Sin atender los reparos y las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno firmó el acuerdo de cooperación militar con EEUU que permitirá establecer en suelo colombiano siete bases militares estadounidenses, para posteriormente darlo a conocer a los medios de comunicación. Además de lo ya conocido por filtraciones del texto del acuerdo, ahora se puede constatar que la presencia de tropas estadounidenses no solo se dará en las siete bases ya fijadas, sino que pueden estar en todas las bases militares del país a lo largo y ancho de la geografía nacional, en cumplimiento de las misiones operacionales. Igualmente podrán hacer uso de todos los aeropuertos militares y civiles del país, siempre que las misiones operacionales así lo requieran. También en la letra del acuerdo se advierte un nuevo lenguaje introduciendo nuevas denominaciones para los buques de guerra de EEUU, que en lo sucesivo se llamarán “barcos de Estado de los EEUU”, y los aviones de guerra se llamarán “naves de Estado de los EEUU”. Este acuerdo fue firmado en medio de fuertes oposiciones desde diferentes frentes. Los países agrupados en la UNASUR y en la ALBA han expresado sus preocupaciones por la ausencia de transparencia del acuerdo y porque las siete bases militares estadounidenses en suelo colombiano genera intranquilidad y desconfianza, habida cuenta que para los propósitos que se anuncian en el acuerdo, estas bases y la presencia de tropas extranjeras y el uso de medios bélicos y técnicos por parte de los EEUU, son del todo innecesarios, así lo han considerado expertos en política internacional y jefes de Estado de Latinoamérica. Desde diversos sectores de la opinión pública colombiana, se estima que establecer las bases militares constituye un socavamiento de la soberanía nacional y permite que una nación extranjera se inmiscuya en los asuntos internos de Colombia. Por su lado, el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, al defender el acuerdo aseguró que no se contemplan actividades fuera de Colombia y resaltó que los únicos que se deben preocupar son los narcotraficantes y los terroristas y que las operaciones marítimas que realicen serán “normalmente conjuntas” y en aguas internacionales. El diplomático fue enfático al decir que “nunca, nunca su país participará en operaciones militares, primero, porque es mala política; segundo, porque hay restricciones legales del Congreso de los EEUU. Y principalmente porque las Fuerzas Armadas de Colombia son las mas sofisticadas de la región. No necesitan que nadie venga.” Al referirse a la inmunidad diplomática y judicial para las tropas de EEUU en Colombia, el diplomático aseguró que en los 10 últimos años y durante la ejecución del Plan Colombia han pasado 20.000 militares y contratistas y apenas se presentaron seis delitos.

De otra parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al advertir los riesgos que suponen las bases estadounidenses en suelo colombiano para la seguridad nacional de Venezuela, hizo un llamado a sus Fuerzas Armadas a prepararse para la guerra, llamado que fue interpretado por el Gobierno de Colombia como una actitud hostil y como el preámbulo de acciones ofensivas por parte de Venezuela. El Gobierno colombiano reaccionó de inmediato, calificó de guerrerista el lenguaje del mandatario del vecino país y ordenó a la Cancillería poner en conocimiento de la OEA y del Consejo de Seguridad de ONU, las supuestas amenazas de guerra de Venezuela hacia Colombia. Días después en el Parlamento de Brasil, donde se discutía la aprobación del ingreso de Venezuela al MERCOSUR, sectores políticos adversos a esta iniciativa, propusieron aplazar la votación para que esta discurra en un ambiente en el que se hayan morigerado las tensiones colombo-venezolanas. Este aplazamiento significó un duro golpe para las aspiraciones de Venezuela de hacer parte del pacto económico de MERCOSUR, en el proceso de integración de UNASUR y América Latina en el que está altamente comprometido el Gobierno del presidente Chávez, razón por la cual el mandatario venezolano recogió sus palabras para decir que su advertencia ha sido mal interpretada y pasar de inmediato a señalar que Venezuela no se prepara para guerra alguna, que se prepara para la defensa de su soberanía al tiempo que asegura que su país jamás atacará a ningún vecino, pero que si se defenderá si fuese atacado. Este cambio de lenguaje fue interpretado favorablemente por el Gobierno colombiano, por que ayuda a distensionar las relaciones entre los dos países. Entretanto, el Gobierno de Colombia reveló haber solicitado al Gobierno de España hacer gestiones de mediación frente al Gobierno de Venezuela, con el fin de reencausar las relaciones diplomáticas y el retorno a la normalidad de las mismas. Por su lado el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, dijo que está haciendo gestiones para propiciar un encuentro entre los dos mandatarios de Colombia y Venezuela. El presidente Lula dijo que obraba por pedido del Gobierno de Colombia. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, El País – España, Cadena SER – España, 31/10/09 – 13/11/09

Ya llegaron al país los últimos cuatro helicópteros Black Hawk que hacen parte de un paquete de 15 que Colombia compró a EEUU por un valor de 225 millones de Dólares. Un portavoz del Ejército dijo que estos 15 helicópteros se suman a la flotilla de 38 que Colombia había comprado desde 1997, y de los cuales tres han sido derribados en combate. El anuncio de la llegada de los helicópteros se dio días antes que la guerrilla de las FARC atacara a una base militar del Ejército ubicada en las afueras del casco urbano del municipio de Corinto, Cauca, arrojando como resultado la muerte de 9 militares y heridas a cuatro más. Este ataque, considerado por el Gobierno como el más contundente golpe contra las Fuerzas Armadas durante lo que va corrido del presente año, hace parte de una ofensiva continuada de las FARC en el departamento del Cauca, que suma ya mas de 50 hostigamientos a las tropas del Ejército acantonadas en el municipio de Toribío, ha motivado la orden del Ministro de Defensa de reforzamiento del Ejército con 2.500 militares mas para la región. Por otro lado, el ministerio de Defensa ha creado una nueva División de Ejército, conformada por 12.000 militares, que será destinada para el control de la frontera, principalmente con Venezuela. Esta División, la número 8 tendrá como objetivo controlar el tráfico de armas, drogas y tránsito de guerrilleros y demás fuerzas delincuenciales, anunciaron fuentes del ministerio aclarando que no tiene ninguna misión ofensiva contra países vecinos. Entretanto, desde el lado venezolano y en medio de la aguda tensión entre los gobiernos de los dos países, el Gobierno de Venezuela ordenó el reforzamiento de su frontera con 15.000 militares. La alta militarización de la frontera es objeto de preocupación en las sociedades de ambos países, por cuanto cualquier incidente podría desencadenar enfrentamientos que nadie desea, así lo han expresado dirigentes políticos y sociales de Colombia y Venezuela. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, El Nuevo Siglo, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 31/10/09 – 13/11/09

Al concluir el periodo de siete años en que el Gobierno mantuvo en reserva la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), se da inicio a la plena vigencia de la CPI como instrumento de justicia subsidiario para conocer de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que cometan los actores del conflicto armado. El Fiscal General de la Nación ha dicho que de momento la CPI nada tiene que hacer en Colombia, por que la justicia colombiana se ha ocupado de juzgar y procesar este tipo de delitos y crímenes dentro del conflicto interno, posición que ha sido controvertida por miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y reconocidos juristas y defensores de derechos humanos, que consideran que los altos niveles de impunidad existentes en Colombia, ameritan que la CPI inicie procesos contra responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, como son los cometidos por el paramilitarismo en complicidad con altos oficiales de la Fuerza Pública, los asesinatos de civiles conocidos como los falsos positivos cometidos por militares; y los que en adelante cometan las organizaciones guerrilleras tales como el secuestro de personas y el reclutamiento de menores de 18 años. Por su parte el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christian Salazar, dijo que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son casos aislados, y que mas bien obedecen a un patrón de conducta de la Fuerza Pública, aplicado en toda la geografía del país. El funcionario pidió al Gobierno sancionar eficazmente este tipo de comportamientos. Por su lado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció que desde el 1 de enero de este año a la fecha, han sido asesinados 31 sindicalistas y pidió al Gobierno que garantice el derecho constitucional de libre asociación y el libre ejercicio de los derechos sindicales tutelados también por el Derecho Internacional. El Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, 31/10/09 – 13/11/09

ACLARACIÓN: En nuestro Boletín de la semana 17 a 23 de octubre de 2009, al informar sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) dijimos que la partida para el renglón Defensa equivalía al 14.2% del PIB. Esto es incorrecto, por cuanto equivale al 14.2% del PGN. Fuimos inducidos al error al tomar textualmente una nota de prensa de EL ESPECTADOR (22/10/09), que a su vez tomaba como fuente un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda. Por ello pedimos excusas