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Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes Colombia 2003-2009
En Colombia la tortura es una práctica sistemática y generalizada
Coalición colombiana contra la tortura / Miércoles 11 de noviembre de 2009
 

El presente informe analiza la situación de la tortura en Colombia, después del
último examen al que fue sometido el Estado, por el Comité, en noviembre de
2003. Este documento contiene información que permite evidenciar que Colombia
ha incumplido con las obligaciones derivadas de la Convención y con
la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 2003.

Es urgente que el Comité, en el marco de su análisis, reitere las recomendaciones
previas hechas al Estado.
La práctica de la tortura en Colombia es de carácter sistemático y generalizado.
Esta realidad se presenta en el Capítulo I, en el que se estudian datos cuantitativos
y algunos patrones de acción, a través de los cuales se demuestra dicha
afirmación. Con la tortura se afecta a diversos sectores y poblaciones en especial
situación de vulnerabilidad, como son: las mujeres, las niñas y niños, la población carcelaria, el sector campesino, sindicalistas, estudiantes, activistas sociales
y políticos, entre otros. Así, a pesar de que la normatividad interna prohíbe y
sanciona el uso de la tortura, en la práctica estos hechos se siguen registrando
por parte de todos los grupos que participan en el conflicto armado interno.
Con un incremento importante, en el período reciente, de los casos en los que se
atribuye la responsabilidad a la fuerza pública directamente.
Las personas que se encuentran en prisión, siguen siendo víctimas permanentes
de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Capítulo II de este documento,
demuestra que el Estado colombiano sigue vulnerando la Convención, a
través de la violación sistemática de los derechos de la población carcelaria.

Esta grave situación se ve acompañada de un preocupante marco de impunidad
de estos crímenes, que será abordada en el Capítulo III, pues a pesar de
que el delito de tortura está tipificado por la legislación nacional desde hace
cerca de 30 años, son escasas las sanciones por este crimen. Esta realidad se ve
afectada por el conocimiento recurrente de la justicia penal militar de casos
constitutivos de tortura, abusando de su competencia restrictiva.
Recientemente, este marco de impunidad ha sido agravado por la aplicación
de la ley 975 de 2005 procedimiento en el que se ha invisibilizando la práctica
sistemática de la tortura y la violencia sexual por parte de los grupos paramilitares
vulnerándose a su vez los derechos de las víctimas de este crimen a la
verdad, la justicia y la reparación integral.
Es grave destacar que nos encontramos en un contexto de vulneración de los
derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En particular
por la actitud constate del Gobierno de promover medidas que no garantizan
los derechos de las víctimas, imponiendo situaciones de discriminación
en contra de las víctimas de crímenes de Estado, y obstaculizando la adopción
de disposiciones legislativas que promueven medidas a favor de las mismas,
excusándose en razones fiscales. Esta realidad será abordada en el Capítulo IV
del informe.
El Capítulo V del informe ilustra, a través de testimonios, sobre los impactos
psicosociales de la tortura. En el Capítulo VI se aborda, de manera específica,
la situación de algunas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En una
primera sección se evidencia el incumplimiento de la recomendación del Comité
contra la Tortura en materia de violencia sexual; en el segundo acápite se
muestra la vinculación infantil al conflicto armado interno como escenario de
tortura; en un tercer acápite se estudia la tortura y el maltrato como formas de
persecución social en contra de personas LGBT.

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