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11 de octubre, Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica
Agencia Prensa Rural / Lunes 19 de octubre de 2009
 
Mario Upegui, histórico presidente de la Unión Patriótica

La Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas son organizaciones que llevan el caso del genocidio contra la Unión Patriótica, que responsabiliza al estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los días 14 y 15 de octubre se reunieron en Bogotá alrededor de 800 delegados de 20 departamentos para rendir un sentido homenaje a las miles de víctimas que dejó este genocidio.

La Unión Patriótica surgió como una salida negociada al conflicto armado entre los grupos insurgentes y el estado colombiano. En 1984, el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron los acuerdo de La Uribe, en los que se incluyó un compromiso de cese el fuego y tregua. Pasado un año los integrantes de este grupo podrían organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión. Para ello el Gobierno se comprometió a brindar las garantías necesarias.

Este aspecto dio lugar a la consolidación del movimiento político de la Unión Patriótica (UP) que congregó a miembros del grupo armado para que participaran como activistas y dirigentes al lado de otras personas y sectores que confluyeron como el Partido Comunista, sindicatos, grupos estudiantiles, campesinos e indígenas, así como guerrilleros de la FARC que se incorporaron a la vida civil en la búsqueda de las trasformaciones necesarias en la consolidación de una paz con justicia social.

Después de las primeras contiendas electorales, sin contar con las garantías del Gobierno, en 1986 la UP posesionó a 14 congresistas, 18 diputados y 335 concejales. Pero inmediatamente después de su primera participación electoral se consolidó un plan de exterminio contra la militancia, familiares y simpatizantes del movimiento político. Más de cinco mil personas fueron asesinadas, lo que llevó a la disolución de su fuerza política.

En este encuentro se contó con la presencia de la directora de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga; Lena Nordstrom, embajadora de Suecia; Cristian Salazar, director de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Mario Upegui presidente de la Unión Patriótica; Carlos Lozano, director del Semanario Voz; y Rafael Bustamante, representante del Ministerio del Interior; quienes brindaron información del proceso que se está llevando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de agotar los recursos internos de jurisdicción interna.

En julio del año 2008 la Comisión entregó el informe al Estado para que dé respuesta a las acusaciones hechas por las víctimas representadas por la Corporación Reiniciar. El Gobierno pretende desconocer a las víctimas, argumentando que este movimiento surgió por la combinación de las fuerzas de lucha y que hay conexión entre diferentes víctimas asociándolas al mismo caso. Alega del mismo modo la inadmisibilidad, fundada en el no agotamiento de los recursos internos, sin presentar pruebas que demuestren la eficacia de los recursos internos legalmente disponibles.

En el marco de estas jornadas se ilustraron a través de debates los instrumentos para la prevención e investigación de crímenes de desaparición forzada y la experiencia de las organizaciones en la investigación de los mismos.

Tras dos días este encuentro culminó con el acompañamiento de víctimas sobrevivientes y familiares, quienes se desplazaron hasta la Plaza de Bolívar exigiendo al estado colombiano la aceptación expresa de su responsabilidad por la violación de la Convenció Americana sobre Derechos Humanos, la contemplación de medidas tendientes a separar del servicio activo a los miembros de los organismos de seguridad del Estado y a otros funcionarios públicos por acción u omisión, y de igual manera garantizar una reparación integral a las víctimas en la búsqueda de verdad, justicia y la no repetición de estos actos.