no han determinado la extinción de dominio para estos inmuebles, lo que hace imposible venderlos.

Finalmente, en la rueda de prensa anunciaron mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con la Fiscalía para hallar a más responsables de impedir que los predios sean entregados y trabajados por las comunidades campesinas.

En los últimos dos años de gobierno, la ANT asegura que logró recuperar 134 mil hectáreas que en su mayoría estaban ocupadas indebidamente.

Colombia Informa