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Venganza uribista
Detenciones masivas otra vez en La Julia
Sin orden expresa de un fiscal, sin proceso previo, sin el lleno de los requisitos legales para su captura, que son ejecutados a posteriori, el ejército detiene a campesinos y líderes comunales del casco urbano de La Julia, en el Meta, en venganza por la presencia de grupos insurgentes en la región
Semanario Voz / Miércoles 28 de marzo de 2007
 

Desde los primeros días del mes de marzo del corriente año, la zozobra y el malestar han vuelto al municipio de La Julia [inspección del municipio de Uribe, nota de Prensa Rural], en el departamento del Meta, y no por cuenta de grupos insurgentes o de delincuentes comunes, sino por la presencia intimidante de patrullas del ejército, que amenazan a los habitantes del casco urbano con detenciones masivas, dirigidas a intimidar a reconocidos líderes cívicos y comunales de la región, a campesinos rasos, finqueros, comerciantes y cuanta persona han querido sindicar de tener vínculos con la guerrilla.

En la segunda semana de marzo comenzaron de nuevo las capturas de ciudadanos de reconocida prestancia en el pueblo. Al menos ocho personas fueron privadas de su libertad y trasladadas a los calabozos del DAS en Bogotá, por cuenta de la Fiscalía 25 especializada de la Unidad de Derechos Humanos de ese organismo investigador.

Los detenidos esta vez son: Emilio Labrador, William Parra, Ancízar García López, Gilberto Navarro, Luz Dary Rojas, Olga Saavedra, Raúl Cabrera y Carlos Julio Trujillo. Se les acusa de los delitos de homicidio y rebelión, entre los cargos hasta ahora conocidos por el grupo de abogados que asumió su defensa.

La mayor preocupación entre los pobladores de La Julia es que los mismos uniformados y los numerosos agentes secretos e informantes infiltrados en el casco urbano reconocen que se prepara la captura de entre 150 y 200 ciudadanos más, en un operativo que no tiene otra explicación que el reiterado fracaso de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe Vélez que se ha estrellado contra la acción de la guerrilla que hace presencia en la región desde tiempo inmemorial.

Como el ejército ha sido incapaz de doblegar militarmente a los insurgentes, ahora la emprende contra la población civil, contra labriegos comerciantes, a quienes pretende llevar ante los tribunales por supuestos vínculos con la guerrilla. A mediados de diciembre pasado, la población fue sorprendida con la versión mentirosa que las FARC se iban a tomar el casco urbano con la intención de atacar las guarniciones militares allí acantonadas. La versión resultó ser un mero pretexto para justificar un intenso operativo en la zona rural del municipio, al parecer con la intención de capturar a miembros del secretariado de las FARC.

Iniciado el operativo militar, los uniformados fueron recibidos con fuego cruzado de los insurgentes, con saldo de 14 bajas entre el ejército regular. Fue uno de los más estrepitosos fracasos de la política de “seguridad democrática” al finalizar el año. Y como las tropas no pudieron castigar a los insurgentes, ahora castigan a la población civil.

En 2006 ya se había producido la captura de una veintena de líderes de la región, que permanecen recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta estrategia de detenciones masivas, ni afecta la acción de la insurgencia, ni amilana a la población civil, consciente de que nunca hubo presencia del estado para la construcción de escuelas, carreteras, puestos de salud, hospitales o centros de recreación. Y ahora esa presencia oficial se traduce en cuarteles, allanamientos, detenciones arbitrarias y represión.

Con el ingrediente que en las horas de la noche se producen extrañas explosiones en la vía pública, una suerte de autoatentados, en momentos en que el casco urbano se encuentra bajo los rigores del toque de queda y la ley seca, en una localidad absolutamente militarizada.

Lo más grave es que los vecinos del lugar son citados por el ejército a “reuniones amigables” para hablar sobre los problemas de la región y allí se les notifica de su captura. Si no acuden a las reuniones, son detenidos al cruzar los retenes militares ubicados a la entrada y salida de La Julia. Las retenciones las practica el ejército, sin orden judicial, sin proceso previo, sólo con los datos de informantes al servicio del estado. Después de la captura es que se formalizan los requisitos judiciales, en una clara violación del debido proceso.