En los años 90, “¡Venga esa mano, país!” fue la consigna de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo, el inmolado líder de la Unión Patriótica. La barbarie de la guerra devoró la alternativa que representaba este joven abogado, defensor de los trabajadores y de las comunidades campesinas del Urabá. Su fuerza política fue víctima de uno de los hechos más vergonzosos del siglo XX: el aniquilamiento de un partido político víctima del genocidio por el que se condenó al Estado colombiano, que contestó con los criminales cebados con los dineros de los señores de la muerte, políticos, empresarios, latifundistas y militaristas enemigos de los cambios.

Hoy esta consigna se resignifica, potencia y dimensiona en lo que representa el proyecto político que encabeza el presidente Gustavo Petro. El país excluido, ninguneado y segregado, hoy es redimido en este gobierno de origen popular, de convergencia progresista y de izquierda que avanza con su programa “Colombia potencia mundial de la vida”, a pesar de las campañas de desprestigio diseñadas por los aparatos de comunicación del viejo régimen, el bloqueo de las reformas estructurales en el Congreso y las maniobras conspirativas de golpe blando.

El gobierno apenas cumple un poco más de dos años, y los responsables de la debacle nacional impulsan matrices mediáticas señalando que éste no ha podido resolver los problemas del país. Es el cinismo de los que restringieron la democracia con el Frente Nacional y el estado de sitio, que se robaron los recursos públicos, que impusieron tratados de libre comercio que arruinaron a millones, que instalaron el modelo neoliberal que trajo desempleo y miseria, que enterraron la reforma agraria en el Pacto de Chicoral de 1972, que incumplieron todos los acuerdos de paz atizando la guerra, que asesinaron 6.402 jóvenes para decir que la ganaban, que envenenaron con glifosato selvas y ríos, que mutilaron y encarcelaron cientos de jóvenes por exigir el derecho a la dignidad.

Esta última edición de Tierra del año 2024 quiere no sólo registrar lo que representa este proceso de cambio, que sin duda ha impulsado transformaciones en muchos escenarios de la cotidianidad del pueblo colombiano; quiere, además, ser una herramienta pedagógica para el campo popular y el campesinado, que entregue datos, cifras, hechos concretos que contrastan las “fake news” y que reflejan que sin duda este es un nuevo tiempo, en el que avanzan acciones que enrumban el país a los cambios que serán inexorables si la sociedad en su conjunto se organiza para defenderlos.

Por fin, los abuelos que deambulan sin esperanza por las calles tendrán un bono solidario, no una miserable limosna; los trabajadores recuperarán sus derechos arrebatados por la avaricia de quienes les quitaron hasta la luz del sol; las comunidades producirán su energía limpia y solidaria sin estar prisioneros de los especuladores; los campesinos tendrán tierra fértil y con desarrollo rural; las madres comunitarias y cuidadoras serán reconocidas en su labor; los estudiantes gratuidad; y, si consolidamos este proceso, lograremos un modelo de salud basado en la prevención y no en el enriquecimiento de los negociantes del actual sistema; concretaremos las aspiraciones históricas del pueblo, con la verdad y la justicia, y así se podrá abrir la posibilidad cierta, con justicia social, de alcanzar la añorada paz total.

Una tarea clave es la reforma agraria, una bandera del movimiento campesino que ha sido perseguida y criminalizada. Este gobierno ha avanzado en la transformación del territorio, profundizando la consolidación de las zonas de reserva campesina, reconociendo los territorios agroalimentarios y fortaleciendo los procesos de comunidades étnicas en la periferia. Se activó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, la Comisión Mixta de Asuntos Agrarios y la Jurisdicción Especial Agraria. Son avances concretos que tenían un rezago histórico, desde que en Chicoral los terratenientes y la oligarquía bloquearon la posibilidad de que la reforma agraria se desarrollara, dejando a Colombia como uno de los países más atrasados en este aspecto y con los mayores índices de concentración de propiedad sobre la tierra.

Este escenario nos plantea que el 2025 debe ser un año bisagra en este propósito. La ministra de Agricultura ha anunciado que será el año de la reforma agraria y que se viene construyendo la propuesta de construir un nuevo Pacto de Chicoral, éste sí de origen popular y campesino. Es una de las tareas que es necesario empujar y concretar, lo que exige más organización, más trabajo, más formación, más consecuencia.

Además, se aproxima el periodo electoral, en el cual se escogerá el pasado de violencia y exclusión o el futuro que se perfila, sí y sólo sí trabajamos para fortalecer la unidad y la movilización social y popular. Tenemos un reto histórico: defender lo alcanzado y profundizar el proyecto de cambio, con iniciativa, sin desfallecer ni dejarnos enredar, entendiendo que el antagonismo es con quienes defienden los viejos privilegios, juntando esfuerzos y rebeldías, para que venga esa mano país por la vida y la alegría.